El presidente de Bolivia, Evo Morales. Foto: Télam
Buenos Aires, (Télam).-
El gobierno de Bolivia expropió este lunes la empresa Servicios de
Aeropuertos Bolivianos SA (Sabsa), filial de dos compañías españolas que
explotaba la operación de las tres principales aeroestaciones del país,
y dispuso el despliegue de tropas militares en ellas “para garantizar
la continuidad de los servicios”.
El presidente Evo Morales explicó que adoptó esa decisión después de no haber podido llegar a un acuerdo con los representantes de la empresa, tras haber verificado el incumplimiento de inversiones comprometidas para el mejoramiento de los servicios y “una ganancia exorbitante a su favor”, informaron las agencias noticiosas ABI y EFE.
Morales anunció la medida, formalizada a través de un decreto supremo, en una conferencia de prensa que dio en la sede de la gobernación de Cochabamba. “Digo con mucha claridad el robo, saqueo de esta privatización, pretexto de la capitalización”, indicó el mandatario.
Según explicó Morales, Sabsa -filial de las españolas Abertis y Aena- fue constituida con un capital de 52.100 bolivianos (equivalentes a unos 7.540 dólares), de los cuales sus fundadores pagaron la mitad.
Agregó que gracias a esa “inversión irrisoria”, la firma se hizo cargo de la administración de los aeropuertos de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, “cuyo costo asciende a 430 millones de dólares”.
Indicó que en diciembre de 2005 el viceministerio de Transportes aprobó para el período 2006-2022 un plan de inversiones por 53,44 millones de dólares.
De acuerdo con ese programa, Sabsa debía invertir 26,92 millones en el período 2006-2011 pero solo ejecutó entonces 5,89 millones, detalló Morales.
El mandatario resaltó que “contrariamente a esa ausencia de inversión”, la empresa expropiada computó entre 1997 y 2011 utilidades por 20,64 millones de dólares, equivalentes a 2.164 por ciento del capital pagado, que fue de 953.692 dólares.
El decreto establece que los contratos suscriptos por Sabsa con terceros se mantendrán vigentes mientras el gobierno evalúa si deberán perdurar o rescindirse, y que “una empresa independiente” tendrá 120 días de plazo para determinar el pago que el Estado realizará a la compañía por las acciones expropiadas.
Además, desde que llegó al gobierno en 2006, Morales expropió también unas 15 empresas de hidrocarburos, cemento y minas, entre otros rubros.
El presidente Evo Morales explicó que adoptó esa decisión después de no haber podido llegar a un acuerdo con los representantes de la empresa, tras haber verificado el incumplimiento de inversiones comprometidas para el mejoramiento de los servicios y “una ganancia exorbitante a su favor”, informaron las agencias noticiosas ABI y EFE.
Morales anunció la medida, formalizada a través de un decreto supremo, en una conferencia de prensa que dio en la sede de la gobernación de Cochabamba. “Digo con mucha claridad el robo, saqueo de esta privatización, pretexto de la capitalización”, indicó el mandatario.
Según explicó Morales, Sabsa -filial de las españolas Abertis y Aena- fue constituida con un capital de 52.100 bolivianos (equivalentes a unos 7.540 dólares), de los cuales sus fundadores pagaron la mitad.
Agregó que gracias a esa “inversión irrisoria”, la firma se hizo cargo de la administración de los aeropuertos de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, “cuyo costo asciende a 430 millones de dólares”.
Indicó que en diciembre de 2005 el viceministerio de Transportes aprobó para el período 2006-2022 un plan de inversiones por 53,44 millones de dólares.
De acuerdo con ese programa, Sabsa debía invertir 26,92 millones en el período 2006-2011 pero solo ejecutó entonces 5,89 millones, detalló Morales.
El mandatario resaltó que “contrariamente a esa ausencia de inversión”, la empresa expropiada computó entre 1997 y 2011 utilidades por 20,64 millones de dólares, equivalentes a 2.164 por ciento del capital pagado, que fue de 953.692 dólares.
El decreto establece que los contratos suscriptos por Sabsa con terceros se mantendrán vigentes mientras el gobierno evalúa si deberán perdurar o rescindirse, y que “una empresa independiente” tendrá 120 días de plazo para determinar el pago que el Estado realizará a la compañía por las acciones expropiadas.
Además, desde que llegó al gobierno en 2006, Morales expropió también unas 15 empresas de hidrocarburos, cemento y minas, entre otros rubros.
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