La de ayer fue,
además, una demostración de la capacidad de movilización de Herrira, a
pesar de que los denominados partidos mayoritarios –con excepción de EH
Bildu– se habían desmarcado abiertamente de la movilización. El PNV dejó
claro que no se sumaría como partido. El PSE añadió que no daba a sus
militantes libertad para decidir si ir o no. El PP se posicionó en contra.
De hecho, el ministro español de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dijo
que la manifestación debió haber sido prohibida por la Audiencia
Nacional.
Mojarse por los presos y
presas
Ninguno de esos
pronunciamientos en contra hizo mella en las decenas de miles de personas
que tomaron el centro de Bilbo. Una presencia superior, según varios
indicadores, a la colosal manifestación del 7 de enero de 2012.Tampoco la lluvia arredró a los manifestantes. La gente llegó a Bilbo dispuesta a mojarse por las presas y los presos. Preparada para ello. La sorpresa, en realidad, fue que hasta las seis de la tarde estuvo seco. Apenas alguna gota impertinente molestó a los concentrados. Pero después sí, cayó y mucho, como estaba previsto. Se abrieron entonces miles de paraguas. Lo que no se pudo hacer en esta ocasión fue acelerar el paso, ya que en muchos tramos no había siquiera por dónde pasar.
Presencia política
plural
Para las 16,30, en las
inmediaciones de La Casilla comenzaban a agruparse por un lado los
voluntarios de la organización y por otro los portavoces de partidos,
sindicatos y organismos que se habían sumado a la convocatoria y que iban
haciendo las primeras declaraciones a los medios de
comunicación.En la marcha pudo verse a los principales dirigentes de los partidos integrantes de EH Bildu y a prácticamente todo su grupo parlamentario. También de Ezker Batua. Y líderes de ELA, LAB y otros sindicatos. Acudieron responsables institucionales como el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, y el alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre. Pese a que hubo partidos que recomendaron a sus militantes no acudir, hubo presencia de personas del PNV y también del PSN. En la representación de Ahotsak acudió, entre otras, Ainhoa Aznarez, del PSN (con ellas se vio también a José Luis Uriz), y habían confirmado sus asistencia las jeltzales Arantza Itxasmendi, Usune Retolaza y Amaia Goirigoltzarri. Al que sí se vio fue a Iñaki Zarraoa. Hubo además una representación de formaciones catalanas como ERC y las CUP. El diputado republicano Joan Tardá y el portavoz parlamentario de las CUP, David Fernández, concitaron la atención de los medios de comunicación. En la marcha no solo se vieron senyeras esteladas catalanas, sino también banderas de otras comunidades del Estado español. Todas ellas saludadas con entusiasmo. El pueblo kurdo también estuvo representado y, tras la ejecución de tres mujeres militantes en París, fue objeto de notables muestras de simpatía y solidaridad. Pese a que la previsión era que la manifestación fuera silenciosa, fueron constantes los gritos de «Euskal presoak Euskal Herrira!». Abrían camino entre la multitud las furgonetas de los voluntarios que cada fin de semana llevan a familiares a las cárceles. La organización dispuso a continuación un autobús de dos pisos para los cámaras. Cientos de familiares de presos, refugiados y deportados se dispusieron a continuación en cinco hileras. Tras ellos, la pancarta, portada por una nutrida representación de las personas convocantes: Eñaut Gantxegi, Iñaki Olasolo, Paulo Agirrebaltzategi, Arantza Gutiérrez, Pako Letamendia, Eba Ferreira, Itxaso Fernández, Estitxu Garai, Irati Tobar, Begoña Zabala, Juan Ibarrondo, Juanje Soria y Oskar Bañuelos. De entre ellos, los encargados de dar lectura al comunicado final tuvieron que salir de la pancarta para poder llegar a tiempo al ayuntamiento y desde allí lanzar su mensaje a las más de cien mil personas que habían acudido a la manifestación para exigir el respeto de los derechos de las presas y los presos. ----------------- Fuente: Gara
LA
MANIFESTACIÓN MÁS MULTITUDINARIA
Historias con nombre propio que retratan la política penitenciariaLas calles de Bilbo volvieron a entrelazar cientos de historias anónimas y, al mismo tiempo, colectivas, reflejo de la dimensión diaria de la política penitenciaria. Historias de madres que se hicieron amigas a raíz de la detención de sus hijos, de niños que han nacido en prisión o no ven a su padre más que una vez al mes, incluso de quienes han sufrido el rechazo de su propia familia pero que han encontrado una segunda en el resto de allegados.
por Ainara
LERTXUNDI
En primera fila,
abriendo la manifestación, los ojos de María Nieves San Emeterio se emocionan
ante la pregunta de qué significa una movilización como la de ayer. Está a punto
de cumplir 83 años y «ya de salud no ando muy bien, pero aunque me deje la piel
en el asfalto, no podía dejar de venir. ¡Que vean que la gente mayor también
estamos aquí»!, proclama con energía.Su hijo lleva 34 años deportado. Marsella, Panamá y Cuba, su particular destino tropical hace 28 años. «Yo he ido muchas veces, pero ya llevo tres años sin verlo porque el viaje es muy largo y a mi edad... Mi hijo tenía 20 años cuando se fue casa y ahora es un señor de 53. Aunque estén tan lejos, los deportados nunca se olvidan de su pueblo. Su cabeza y corazón están aquí». «Movilizaciones como esta son una inyección de optimismo», añade. Al acabar, «mi hijo menor le mandará un e-mail contándole cómo ha ido». Varias filas atrás, Miren Iturrate camina junto a su hija de 13e años. Su compañero, Joseba Artola, lleva cumplidos ya 27 años en prisión. Actualmente está en Daroca, pero durante estas casi tres décadas ha pasado por Valladolid, Mansilla de las Mulas, Alcalá Meco, Burgos, Puerto de Santa María... En febrero del pasado año recibieron la notificación de que saldría en libertad el 18 de mayo. «Ya habíamos acondicionado la casa para cuando viniera, y habíamos organizado el recibimiento cuando en marzo recibimos una carta de la Audiencia Nacional diciéndonos que le habían aplicado la `doctrina Parot'», recuerda. Aquello fue «un duro golpe». Pero, no el único. Años atrás, en 1988, no le dieron permiso para despedirse, «para dar a ese último abrazo a su madre enferma de cáncer». Tampoco le dejaron asistir a su funeral. De los diez años que pasó en Puerto de Santa María, en Cádiz, cinco estuvo sin derecho a vis a vis, «cinco años sin un abrazo, sin un beso». En junio, a su hija le retiraron el vis a vis de convivencia por haber cumplido 12 años, por lo que desde entonces solo ve a su padre una vez al mes, en el amiliar. Ana Sarobe, Marisa del Barrio y Gotzone Ijurko se hicieron amigas a raíz de la detención de sus hijos, Mikel Karrera, Arkaitz Agirregabiria y Maite Aranalde, respectivamente. Ayer compartieron fila -cinco en total- junto al resto de familiares. Para ver a su hermano, José Ramón Arkauz recorre 1.600 kilómetros. Josu Arkauz, que lleva 22 años entre rejas, está encarcelado actualmente en Murcia II. «Las visitas a través de los cristales son los sábados a las 19.30 y los domingos a las 18.20. Cuando vamos los domingos, salimos de madrugada y hacemos la vuelta de noche en coche, porque el lunes hay que ir a trabajar. Pero, bueno, ¡para eso ponen esos horarios! Una vez al mes, aprovechamos la furgoneta de familiares. Muchas veces, después de ir hasta ahí, nos han denegado la visita por cosas absurdas». Junto a él camina Juan Mari San Pedro, también de Arrasate. Su hijo, Premín San Pedro, encarcelado en Granada, no ha dejado de preguntarle esta semana por esta manifestación y por el ambiente en el pueblo con que se preparaba en el pueblo. Para Leonor Palacios, la marcha de ayer tiene una connotación especial. Es la primera a la que acude con su hijo, Oscar Abad, en libertad tras 21 años, en los que ha pasado por una docena de cárceles -Cartagena, Jaén, Huelva...-. Confiesa que aún no se lo cree. «En los primeros días, comiendo me dí cuenta de que limpiaba los cubiertos con las servilletas. `Pero, hijo, ¿qué haces?, estás en casa', le decía. Hay veces que al despertarle, pega un bote en la cama», comenta. En esos 21 años le han denegado, como a la mayoría de familiares de presos vascos, visitas en el último momento. Ha visto cómo se llevaban a su hijo en una furgoneta para trasladarlo a otro destino justo cuando llegaban ella a la prisión. O, tras recorrer miles de kilómetros, solo han tenido cinco minutos de visita, cinco. Pese a que su hijo ya no está preso, «tengo que estar aquí con mis compañeras», dice. Una de ellas es Eugenia del Fresno. A su hijo, Kepa Márquez, lo arrestaron hace 21 años. Eugenia ha encontrado en el resto de allegados esa «familia -por parte de su difunto marido-», que le dio la espalda y que «en 21 años ni siquiera me han preguntado una vez por él». José Luis Elkoro no pudo acudir porque está recluido en su casa de Bergara, en cuya entrada un dispositivo con dos luces registra cada uno de sus movimientos además de la pulsera que lleva en el tobillo. Pero sí estuvo su esposa, Mari Carmen Ayasti. «En realidad, hemos venido todos, se ha tenido que quedar solo», comenta. La prisión atenuada que le fue aplicada por padecer cáncer solo le permite pasear por su localidad entre las 8.00 y las 13.00. «Hasta para las revisiones médicas, que son en Bilbo, tiene que pedir permiso y juego un justificante al médico», indica. Cada uno de los familiares entrevistados por GARA coincide en la necesidad de trasladar el apoyo recibido ayer en Bilbo a los días, semanas y meses siguientes, y de convertir este «balón de oxígeno» en una dinámica diaria, «pueblo a pueblo. Porque si nosotros, los familiares no nos movemos, los gobiernos no lo harán. Somos conscientes de que no será fácil, pero está en nuestras manos».
LA
MANIFESTACIÓN MÁS MULTITUDINARIA
Representantes de aquí y allá abogan por los derechos de presas y presos
Maider EIZMENDI |
BILBO
La representación
institucional, política y social se presumía amplia, ya que la marcha de ayer
había recabado previamente numerosas adhesiones. Y no defraudó. Junto a las
decenas de miles de personas que tomaron las calles de la capital vizcaina,
caminaron solidariamente ciudadanos de allí y de aquí, de Euskal Herria y de los
Països Catalans, de Colombia, de Kurdistán, de Bretaña...
Minutos antes de que los familiares de los represaliadas vascas dieran lo primeros pasos la mayoría se reunió junto a La Casilla. Entre ellos se encontraban los representantes catalanes Joan Tardà y David Fernàndez. El diputado en Madrid de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) justificaba su participación admitiendo que la solución del problema de los presos políticos es «una condición imponderable para la resolución del conflicto». No obstante, hacía hincapié en que el Gobierno español «se resiste en desbloquear la situación penitenciaria» y esto significa, a su juicio, «poner un terraplén al nuevo escenario que vive Euskal Herria, que necesariamente pasa porque todas la víctimas se sientan reparadas». Se mostró convencido de que finalmente se conseguirán los objetivos que se persiguen «pero mientras tanto, el sufrimiento que están padeciendo muchas personas es vergonzoso». En la misma línea, el portavoz de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) subrayó la necesidad de deconstruir «el estado de excepción jurídica, electoral y penitenciaria sufrida por Euskal Herria». La negativa a abordar el problema de los presos por parte del Gobierno español, supone, en opinión de David Fernàndez, «negarse a una solución que asuma todas las consecuencias del conflicto». Se refirió, asimismo, «al manto de silencio que se cierne sobre la política de dispersión penitenciaria» para afirmar que «si el resto de pueblos y culturas del Estado español conociesen lo que supone verdaderamente la dispersión, sabrían que lo que están legitimando es una política orientada al castigo y a la destrucción de la dignidad personas, basada en el aislamiento y en régimenes especiales». Tanto Tardà como Fernàndez han firmado el documento «Preses i presos bascos al País Basc» que han suscrito 70 destacadas personalidades catalanas que exigen el cumplimiento de «los derechos humanos básicos de los presos y presas vascos». Entre los firmantes se encuentran personas de diversos ámbitos y sensibilidades como Arcadi Oliveres (Justícia i Pau), Xavier Masllorens y Jordi Armadans (Fundació per la Pau), Vicenç Fisas (Cátedra Unesco-UAB), Gabriela Serra y Pere Ortega (Centre JM Delàs), la recientemente traspasada activista feminista Consol Casals (Dones per Dones), Tica Font, Rafael Grasa, Alejando Pozo, el cantante Lluís Llach, el periodista Vicent Partal o el sindicalista agrario Pep Riera. En el ámbito político, suscriben también el comunicado el diputado en Madrid Carles Campuzano (CiU), así como numerosos diputados del Parlament de Catalunya, entre los que destacan Oriol Junqueras, Marta Rovira y Gemma Calvet por parte de ERC; Georgina Rieradevall y Quim Arrufat de la CUP; y Dolors Camats y David Companyon de ICV-EUiA. Mientras que los representantes catalanes que acudieron a Bilbo centraban su discurso especialmente en el comportamiento del Gobierno español, al papel que está jugando el Gobierno francés se refirió la consejera regional de Aquitania por Europe Ecologie Alice Leiciaguezahar. Se mostró «desolada» por que París «ha optado por ponerse al servicio del Estado español, desoyendo la voluntad de los habitantes de Euskal Herria». Ante ello, consideró necesario que la sociedad civil siga saliendo a la calle «para obligar a los estados a que escuchen a la ciudadanía y traten el tema de los presos y presas de cara a seguir trabajando en el proceso de paz». A pesar de que el PSOE como organización optó por no acudir a la cita, entre los manifestantes se encontraba la integrante del PSN y de Ahotsak Ainhoa Aznárez. Ella acudió porque, como destacó, el de ayer era «un momento en el que es necesario estar».
«La ley está para cumplirla»
A su entender, «en este
momento el Partido Socialista tiene que presentarse porque hay gestos y símbolos
que son necesarios, por una parte y por la otra». Aznárez reconoció que se ha
trabajado mucho para llegar a este punto y «ahora toca reivindicar los derechos
de los presos y las presas que viven situaciones muy precarias». Se trata «de
garantizar los derechos humanos y de cumplir la ley, que está para ello». Sobre
las ausencias opinó que ella, de no haber acudido, «tendría algún remordimiento
y cargo de conciencia», y aseguró que acudir a este tipo de citas es necesario
«no solo porque estamos trabajando un camino que no tiene marcha atrás, sino
también porque son momentos en los que hay mucha crispación y la gente pide
unión».A la implicación ciudadana se refirió también el máximo representante institucional que acudió a la gran movilización de Bilbo, el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, quien incidió en que «no se puede quedar nadie de brazos cruzamos mientras que se están vulnerando los derechos de muchos ciudadanos vascos». A su entender, no existe lugar para el desánimo y, en el camino hacia la normalización y la paz, la ciudadanía debe seguir trabajando para superar la represión y obligar a ambos estados a que trabajen en esa línea. «El pueblo vasco ha demostrado anteriormente que tiene fuerza para empujar a los estados y ahora también lo hará», vaticinó antes de dirigirse a la cabecera de la manifestación. Junto a él caminaba el diputado de Amaiur Xabier Mikel Errekondo, que exigió al Gobierno de Mariano Rajoy que «deje a un lado» las políticas «basadas en el odio y la venganza» e indicó que su formación trabajará en el Congreso español para que se «respeten» los derechos de los presos y las presas. Errekondo pidió el fin de la dispersión y de otras decisiones políticas que «castigan» a los presos y las presas. En concreto, informó de que Amaiur va a poner en marcha iniciativas para que «una vez más sea escuchada la reivindicación de toda la sociedad vasca para que los presos sean traídos a casa, para que se acabe la dispersión». |
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