Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Informó el secretario de Seguridad,
Pompeyo Bonilla que por mal desempeño, más de 30 elementos de la Policía
Nacional (PN) serían separados hoy.
Trascendió que la solicitud de separación habría tenido como
protagonista al actual jefe de la PN, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla.
“Todo está regido bajo la ley” señaló el secretario, y dijo que se
atenderá también la solicitud presentada por la Dirección de
Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
Este nuevo remezón dentro de la PN, responde a una serie de pruebas de
confianza que durante los últimos meses ha venido realizando la DIECP y
con las que se busca depurar los cuerpos del seguridad del país.
En ese aspecto, se ha conocido que dichas pruebas han dado tan malos
resultados que al menos la cuarta parte de quienes las han realizado,
han sido separados de la PN.
“Algunos han sido separados ya y otros se han separado solos: entre 350
y 400 se quedaron ‘faltistas’ (no volvieron al puesto tras salir de día
libre) porque saben que se les sigue un control”, mencionó el titular
de seguridad.
Entretanto, Pompeyo Bonilla anunció que en los próximos días se estaría
presentando la nueva Ley de la Policía y la Ley de la Carrera Policial.
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Honduras: Portavoz de la Policía Nacional dice que no se ha emitido auto de prisión en su contra
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Cuando al portavoz de la Policía
Nacional, subcomisionado Héctor Iván Mejía, se le preguntó en
conferencia de prensa si pondría a disposición su cargo, en vista del
auto de prisión que le dictó un juzgado sampedrano por faltar a los
deberes de los funcionarios –delito cometido el 15 de septiembre de 2010
contra un grupo de manifestantes–, éste respondió que “se dio cierta
información que no es real, se hablaba de que me habían dado orden de
captura y esta información es falsa”.
Señaló que ante la acusación presentada –según el procedimiento, dijo–,
se dará una respuesta a la parte acusadora, en base a la
responsabilidad que se le atañe. “La parte acusadora tendrá que apelar y
nosotros contestar las apelaciones, como en el caso concreto del delito
que se considera se cometió, que va a ser apelado, todo eso se va a
dejar al criterio de la corte de apelaciones para que resuelva si
existen los méritos suficientes”.
Asimismo, comentó que en su caso, procedió de acuerdo a la ley con el
fin de acatar las órdenes recibidas el día de los acontecimientos.
La situación es algo que se generó en el 2010, no es exceso de fuerza,
son parámetros de medición que establece la autoridad cuando se produce
una alteración del orden público, todo enmarcado dentro de la ley, dijo
Mejía.
En tanto, concluyó al mencionar que “estamos buscando que el país salga
beneficiado de esto, el mejor beneficio es que sean los juzgados
ordinarios que tomen la determinación, pero nosotros somos cumplidores
de la ley”.
De acuerdo a la información, Mejía había sido acusado ante los
tribunales de justicia por el Movimiento Amplio Dignidad y Justicia. Fue
señalado por los delitos de detención ilegal y lesiones, sin embargo,
los juzgados desestimaron dichas acusaciones.
El 15 de septiembre de 2010, organizaciones, movimientos sociales y el
pueblo en general, se encontraban realizando una manifestación en contra
del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 –actividad que se
desarrollaba en el Parque Central de San Pedro Sula–, cuando una fuerte
cantidad de elementos de la policía preventiva y antimotines se apersonó
a la zona de la protesta y lanzaron gases lacrimógenos, golpearon y
dispersaron a los manifestantes.
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