Artículo 5 de |
Edición / EL LIBERTADOR/(Tomado de Adital)
Honduras. Ante los casos de violencia, muertes y
violaciones de derechos humanos que no cesan en el Bajo Aguán (Colón,
Honduras), 14 organizaciones de varios países se pronunciaron apelando
al Estado y a las autoridades internacionales para que actúen con
seriedad ante las necesidades y demandas de los campesinos y campesinas
de la región.
En el documento divulgado el último viernes (31), las organizaciones
expresaron su preocupación por la intensa represión, violencia y
criminalización de las acciones de las organizaciones campesinas del
Bajo Aguán, y recuerdan las más recientes embestidas violentas contra
estos hombres y mujeres que luchan por un pedazo de tierra para vivir y
trabajar.
El 21 de agosto, cientos de campesinos/as se reunieron frente a la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir pacíficamente una reunión
con el presidente de este poder, para demandar que juzgue con
imparcialidad casos referentes a tres propiedades que están bajo la
posesión del Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (Marca) y
decrete el fin de la criminalización de la lucha campesina.
La reivindicación pacífica fue terminada por la policía mediante el uso
de la fuerza. El accionar violento dejó a tres heridos hospitalizados,
entre ellos una menor de 16 años. También tres personas fueron
detenidas. Entre ellas había dos mujeres, el presidente de la Asociación
Nacional de Campesinos de Honduras (Anach), el abogado y encargado del
Marca y el secretario General del Movimiento Unificado Campesino del
Aguán (Muca).
Al día siguiente, el puesto policial de Planes, en Sonaguera (Colón)
fue invadido porcientos de campesinos/as del Bajo Aguán que exigían la
liberación de los detenidos que allí se encontraban y reclamaron por la
represión del día anterior. La respuesta fue más violencia y uso
abundante de la fuerza, inclusive contra una persona de 77 años, que
tuvo que ser llevada al hospital junto con otros manifestantes. Ese día,
otros 19 fueron detenidos. El día 23, 25 fueron liberados, pero están
en libertad condicional.
El 27 de agosto, José Braulio Díaz López, secretario de la Empresa
Asociativa Campesina de Producción El Tranvío, miembro del Muca, fue
muerto por desconocidos que dispararon varios tiros en su contra,
dejándolo sin posibilidades de reacción.
"Los últimos actos de represión y criminalización demuestran que las
autoridades de Honduras aún mantienen la misma postura parcializada
contra las comunidades campesinas envueltas en un conflicto agrario para
el que no se encuentra solución integral, justa, pacífica y sostenible.
Persiste la violencia y violación a los derechos humanos y la impunidad
por el desinterés de las autoridades correspondientes de investigar y
castigar a los culpables de los atentados y asesinatos contra miembros
de las agrupaciones campesinas en la zona”, se señala en el comunicado
internacional.
Hasta el momento, 53 personas vinculadas o afiliadas a organizaciones
campesinas del Bajo Aguán y otro periodista y su compañera, fueron
asesinadas desde septiembre de 2009, fecha que marca la intensificación
del conflicto agrario en la región. Además de estos casos, un campesino
continúa desaparecido desde el 15 de mayo de 2011. De acuerdo con
informaciones de la fiscalía Especial de Derechos Humanos, en ninguno de
los casos existen investigaciones serias en proceso para develar y
castigar los delitos.
Ante esta realidad, las 14 organizaciones que firman el comunicado
apelan al estado hondureño para que investigue en forma seria todos los
delitos y violaciones de derechos humanos cometido en el Bajo Aguán, así
como para que termine con la represión y adopte medidas efectivas y
urgentes para proteger a las personas que están en riesgo. El estado
debe también abolir las desocupaciones forzadas y buscar soluciones
integrales, pacíficas y sustentables a las demandas campesinas.
En este contexto, la comunidad internacional también tiene un papel
fundamental, pues puede ayudar haciendo que la cooperación internacional
bilateral y multilateral ofrecida al estado hondureño y a las compañías
privadas no contribuya a las violaciones de DH, y suspenda la
cooperación internacional que genera militarización y agrava la
situación de derechos humanos, en especial en el caso de la asistencia
militar de Estados Unidos.
Las 14 organizaciones internacionales aseguran que van a continuar
monitoreando con atención la situación en el Bajo Aguán teniendo en
consideración el hecho de que este conflicto agrario es el más grave por
el grado de violencia utilizado contra campesinos/as en América Central
en los últimos 15 años.
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