Se trata de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), que aplaudieron la «histórica» decisión de Honduras al promulgar la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas.
La aprobación de la normativa representa «el más importante avance en este país para atender y proteger a las personas desplazadas internamente por la violencia», señalaron.
La ley, además de reconocer los derechos de las víctimas y establecer un marco jurídico para el restablecimiento de sus derechos, ayudará a implementar «mecanismos de prevención ante nuevos desplazamientos», según las cuatro organizaciones.
La Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia fue aprobada el 21 de diciembre de 2022 en el tercer debate.
La normativa es el resultado de «un gran compromiso de las autoridades», que con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han logrado que su contenido esté alineado a estándares internacionales de protección, indicaron el CICR, NRC, Acnur y Oacnudh.
Lo anterior, agregaron, constituye «un hito nacional» en la protección de los derechos fundamentales de miles de personas hondureñas impactadas por la violencia generalizada.
Honduras reconoció en 2013 el desplazamiento forzado y más de 247.000 hondureños han tenido que abandonar su hogar, según cifras oficiales.
Las organizaciones internacionales consideran que la ley fortalecerá «los importantes avances» del Estado hondureño para la protección de los derechos de las personas y comunidades impactadas por la violencia.
Entre estos avances destacan los mecanismos de orientación, asistencia humanitaria y protección de derechos.
La normativa también prevé la generación de información para desarrollar políticas públicas que permitan atender las consecuencias del desplazamiento interno, según el comunicado.
La ley establece «responsabilidades y mecanismos de coordinación» de las instituciones estatales para prevenir las causas del desplazamiento interno, registrar y caracterizar a las víctimas, garantizar la restitución de derechos de las personas forzadas a huir, y proteger a las comunidades más afectadas por la violencia.
Las organizaciones firmantes del comunicado reconocen «los retos y desafíos» de implementar el marco legal de la ley, por lo que reiteraron a las autoridades, la sociedad civil y víctimas del desplazamiento forzado, su compromiso para apoyar al Estado en la elaboración del reglamento de la ley.
También organizar y fortalecer el sistema institucional responsable de su aplicación, y promover la consecución de recursos para materializar las medidas de protección y asistencia.
Con información de EFE
Miles de personas abandonaron el país a causa de la violencia: Amnistía Internacional sobre Honduras
Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían elevados niveles de violencia, las autoridades no proporcionaban financiación suficiente para la salud pública, la tala ilegal seguía amenazando el medioambiente, las autoridades no llevaron ante la justicia a los miembros de las fuerzas de seguridad con presunta responsabilidad penal por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en 2017.
Miles de personas abandonaron el país a causa de la violencia, la impunidad, el cambio climático, la pobreza y la desigualdad.
En abril, el expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
El Congreso Nacional derogó la ley sobre las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que había suscitado preocupación porque podía entrañar riegos para los derechos humanos en esas zonas.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Las personas defensoras de los derechos humanos sufrían elevados niveles de violencia, y la mayoría de los ataques contra ellas quedaban impunes.
En junio, un tribunal condenó a David Castillo a 22 años de prisión por su participación en el asesinato en 2016 de la indígena lenca y defensora ambiental Berta Cáceres. Sin embargo, no se avanzó en lo referente a llevar ante la justicia a quienes habían planeado el homicidio.
Tras una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que se citaban varias violaciones del derecho al debido proceso, en febrero quedaron en libertad ocho defensores de los derechos humanos relacionados con la causa del río Guapinol1 que habían permanecido más de dos años detenidos de forma arbitraria.
En un fallo separado, ese tribunal anuló de manera similar los procesos penales infundados contra otros cinco defensores del río Guapinol.
Miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y su coordinadora, Miriam Miranda, denunciaron haber sido objeto de agresiones y de nuevos procesos penales infundados durante el año. Al terminar el año, Honduras no había firmado el Acuerdo de Escazú.
Degradación ambiental
Preocupaba el hecho de que no se garantizara el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas para la implementación de las propuestas de proyecto, de acuerdo con la iniciativa de la Unión Europea sobre la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales, que tenía por objeto abordar el importante problema de la tala ilegal en el país.
Libertad de reunión e impunidad
No compareció ante la justicia ningún miembro de los cuerpos de seguridad que habían utilizado fuerza excesiva contra manifestantes durante la represión de 2017.
En febrero, el Congreso Nacional aprobó una ley que contemplaba una amplia amnistía para, entre otras, las personas encausadas por participar en las protestas posteriores al golpe de Estado de 2009 y por defender los territorios y el medioambiente.
Sin embargo, preocupaba el hecho de que la amnistía también se aplicara a personas acusadas de corrupción.
Derecho a la salud
Los servicios de salud seguían sometidos a una fuerte presión. Honduras continuaba invirtiendo en salud pública mucho menos del 6% del producto interno bruto (PIB) recomendado por la OMS.2 El aborto seguía estando prohibido en todas las circunstancias.
En diciembre, las autoridades aprobaron el uso de anticoncepción de emergencia para las sobrevivientes de violencia sexual.
Discriminación y violencia sexuales y de género
La ley no permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, y se seguían registrando niveles elevados de violencia contra las personas LGBTI. En mayo, y de acuerdo con una sentencia de 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades reconocieron su responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas contra la trabajadora sexual transgénero y defensora de los derechos humanos Vicky Hernández, que había sido asesinada en 2009.
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