Quito, 25 oct (Andes).-
Chevron-Texaco corrompió a algunos actores de los litigios que impone
contra los afectados amazónicos y a otros los amenazó con la ruina
financiera y desprestigio; además, reconoció muchas de estas acciones de
corrupción y ahora, en el llamado juicio RICO, actúa de manera tal, que
la población no visibilice a los afectados amazónicos como los acusados
de ser una organización criminal y se concentra en desprestigiar a los
abogados demandados junto a ellos.
Se intuye que Chevron tiene conciencia de que fuera de las cortes
-que fallan siempre a favor de las transnacionales- hay gente indignada y
que no toleraría saber que la empresa se hace la víctima ante comuneros
e indígenas de la Amazonía a los que acusa de criminales y que ahora
acuden a un juicio sin jurado en Nueva York para responder por la
acusación de querer extorsionar a la empresa
.
Esas afirmaciones surgen de varios documentos a los que tuvo acceso
Agencia Andes y que fueron, a su vez, ratificados y contextualizados por
los abogados Pablo Fajardo y Juan Pablo Sáenz, del Frente de Defensa de
la Amazonía.
Resulta contradictorio que la empresa, que acusa a la justicia
ecuatoriana de ser corrupta –y emprende cabildeo para que Estados Unidos
así lo determine- haya pagado por “servicios” a personas que fueron a
grabar a un narcotraficante que intentaba corromper a un juez
ecuatoriano; o que a viva voz reconozcan que compraron el testimonio de
otro exjuez, además de asegurarle salario y bienestar para él y su
familia en Estados Unidos.
La compañía petrolera, responsable según sentencia de un juicio que
ha durado ya 20 años, de haber regado al menos 18.000 millones de
galones de aguas tóxicas a los vertientes de la amazonía ecuatoriana
entre 1964 y 1990, es responsable de los daños ambientales causados y de
haber realizado una remediación negligente, cuyos inocuos efectos
causan ahora muerte y enfermedad en comuneros campesinos e indígenas en
uno de los medioambientes más frágiles del planeta.
La mano escondida que ensucia a la justicia ecuatoriana
Acciones que no se reportan en periódicos que hacen vocería de la
empresa, como The Economist, atemorizan a expertos y abogados de hacer
una presencia activa y visible en sus labores relativas a Chevron en
Ecuador.
A la consultora Stratus una empresa pequeña comparativamente a
Chevron, la amenazaron luego de que hayan laborado por cinco años
ofreciendo su experticia a los afectados amazónicos. Los exempleados de
la empresa, Ann Maest y Doug Beltman, recibieron presión para evitar
llevar a su compañía a la ruina financiera.
Juan Pablo Sáenz, abogado de los afectados amazónicos
Chevron libró una guerra de relaciones públicas en su contra, envió
varias cartas a sus clientes alegando fraude en aras de conseguir la
terminación de su involucramiento con Stratus, solicitó la
inhabilitación en contra de la empresa.
Chevron acordó liberarlos de las reclamaciones RICO no a cambio de
dinero, sino a cambio de su "cooperación" y de una declaración que
contradice su testimonio bajo juramento.
“Les exigieron a estas personas que digan: no, todo lo que hemos
hecho antes en los pasados cinco años, era mentira, no era verdad, lo
que estoy diciendo ahorita, con la pistola de Chevron en mi cabeza, eso
sí es verdad”, dijo haciendo parodia, el abogado Juan Pablo Sáenz a lo
que añade: “Y (Lewis) Kaplan les cree”.
Los afectados acusados de criminales, invisibles en la Corte
“Si bien en los papeles la demanda RICO es contra los demandantes,
ellos, por ejemplo, el día que comenzó el juicio, ni siquiera los
mencionaron; estuvo sentado el señor Javier Piguaje, (afectado) ahí en
la Corte y no reconocieron ni siquiera su presencia”, narra Juan Pablo
Sáenz.
Ellos están tratando de enfocar el asunto en la figura de Steven
Donziger (abogado estadounidense de los afectados) para que la gente no
vea que el asunto es con las comunidades; “ellos están quedando muy mal,
desgraciadamente la prensa en los Estados Unidos está jugándoles el
juego de lo lindo ahí, como era de esperarse”, sentencia.
La estrategia de las imágenes fraguadas
En el 2009, un traficante de drogas convicto y un contratista bajo el
rol de pagos de Chevron grabaron secretamente reuniones con un juez
ecuatoriano, Juan Núñez, y luego usaron ese video en un masivo esfuerzo
de relaciones públicas para declarar que el juez se vio implicado en un
escándalo de soborno.
Desde entonces se ha descubierto que Chevron pagó a uno de estos
hombres, Diego Borja, más de 2,2 millones de dólares en beneficios. Un
juez de EE.UU. declaró, al revisar las transcripciones, que no había
evidencia de soborno alguno. En realidad, el propio Borja fue grabado
subrepticiamente, admitiendo que los laboratorios Chevron no eran
independientes. También confesó que había intercambiado muestras de
tierra limpia con muestras contaminadas. La esposa de Borja estaba
encargada de la garantía de calidad en el laboratorio de Chevron y los
dos supervisaron el manejo de muestras de Chevron. Borja, en la
grabación, agregó que tenía evidencias que causarían que Chevron
perdiera.
Pero no es la única ocasión que Chevron intentó fraguar una imagen
contra los afectados amazónicos. Al abogado Fajardo le clonaron el
teléfono celular, esto tuvo la finalidad de que desde su número se
pactara una cita en su oficina con uno de los implicados en la
elaboración de ese video sobre la supuesta corrupción de Núñez.
“Una mañana, a las 5:30, me llama uno de los implicados y dice:
-Doctor Fajardo quiero pedirle de favor que la reunión que pactamos a las 10:00 la hagamos a las 15:00.
-¿Qué reunión?
-Sí, usted me llamó el día de ayer para que hagamos una reunión en su
oficina a las 10:00 y voy a ir con mi abogado, pero tengo un problema y
pido que lo hagamos a las 15:00
“Yo nunca hice esa llamada, entonces ¿quién lo hizo? Alguien clonó mi
número y llamó a ese número y a dos personas más, implicadas; con toda
seguridad estarían ahí los fotógrafos de Chevron a ver quién venía y
tratar así de vincularme”, relató.
Testimonios a la venta
Pablo Fajardo, abogado de los afectados amazónicos
El exjuez ecuatoriano Alberto Guerra fue el primer juez del caso
Chevron en Lago Agrio, como presidente de la corte de Sucumbíos. Salió
del caso, pero mantuvo un especial interés en el desarrollo del mismo.
Recibió la generosidad de Chevron y su vida mejoró luego de vender su
testimonio, cuando lo reubicaron en Estados Unidos.
Uno de los abogados de Chevron, Andrés Rivero, solicitó la
colaboración de Guerra, ofreciéndole una maleta llena de dinero en
efectivo. Supuestamente, le pagaron decenas de miles de dólares por su
evidencia. Y, a cambio de su "cooperación", a Guerra se le está pagando
144.000 dólares por año por lo menos durante los próximos dos años,
junto con otros beneficios financieros, que incluyen un auto alquilado,
el costo de la reubicación, un computador portátil, seguro de salud, y
un abogado de inmigración.
Guerra, originalmente, había pedido al abogado de los Amazónicos,
Pablo Fajardo, que le diera 500.000 dólares para que vaya a la corte de
Nueva York a narrar su impresión de las acciones de Chevron.
Alberto Guerra era presidente de la Corte de Sucumbíos en el 2003,
“Cuando empezamos el caso era presidente, por ley le corresponde ser el
juez de nuestro caso, él es quién inicia el caso directamente, desde
mayo de 2003 hasta enero de 2004, ahí acabó su labor de presidente y
salió de caso, pero siempre tuvo interés y siempre quería tener cierta
información del caso”, relata en contexto Fajardo.
“En el 2008, él fue destituido de la función judicial por el Consejo
de la judicatura, la razón legal, es porque el señor Guerra, en varias
reuniones dijo públicamente dijo que si llegaba nuevamente a ser
presidente de la Corte lo primero que hacía era declarar nulidad del
trámite judicial”. Eso es prevaricato
“Yo estudiaba una maestría en la Universidad Central, en Ciencias
Internacionales en la que coincidencialmente él estudiaba. En una
ocasión me llama y me dice que quiere hacer la tesis sobre el caso
nuestro. Yo le envié la memoria para su tesis”, añadió.
“En el 2011 cuando Chevron plantea el juicio Rico (1 de febrero)
empieza con el juez Kaplan a desprestigiar a sistema de justicia
nosotros queríamos y buscábamos exjueces de la función y abogados
prestigiosos que demuestren y digan quién es Chevron”.
“Llamé al Doctor Guerra y le dije: le tengo está propuesta, quiero
ver si usted puede servir como testigo para el caso en Estados Unidos y
explique cuál fue el trato que le dieron las partes cuando usted era
juez en Sucumbíos y cómo se maneja la Función Judicial en Ecuador,
hablamos y quedó bien; en junio yo invité a la oficina (…) a la salida
Guerra me dice: Pablo, ¿cuánto hay para mí? (…) Mira dejémonos de
pendejadas, denme 500.000 dólares y yo digo lo que tú quieres que diga”.
“Es un monstruo peligroso, porque es un tipo inteligente, fue juez al
principio, en los primeros meses del caso, entonces conoce a las
personas, conoce a (Nicolás) Zambrano, entonces cuando cuenta sus
mentiras lo hace con detalle”, narra Juan Pablo Sáenz.
“Lo único que tienen (Chevron) es el testimonio del exjuez Alberto
Guerra, que es un tipo notoriamente corrupto, un tipo que Chevron ha
señalado y aceptado haberle pagado maletas llenas de fajos de plata por
su testimonio, y les dice que no, que primero había revisado la
sentencia y que estaba en un flashdrive en su casa; van los abogados de
Chevron a su casa y no encuentran; luego que no, que me olvidé, y que lo
revisé en la computadora de Pablo Fajardo; cualquier persona que va a
leer ese testimonio se da cuenta que este tipo es un farsante y que está
aquí para tratar de sacarle un poco de plata Chevron con todo este
asunto, a tal punto que ha declarado haber cometido una serie de delitos
gravísimos bajo la ley ecuatoriana”, añade.
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