“Uno
no es quien para perdonarlos (a los policías criminales), uno quiere
justicia; ellos tienen que pagar por el crimen que han cometido, dijo
Julieta Castellanos, junto a doña Zoila Aurora Rodríguez.
Fuente: Tiempo.hn
TEGUCIGALPA.- La
tristeza dibujada en sus rostros es inocultable y sus ojos se ven
marchitos de tanto llorar tras la partida sin retorno de sus hijos,
Rafael Alejandro Vargas Castellanos (22) y Carlos David Pineda Rodríguez
(24), asesinados hace exactamente hoy un año por la Policía, y aunque
ambas madres a veces esbozan una sonrisa, la tragedia las mantiene
unidas y juntas luchan porque prevalezca la añorada justicia.
Se trata de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH), Julieta Castellanos, madre de Rafael Alejandro; y Zoila Aurora
Rodríguez de Pineda, progenitora de Carlos David, asesinados el 22 de
octubre del año pasado a manos de un grupo de policías, de los cuales
tres de los principales sospechosos están prófugos y supuestamente son
protegidos por altos oficiales corruptos, según sectores sociales.
En una entrevista brindada por la rectora en el Centro de Arte y
Cultura, ubicado en el antiguo local de Ministerio del Trabajo, frente
al Parque La Libertad, y en compañía de doña Aurora, dijo que sus vidas
han cambiando por la tragedia y lucharán hasta que se haga justicia por
el asesinato de sus hijos.
“Uno nunca espera que vaya a sepultar un hijo, y menos de la forma tan
dolorosa, tan violenta y tan brutal que fue la partida de Alejandro y
Carlos; ha sido un año sumamente duro, difícil, doloroso; la ausencia de
los muchachos es muy difícil llevarla, para doña Aurora era el hijo
mayor, para mí el hijo menor”, expresó la rectora con mucha nostalgia,
mientras su amiga la observaba fijamente.
La entrevistada agregó: “Lloramos y reímos juntas, Alejandro y Carlos
eran amigos desde la secundaria y compartían mucho sus actividades junto
a otros amigos; la tragedia nos ha unido y cuando compartimos uno mismo
como que encuentra fuerzas y hay más cariño; es una mezcla de todo”.
En medio de las lágrimas, abrazos, sollozos y apretones de manos como
dándose ánimo mutuamente la rectora manifestó: “Yo no pudiera irme del
país; yo no pudiera distanciarme de la tumba de mi hijo, (interrumpió
por llanto); yo no podría pasar Navidad, Año Nuevo y el día de su
cumpleaños fuera de Tegucigalpa, yo tengo que estar esos días con ellos y
llevarles flores”.
Castellanos recordó que no ha colocado una lápida en la tumba de su hijo
porque aún no está lista para ver su nombre en la placa. “Desde que
murió solo tres veces he entrado a su dormitorio, miré su mochila, sus
cuadernos, su guitarra, su ropa, sus juegos; el último mensajito que
recibí un día antes de su muerte no he tenido valor de volverlos a leer;
es duro lo que vivimos y no se como va a ser el futuro”.
“Cuando
camino por la Ciudad Universitaria me estremezco cuando de repente miro
su rostro en otros jóvenes; de día, de noche y en todo momento pienso
en él; vivo con él; antes de estar con ustedes (en conferencia) me llamó
por teléfono mi otro hijo y le dije sí Alejandro; sí Alejandro; a nadie
le deseo lo que nosotros estamos pasando: Julieta Castellanos
(derecha).
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Doña Julieta recordó que le informaron que había un sicario al servicio
de la Policía para eliminarla a ella, en la administración del ex
director de la institución José Ricardo Ramírez Del Cid, por lo que
denunció el macabro plan a un oficial de la cúpula de mando y luego que
puso al descubierto con nombres, apellidos y retratos hablados de seis
sicarios, incluyendo el que la mataría, desistieron de ejecutarla.
La entrevistada manifestó que durante el mandato de Ramírez Del Cid, la
Policía no tuvo interés en capturar a los tres policías que siguen
prófugos, y como éstos siguen dentro de la institución considera que hay
colusión entre todos y por eso exigen que la acusación por el doble
crimen abarque a toda la cúpula de mando de esa fecha.
“Para nosotros no es suficientes que castiguen a los responsables
directos del doble crimen, porque esas personas no actuaban por cuenta
propia; ellos eran redes de delincuentes que reportaban parte de lo que
recibían (extorsiones, asaltos y secuestros) y lo distribuían a sus
superiores”•
IMPUNIDAD
Visiblemente lo que ha pasado en la investigación es un hecho de
impunidad bastante evidente; aquí hubo un mal manejo de la Policía y del
Ministerio Público, específicamente de la ex fiscal de Derechos
Humanos, Sandra Ponce. Ella es “la responsable que los criminales no
hayan sido detenidos”: Julieta Castellanos, rectora.
Foto: TIEMPO/Javier Servellón
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Los acontecimientos ocurrieron la madrugada del sábado 22 de octubre del
año 2011, y a un año de los mismos, los familiares y amistades de los
occisos siguen clamando justicia; confían que los crimenes no quedarán
en la impunidad; y piden la captura de los fugitivos para no creer que
por algún interés los protegen.
Como consecuencia de la muerte de los dos universitarios y la fuga de
los presuntos criminales, el presidente Porfirio Lobo Sosa ordenó la
separación del cargo al director general de la Policía, José Luis Muñoz
Licona, cuando se encontraba en una misión oficial del país en Taiwan.
Apuntes
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Crimen de universitarios: El rostro de la impunidad
José
Rubén Pozzo López, Wilfredo Figueroa Velásquez junto a Santos Arnulfo
Padilla Rodríguez, en la Policía Metropolitana número uno, días antes de
la fuga.
Fuente: Tiempo.hn
TEGUCIGALPA.-
A un año del asesinato del hijo de la rectora de la Universidad
Nacional Autónoma, Julieta Castellanos, Rafael Alejandro Vargas
Castellanos (22); y su amigo Carlos David Pineda Rodríguez (24), los
principales sospechosos del doble crimen continúan prófugos, por lo que
el juicio está parcialmente paralizado, en esta parte investigativa del
caso.
El expediente está en secretividad y en poder de un juez con
jurisdicción nacional y se divide en cuatro etapas que abarca la parte
investigativa de los tres policías prófugos y la declaración de un
cuarto uniformado que acompañó a los primeros el día de los hechos y que
después de fugarse se presentó voluntariamente alegando inocencia y
está preso.
El escrito también contempla indagaciones sobre la participación o
inocencia en el hecho, de cuatro policías más que guardan prisión en la
Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán, y dos ex jefes
policiales quienes supuestamente permitieron la huida de los policías
prófugos.
Rafael Alejandro Vargas Castellanos (22) y su amigo Carlos David Pineda Rodríguez (24), en vida.
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La mañana del 22 de octubre, la sociedad hondureña fue sacudida al
conocer que al sur de la capital habían matado a dos jóvenes
universitarios, cuyos cadáveres fueron encontrados en un sector donde
otros muchachos fueron ejecutados con características de muerte
similares a los estudiantes asesinados.
Tras las primeras diligencias investigativas, la Policía identificó como
principales sospechosos del doble crimen al sub inspector y jefe de la
patrulla M1-92 Carlos Geovanny Galeas Cruz (23), y los agentes Santos
Arnulfo Padilla Rodríguez (28), --radio operador--, Wilfredo Figueroa
Velásquez (31), ---motorista de la patrulla--- y José Rubén Pozzo López
(25) --- escolta del oficial.
SE FUGAN
A pesar que seis días después del crimen la Fiscalía presentó pruebas
científicas de rastros de sangre y vellos de las víctimas encontradas en
las patrullas donde se desplazaban los uniformados, los jefes
policiales de esa fecha les permitieron que se fugaran al otorgarles un
fin de semana libre, según investigaciones del Ministerio Público.
Días posteriores capturaron al clase III de policía, Martín Orlando
Ortez y a los policías Gabriel Donatilo Macías Hernández, Wilson Roberto
Córdova Rodríguez y José Manfredo Fúnez Colindres ocupantes de la
patrulla M1-30, quienes se declararon inocentes pero guardan prisión
junto a José Rubén Pozzo López (25), el escolta del oficial prófugo.
La fuga de los uniformados generó la ira de familiares de las víctimas y
de la sociedad en general que siguió con atención el caso. Produjo,
asimismo, una crisis institucional entre la Policía y el Ministerio
Público y se culparon mutuamente de ser los responsables del escape de
los primeros, motivo por el cual, varios sectores de la población
cuestionaron la captura de cuatro policías, aduciendo que se hizo para
devolverle la tranquilidad a los familiares de los occisos y calmar el
ánimo popular.
Los cuatro policías presos en la Penitenciaría Nacional se declararon inocentes.
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Además fueron destituidos de la Policía, el titular de la Dirección
Nacional de Investigación Criminal (DNIC), Marco Tulio Rivera Palma, y
el jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Alberto Barralaga, quienes
están procesados por los delitos de abuso de autoridad y violación a los
deberes de los funcionarios públicos, y en el caso del primero se
agregó el delito de encubrimiento.
LOS HECHOS
El asesinato de los dos estudiantes ocurrió entre 2: 00 y 3: 00 de la
madrugada del sábado 22 de octubre, hace hoy exactamente un año, luego
que los jóvenes salieron de una reunión en la colonia Miraflores, rumbo a
la colonia América donde residía Carlos David Pineda, junto a sus
padres; mientras Vargas Castellanos vivía en Santa Lucía, con su madre
Julieta Castellanos y dos hermanos de él.
Los cadáveres fueron encontrados la mañana del domingo en las cercanías
de la aldea Villa Real, kilómetro 13 al sur de la capital; mientras la
camioneta en la que se conducían estaba en el kilómetro cuatro del mismo
sector, cerca de la posta policial de Loarque y presentaba varias
perforaciones de bala de calibre 5.56 milímetros, munición que usan los
fusiles galil que portan los policías.
Los cuerpos de los estudiantes estaban en un barranco y los encontraron
sin zapatos, documentos personales, teléfonos celulares y otros objetos
de valor como computadoras portátiles, porque los criminales se las
robaron después de quitarles la vida.
En un testimonio brindado el año anterior a terceros por el sub
inspector Carlos Geovanny Galeas Cruz (23), éste manifestó que el
responsable directo del doble crimen fue el policía Santos Arnulfo
Padilla Rodríguez porque fue el que mató a los dos universitarios.
Este testimonio al parecer fue ratificado por el policía Pozzo López
ante el juez que conoce el caso, luego que se le indagó en la audiencia
de declaración de imputados, tras su presentación voluntaria.
Como consecuencia del sangriento hecho, muchas personas y oficiales
honestos denunciaron que policías del Distrito Policial 1-6 del barrio
La Granja de Comayagüela, donde estaban asignados los sospechosos de
matar a los universitarios, también estaban involucrados en sicariato,
asalto a mano armada, tráfico de drogas, robo de vehículos y “trabajaban
juntos con los pandilleros de la 18, y el crimen organizado”.
Ante tantas denuncias de actos delincuenciales cometidos supuestamente
por agentes y oficiales en distintos sectores del país y por presiones
de la población hondureña en general, el gobierno tomó una serie de
medidas en un intento por depurar la Policía, la cual no se ha sido
efectiva, según diversos sectores sociales.
Subinspector prófugo revela cómo mataron a los jóvenes
TEGUCIGALPA.-El policía Santos Arnulfo Padilla Rodríguez (28) está
señalado de ser el autor intelectual y material del asesinato de los
universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos (22) y Carlos Pineda
Rodríguez (24), según testimonio brindado a terceros el año anterior por
el sub inspector Carlos Geovanny Galeas Cruz (23), y publicado por este
rotativo el 7 de noviembre del año anterior.
Según Galeas Cruz, la madrugada del trágico suceso él se hacía acompañar
de sus subalternos Padilla Rodríguez, Wilfredo Figueroa Velásquez (31) y
José Rubén Pozzo López (25); y aseguró que intentó auxiliar a los
universitarios pero fue amenazado de muerte que si contaba lo sucedido
correría igual suerte.
El oficial comentó a su confidente que la persecución policial inició a
las 2: 00 de la madrugada desde el centro comercial Plaza Milenium sobre
el bulevar Fuerzas Armadas hasta la colonia 15 de Septiembre, en medio
de una lluvia de balas que todos dispararon con sus fusiles galil, hasta
que se detuvo el carro porque Vargas Castellanos se desmayó frente al
timón del carro al recibir un balazo en la espalda.
El sub inspector Galeas aseguró que tras verificar el estado de salud
del joven Rafael Alejandro le dijo a los policías que lo subieran a la
patrulla para llevarlo al hospital, pero uno de estos le dijo que para
qué, “que les iba a reventar clavo”.
El oficial indicó que posteriormente, el policía Padilla Rodríguez se
subió a la camioneta con el joven herido y él les dijo que si lo
llevaban a una clínica o a un hospital; entonces el patrullero Figueroa
Velásquez respondió que no, que “ya habían dicho que ni v…”; y como el
oficial insistió, el policía le dijo que “no fuera tan m… o que se
fuera a la p…”, y luego lo amenazaron que si no colaboraba lo iban a
“pelar” (matar, en la jerga delincuencial- policial).
LOS MATAN
Galeas Cruz narró que al llegar a la aldea Villa Real, los policías
bajaron a los universitarios y los tiraron al suelo; mientras Carlos
David les rogó a los policías que no los mataran, que los presentaran a
los juzgados por drogas y que les perdonaran la vida . El oficial agregó
que Padilla Rodríguez le dijo a él que tenía que matar a uno de los
muchachos y como se negó, lo amenazó con ejecutarlo a él también, “y
luego tomó el fusil y le disparó como dos o tres veces al que no estaba
herido”, (Carlos David Pineda).
De allí, el mismo agente le dijo al oficial: “Ahora vos tenés que matar a
éste (Rafael Alejandro)”, y como también se negó, le respondió con tono
molesto: “Echeme esa m…”, y le arrebató la pistola y le disparó tres
veces a la cabeza, luego Padilla y Figueroa tiraron los cadáveres a un
barranco y posteriormente regresaron a la patrulla, cada uno con un
celular Black Berry y los zapatos de las víctimas que les habían robado,
según el oficial.
Restos de sangre y cabellos de las víctimas fueron encontrados en la patrulla M1- 92.
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1-Los policías prófugos están procesados por los delitos de asesinato,
robo y abuso de autoridad y los culpables podrían purgar una condena de
30 años a cárcel de por vida, según el artículo 117 del Código Penal.
2-Con las reformas a la Ley de Policía, desapareció la Dirección
Nacional de Asuntos Internos (DNAI) por deficiente, y porque era
manejada por las mismas autoridades policiales, y se creó en su lugar la
Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP),
que está en manos de civiles, hasta ahora con pocos resultados.
3-Se creó la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, integrada por
tres nacionales y dos extranjeros cuya función especifica es supervisar
una efectiva depuración policial.
4-Después de la muerte de los universitarios y las denuncias que
policías estaban coludidos con los criminales, alrededor de 250
oficiales y policías han sido separados de la institución por diferentes
faltas y delitos.
4-50 mil lempiras de recompensa por cada prófugo ofrece la Secretaría
de Seguridad, por información que dé con la captura del sub inspector
Carlos Geovanny Galeas Cruz (23); los agentes Santos Arnulfo Padilla
Rodríguez (28) y Wilfredo Figueroa Velásquez (31), quienes figuran entre
los más buscados a nivel mundial, según la Policía Internacional
(INTERPOL).
MINIPERFIL
1-Alejandro Rafael Vargas Castellanos (22) cursaba la carrera de
Sicología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); estaba
soltero y era el menor de los tres hijos que procreó la rectora Julieta
Castellanos.
2- Carlos David Pineda Rodríguez (24) cursaba el último año de la
carrera de Derecho, en el mismo centro de estudios de su amigo; residía
en la colonia América y era hijo del ingeniero forestal Carlos Pineda y
la señora Zoila Aurora Rodríguez.
Foto: TIEMPO
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