Honduras: Colapso del sistema de justicia

La Tribuna.hn/  
Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario

Las instituciones funcionan eficiente y eficazmente mientras atienden debidamente a sus usuarios, mediante la prestación de servicios de calidad. En estas condiciones, el usuario no vacila en acudir a ellas, porque le inspiran confianza, aceptando, sin objeción, el servicio suministrado.
En nuestro sistema de justicia algo no está funcionando, porque está severamente cuestionado. Lo sucedido en el caso del periodista David Romero Ellner, es un ejemplo. El asalto a las instalaciones del Poder Judicial, es, sin duda, reprochable. No debemos, empero, limitarnos a juzgar el hecho en sí mismo, aislándolo de sus causas. Porque perderíamos la objetividad.
Lo que vimos no es fortuito. Se inscribe en un contexto ampliamente conocido. El periodista Romero denunció, valientemente -debemos subrayarlo con caracteres destacados- la existencia de unos cheques librados por empresas de maletín, que participaron en el saqueo del IHSS, a favor de la campaña del Presidente. Esta denuncia provocó la indignación que alentó y alienta a las marchas de las antorchas, y desencadenó una serie de acontecimientos que culminaron en este desconcertante hecho.
En este enrarecido ambiente, ocurre este evento. Quienes participaron, actuaron impulsados por la creencia de que ese juicio -cuyo origen tiene otras causas- es el producto de una infernal manipulación en contra de Romero por las denuncias formuladas. La descomposición de los rostros de quienes irrumpieron en la sala judicial, lo dice todo. Nadie actúa así, si no está impulsado por un estremecimiento irresistible. Lo que debemos analizar, no es el hecho, sino por qué la gente actúo así.
Días antes, la prensa difundía una denuncia firmada por nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, advirtiendo de presiones sobre los jueces en clara violación a la independencia judicial, provenientes del Consejo de la Judicatura, (CJ). Denuncia gravísima, ciertamente. A esta se agregaron denuncias públicas de jueces que decían estar amenazados con destitución si no resolvían como ordenaba el CJ. Este atropello a la independencia judicial ocurrió ante la indiferencia del MP y del CONADEH, que, desatendiendo sus deberes constitucionales, dejan en total orfandad a los jueces.
A estas denuncias, precedían actitudes de algunos miembros del Poder Ejecutivo, que indicaban claramente que en el Consejo de la Defensa y Seguridad, dependencia del Presidente de la República, se toman decisiones que luego deben ejecutarse por medio del Ministerio Público y del Poder Judicial, cuyos titulares forman parte de aquel órgano colegiado. Surge, entonces, la sospecha de requerimientos judiciales selectivos.
A esto se agrega, la denuncia, que trascendió públicamente, de un juez admitiendo que fue llamado por un miembro del CJ para exigirle que condenara al periodista Romero Ellner, advirtiéndole de que era orden del Presidente de la República, y que de no cumplirla, sería suspendido o destituido. Cierto o no, una vez que trascendió, la sospecha inicial se convirtió, inevitablemente, en certeza, en la mente de quienes ven en Romero un adalid de la lucha contra la corrupción y la impunidad, y decidieron acompañarlo a la comparecencia judicial en la que ocurrió el desafortunado incidente. En estas condiciones, era previsible que la multitud que acompañaría a Romero en esa ocasión, estuviera bajo una gran tensión. Sin embargo, no hubo indicios de ningún movimiento especial para resguardar las instalaciones del juzgado, ni presencia policial siquiera.
Obviamente, la responsabilidad no recae en quienes irrumpieron en la sala. Es del sistema, particularmente del CJ. En primer lugar, porque ha contribuido a formar la percepción de que se manipula la justicia, especialmente en este caso, atropellando a la independencia judicial; en segundo lugar, porque no se tomaron medidas preventivas para evitar lo sucedido.
En conclusión, lo que no admite duda es que el sistema de justicia ya no inspira confianza ni credibilidad en el pueblo hondureño. En otras palabras, el sistema de justicia colapsó.
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