Autor del articulo: Proceso Digital / 1.04.2013
Tegucigalpa - El secretario departamental
de Educación por Francisco Morazán, Alcides Orellana, llegó este lunes a
las instalaciones de Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
(Conadeh), para solicitar que se investiguen actos de intimidación de su
contra a raíz de notificaciones de despido para algunos dirigentes
magisteriales.
Orellana dijo sentirse perseguido por las
autoridades de Educación.
“Me siento perseguido porque el viernes 22 de
marzo, llegaron a mi casa, en tono amenazante, el abogado Francis Ulloa, que es
el que anda los expedientes; llegó con cuatro personas fuertemente armadas,
hasta mi familia se sintió intimidada”, denunció el secretario departamental.
“Llegaron porque querían que les entregará el
sello de la secretaría, cuando es un sello que quien lo maneja y tiene que
utilizarlo soy yo como secretario, por eso recurro al Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos, para que hagan una investigación completa para ver donde
es que se ha fallado, porque ahora me están acusando que yo estoy confabulado”,
explicó.
Orellana dijo que se encuentra dispuesto a dejar
su cargo en caso que se lo soliciten las autoridades de Educación, “yo ya puse
a disposición mi cargo”, afirmó.
Con respecto a una presunta evasión a sellar las
notificaciones de los dirigentes magisteriales que fueron destituidos por el ministro
Escoto, arguyó que “yo siento que no se han seguido las instancias
correspondientes”.
Detalló que dicha documentación tiene que estar
en custodia del secretario departamental y “a estas alturas el abogado Francis
Ulloa, tiene esos documentos y no he tenido la oportunidad de estudiarlos,
analizarlos para saber si procede o no la destitución”.
“Cómo es posible que a mí se me estén diciendo que
soy el que estoy interrumpiendo el proceso cuando esa documentación no la tengo
en mis manos”, refutó Orellana.
No ha recibido
oficio de cancelación de licencias
Asimismo, el secretario departamental dijo que
el oficio que hace referencia a la cancelación de licencias no ha llegado a sus
manos todavía.
“Yo no tengo nada escrito del señor ministro
(Marlon Escoto) donde diga que se le suspende la licencia a los dirigentes o a
cualquier otra persona con o sin goce y que tienen que regresar a los centros
educativos”, aseguró.
Reconoció que ha escuchado dichas declaraciones
del titular de Educación a través de los medios de comunicación, pero que no
cuenta con un informe escrito al respecto.
Igualmente Orellana, manifestó que la firma de
estos documentos puede representar una demanda para el Estado, la cual perdería
por no seguir un debido proceso.
“Si yo firmo un informe del que no tengo el
asidero (justificación) correspondiente, después van a proceder contra mí, vendría
una demanda y el Estado mismo la perdería porque no se siguió el debido
proceso”, remarcó.
Seguidamente dijo que “quiero ser enfático y
decir que a mí no me tiembla la mano para firmar cualquier tipo de resolución,
siempre y cuando vaya apegada a derecho”.
Participó en las
audiencias de descargo
Por su parte la directora departamental de
Francisco Morazán, Glenda Rivera, desmintió que Orellana no haya conocido las mencionadas
resoluciones.
“Él (Orellana) ha estado manejando estos
expedientes, incluso el hizo las audiencias de descargo a las cuales no se
presentaron los compañeros que están siendo sancionados en este momento, él
conoce el detalle de este proceso y no puede decir que se está operando de
manera ilegal”, remarcó.
Señaló que en los últimos días, “los expedientes
han estado bajo mi custodia en vista de que él (Orellana) se fue desde el
jueves a una capacitación al Lago de Yojoa”.
“Son documentos muy delicados que no los podemos
dejar en manos de cualquier persona, han estado en mi poder y no en poder del
abogado Francis Ulloa”, dijo.
Además acotó que Ulloa ya firmó estas
resoluciones, sólo hace falta el sello, mismo que está en poder de Orellana.
“Han armado todo un Show de esta situación y por
eso se cree que hay contubernio (confabulación) por la actitud que toma el
compañero”, puntualizó.
La semana anterior, el ministro de
Educación, Marlon Escoto, denunció que un grupo de docentes pertenecientes al
Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma), han procedido a
intimidar a empleados de esa secretaría del Estado, tras la destitución de
cuatro directivos de ese órgano educativo.
Relató que varios miembros del Pricphma, en estado de ebriedad, realizaron
disparos al aire para intimidar al personal de Educación cuando se apersonaron
a la casa del secretario general de Francisco Morazán, Alcides Orellana,
a reclamar unos sellos para las notificaciones que enviaron a los dirigentes
destituidos.
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