A continuación reproducimos de forma íntegra el comunicado difundido por 17 organizaciones internacionales en relación a la violencia en el Bajo Aguán:
Las
organizaciones internacionales firmantes expresamos nuestra profunda
preocupación por los nuevos actos de represión y violencia en contra de
comunidades campesinas en el Bajo Aguán. Según
información verificada por las organizaciones locales y nacionales de
derechos humanos, este pasado 21 de mayo, en horas de la madrugada, un
contingente conformado por 315 Miembros del ejército y de la policía y
40 agentes de seguridad privada participaron del desalojo violento de
las fincas Trinidad y El Despertar utilizando bombas lacrimógenas, spray
de pimienta y disparos al aire para amedrentar y desplazar a las
familias que habitaban las fincas. En ambos casos las autoridades se
negaron a presentar las órdenes de desalojo, y en el caso de la Trinidad
incluso procedieron al desalojo violento sin mediar palabra.
En la finca El Despertar las acciones
violentas produjeron 2 heridos que aún siguen hospitalizados, y 14
personas capturadas entre las cuales se encontraban 5 menores que fueron
liberados posteriormente, mientras que las restantes 9 personas, entre
ellas cuatro mujeres, una de ellas embarazada, fueron detenidos por
varios días. Cabe anotar que entre los detenidos también se encuentran
Jaime Adaly Cabrera Del Cid, Presidente de la Plataforma Regional
Agraria, y Walter Ernesto Cárcamo Lezama, Presidente de Movimiento
Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), quienes gozan de
medidas cautelares vigentes otorgadas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos el 8 de mayo de 2014. Después de su liberación, los
Juzgados les dictaron medidas sustitutivas, como intento claro de
criminalización y medida que dificulta el ejercicio de la labor de
defensa de la tierra, en especial de los dos dirigentes campesinos.
Luego de los desalojos las fuerzas de
seguridad del Estado montaron un cerco militar y policial alrededor de
las fincas, impidiendo a los campesinos retirar su equipo y pertenencias
personales. Sólo después de diligencias de organismos nacionales e
internacionales de derechos humanos, el contingente permitió que las
familias campesinas retiraran sus pertenencias personales.
Durante los últimos años, hemos venido
monitoreando constantemente la situación de derechos humanos en el
valle del Bajo Aguán, inter alia, a través de una misión de
verificación internacional de derechos humanos en marzo de 2011, una
audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en Washington, en octubre de 2011, una audiencia pública internacional
sobre la situación de derechos humanos en Tocoa, Colón, el 28 de mayo de
2012, 3 y varias gestiones de apoyo a las diligencias realizadas por
el Compliance Advisor Ombusman de la Corporación Financiera
Internacional del Banco Mundial sobre el caso del Bajo Aguán, en 2013 y
20144. Varias de las organizaciones firmantes hemos dado seguimiento a
la situación de derechos humanos y al conflicto agrario en el Bajo Aguán
por más de una década.
En el caso de las tres fincas San
Isidro, La Trinidad y El Despertar, sentencias judiciales firmes de 2012
establecieron la restitución de estas tierras a favor de los miembros
del MARCA, efectuada en junio de 2012, después de un proceso legal de 18
años. Las sentencias confirmaron que la adquisición de las tres fincas
por los empresarios Miguel Facussé y René Morales no fue legal, y que
las comunidades campesinas respectivas organizadas en MARCA fueron
desalojadas ilegalmente en 1994.
Cabe recordar también que el abogado de
los campesinos, Antonio Trejo Cabrera, quien había trabajado
exitosamente para obtener esta sentencia judicial, fue asesinado el 22
de septiembre de 2012. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tres relatores especiales de Naciones Unidas, la Unión Europea, y otras instituciones condenaron el asesinato de Antonio Trejo Cabrera, reconociendo que él como representante legal de MARCA y defensor de derechos humanos había recibido amenazas de muerte, las mismas que también había denunciado ante las autoridades.
En sus comunicaciones escritas y orales con organizaciones internacionales de derechos humanos en 2012, Antonio Trejo indicó que según su información, las amenazas de muerte estaban directamente relacionadas con su trabajo por las comunidades campesinas del Bajo Aguán.
El
denominador común que conecta los desalojos violentos del 21 de mayo de
2014 con los hechos documentados sobre la situación de los derechos
humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán sigue siendo el
mismo: en vez de buscar una solución sostenible y justa a la
problemática de la tenencia de la tierra, en coherencia con el derecho a
la alimentación y demás derechos humanos, se intenta detener la lucha
campesina mediante la violencia y represión. Y por la falta de
investigación, los crímenes quedan en impunidad.
Esperamos que el retiro de las armas de
fuego de los guardias de seguridad en el Bajo Aguán, anunciado por la
Corporación Dinant el 22 de mayo11, ayude a reducir la violencia en la
región. Con esto, responde a presión internacional e implícitamente
admite el involucramiento de sus guardias en actos de violencia
anteriores. Al mismo tiempo, nos parece extraño que Dinant también
anunciara que están construyendo casas para uso domiciliario de
militares de la operación Xatruch en la finca Paso Aguán, en plena
confusión de roles entre entidades del Estado e interés corporativo.
En
relación con los hechos del 21 de mayo, las organizaciones firmantes
demandamos el retiro de las medidas sustitutivas dictadas contra las
campesinas y campesinos quienes fueron detenidas; la investigación
exhaustiva sobre los acontecimientos y los juicios contra los
responsables; y la garantía de la imparcialidad de la justicia en
relación a la restitución de las tierras de las tres fincas San Isidro,
La Trinidad y El Despertar, a favor de los miembros del Movimiento
Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA).
En relación con la situación general en
el Bajo Aguán, seguimos insistiendo en lo que manifestamos hace dos años
de la realización de la Audiencia Pública Internacional sobre la
situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el
Bajo Aguán, realizada el 28 de mayo de 2012, en Tocoa:
Al Estado hondureño:
• Investigar y sancionar de forma seria y
expedita todos los crímenes y demás violaciones graves de derechos
humanos cometidas en el Bajo Aguán, incluyendo la condena de los autores
materiales e intelectuales de estos hechos.
• Cesar de inmediato la represión, el hostigamiento y la violencia contra los y las integrantes de las comunidades campesinas.
• Adoptar medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.
• No emprender más desalojos forzosos.
• Buscar una solución integral, justa,
pacífica y sostenible a las demandas campesinas, mediante el
cumplimiento de las disposiciones legales y de los compromisos políticos
acordados con las organizaciones campesinas.
• Regular debidamente el funcionamiento
de las empresas de seguridad privada para garantizar el pleno respeto de
los derechos humanos.
A la comunidad internacional:
• Procurar que la cooperación internacional bilateral y multilateral que se brinda al Estado hondureño y a
las compañías privadas no contribuya a violaciones de derechos humanos, y esté condicionada al
respeto irrestricto de los mismos.
• Revisar los acuerdos de cooperación
financiera de la cooperación internacional y bancos multilaterales con
las fuerzas de seguridad pública y las empresas privadas, presuntamente
involucradas en actos de violencia, hostigamiento y violaciones de
derechos humanos en la región.
• Promover, en el marco de la
cooperación, en particular de la Unión Europea y de Estados Unidos, un
concepto de seguridad basada en la promoción de justicia y del pleno
respeto de los derechos humanos.
• Suspender la cooperación internacional
que promueva la militarización y agrave la situación de derechos
humanos, en particular en el caso de la asistencia militar de Estados
Unidos.
Estas demandas siguen vigentes. Las
organizaciones internacionales seguiremos monitoreando con mucha
atención la situación del Bajo Aguán, tomando en consideración que este
conflicto agrario es el más grave en términos del grado de violencia en
contra de comunidades campesinas en los últimos 15 años en América
Central.
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/organizaciones-internacionales-demandan-fin-los-desalojos
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