Guatemala
La
Misión Internacional sobre el derecho a la alimentación y la situación
de las y los defensores de derechos humanos en Guatemala, que se realizó
del 21 de noviembre al 3 de diciembre y que estuvo integrada por
diferentes organizaciones y redes internacionales[1], entre ellas la
Rel-UITA, presentó este miércoles sus conclusiones preliminares.
Durante casi dos semanas, los miembros de la Misión Internacional
visitaron seis casos emblemáticos [2] de violaciones al derecho a una
alimentación adecuada y a la nutrición, y sostuvieron reuniones con
entidades estatales, organismos internacionales y organizaciones de la
sociedad civil.
Ante un auditorio atento y participativo, la
Misión señaló con fuerza que la causa principal de las violaciones al
derecho a la alimentación de las comunidades visitadas es la
implementación de un modelo de desarrollo que se basa específicamente en
la industria extractiva en un sentido amplio (monocultivos
agroindustriales, proyectos mineros e hidroeléctricos).
“Lo que este modelo extractivista
está afectando en la práctica es el acceso a los recursos naturales,
como el agua y la tierra, vitales para que las comunidades produzcan sus
alimentos.
Además, son proyectos que producen graves
impactos sobre estos recursos, sin que existan estudios de impacto
ambiental, social y de derechos humanos imparciales y que cumplan con
estándares internacionales.
Asimismo, están siendo implementados sin
realizar una consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas y
campesinas, de acuerdo a las obligaciones internacionales de Guatemala”, dijo Angélica Castañeda, de FIAN Internacional.
Falta de voluntad política
Violación del derecho a consulta
En una nota de prensa, la Misión recordó que Guatemala continúa ocupando el primer lugar en América Latina
en prevalencia de desnutrición crónica. También lamentó que los
programas gubernamentales para modificar esta situación tengan un
enfoque asistencialista y no aborden las causas estructurales de la
pobreza y el hambre.
De igual manera, constató la ineficacia y
falta de coordinación entre las instituciones y estructuras del Estado,
así como la falta de coherencia de las políticas públicas con los
derechos humanos.
“En todas las reuniones que sostuvimos con
el Estado fue evidente la tendencia a buscar en el ordenamiento legal
nacional, excusas para eximirse de responsabilidades en casos concretos.
Además, hemos percibido muy claramente que no existe una voluntad
política de escuchar ni de consultar a las comunidades, de acuerdo con
el Convenio 169 de la OIT”, subrayó Castañeda.
En este sentido, la Misión urgió al Estado de Guatemala
“a garantizar el derecho a la consulta y reconocer la legitimidad de
las consultas realizadas por las comunidades”, así como a proporcionar
“información veraz, completa y objetiva sobre temas de interés de las
comunidades”, se lee en el documento.
Expansión de monocultivos
Un ataque a la soberanía alimentaria
Los miembros de la Misión expresaron también
su profunda inquietud por el avance acelerado de los monocultivos
agroindustriales. En muchos casos, esta situación ocasiona desalojos que
dejan a las familias indígenas y campesinas sin acceso a servicios
básicos, ni a medios de producción.
“La expansión de monocultivos
agroindustriales está desplazando de forma acelerada a la agricultura de
pequeña escala, afectando la soberanía alimentaria y los derechos del
campesinado y otras poblaciones rurales”, explica la nota, que fue
divulgada a nivel nacional e internacional.
De igual manera, la Misión reiteró la
importancia de que se apruebe la Ley de Desarrollo Rural Integral e
instó al Estado a garantizar la implementación de las Directrices sobre
Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los
Bosques.
Criminalización de la protesta
Estigmatización, difamación y represión
Ante esta situación tan delicada y
preocupante, la Misión señaló que las comunidades están ejerciendo la
defensa de sus derechos.
“Lamentablemente, la respuesta
estatal se está caracterizando por la criminalización de defensores y
defensoras de derechos humanos, la estigmatización, la difamación, la
intimidación y la represión, en muchos casos con la complicidad de
distintos medios de comunicación”, dijo Mikael Lindgren, de APRODEV.
Para la Misión, la criminalización se
caracteriza también por la falta del debido proceso y el incumplimiento
del principio de proporcionalidad en la aplicación del derecho penal.
“La mayoría de los ataques contra defensores
y defensoras quedan impunes, debido a la ineficacia y parcialidad del
sistema de justicia”, advierte la nota de prensa.
De acuerdo con la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA),
en 2014 se han contabilizado 799 agresiones contra defensores,
incluyendo a 20 asesinatos, 449 ataques contra ambientalistas y 153
contra campesinos.
A esto se suma la creciente militarización,
el abuso de estados de excepción, el uso excesivo de la fuerza, así como
el involucramiento directo de las fuerzas de seguridad privada de las
empresas en tareas de orden público.
“Dichas empresas no solo están asumiendo
competencias estatales como la educación y la salud, sino que fomentan
la división y la violencia en las comunidades”, agregó Castañeda.
Mujeres en resistencia
“¡No tenemos miedo!”
La Misión Internacional reconoció el papel
fundamental ejercido por las mujeres en la resistencia ante el modelo
extractivista y explotador, al tiempo que las señaló como las
principales afectadas por la violación del derecho a la alimentación, a
la tierra, al agua, a la vivienda, alertando sobre los repetidos ataques
violentos contra ellas.
“Las mujeres están jugando un rol
muy importante en la defensa del territorio y los recursos y, por eso,
han sido reprimidas y asesinadas”, dijo Alexis Williams, de CIDSE.
Finalmente, instó a la cooperación internacional, en particular a la Unión Europea,
a orientar su acción hacia el abordaje de las causas estructurales que
generan hambre y pobreza, desde un enfoque de derechos humanos.
“Expresamos nuestra profunda inquietud sobre la falta de coherencia de la política comercial exterior de la Unión Europea con los derechos humanos, especialmente en el marco del Acuerdo de Asociación con Centroamérica”, enfatiza la nota.
El informe final de la Misión será elaborado y presentado durante el primer semestre del próximo año.
Fotos: Aisling Walsh
Rel-UITA
5 de diciembre de 2014
[1] - Asociación del Consejo Mundial
de Iglesias de las Agencias de Desarrollo en Europa (APRODEV), Catholic
International Cooperation for Development and Solidarity (CIDSE),
Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN
Internacional, Rel-UITA, Vía Campesina
Publicado por: Wilson
[2] Camotán, La Puya, La Blanca/Ocós, San Rafael las Flores, Valle del Polochic, Xalalá
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