La Red de Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos de Lempira, ante la pandemia declarada por la
Organización Mundial de Salud (OMS), a causa del Coronavirus (COVID-19)
el pasado 11 de marzo, mismo día que se informó de los primeros dos
casos positivos en Honduras, también hemos evidenciado violaciones a los
derechos humanos por las medidas improvisadas que ha impuesto el ilegal
gobierno de Juan Hernández.
Reconocemos la epidemia que ataca el
planeta tierra, y el riesgo que tenemos al contagiarnos si no ponemos de
nuestra parte tomando las medidas a nuestro alcance desde nuestras
comunidades, muchas de ellas remotas, sin acceso a servicios sanitarios
de primera necesidad, transporte o empleo que nos permita los medios
para adquirir alimentos, medicina y transporte en caso de una emergencia
que requiera movilización.
Mediante el decreto Presidencial en
Concejo de Ministros PCM 021-2020 se decretó una serie de medidas que
suspenden garantías constitucionales como la libre locomoción que es
vigilada por tropas militares y policiales, que además se toman la
libertad de aplicar el castigo a quienes infrinjan sus leyes, sin tomar
en cuenta la necesidad de alimentación, el derecho al trabajo y el
querer estar con la familia.
Por lo que, condenamos la militarización
de los pueblos para agredir e intimidar física y psicológicamente
haciendo creer que son la ley e irrespetan la vida humana, que según la
Constitución de la República en su artículo 59 “La persona humana es el
fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de
respetarla y protegerla”.
Pese a que desde finales de diciembre de
2019 China empezó a divulgar casos de coronavirus, y en enero de 2020
ya se informaba de su propagación e inexistencia (hasta este día) de un
antídoto, era inminente su contagio a través de las personas que se
movilizaron desde Asia a los demás continentes, y el régimen de Juan
Orlando Hernández ya en febrero empezó a obtener fondos públicos con la
excusa de medidas de prevención del COVID-19, como la distribución de
tres millones de jabones anti bacteriales (con propaganda incluida) a
centros de educación (donde ya no había estudiantes por que iniciaron
cuarentena); pero, al momento de confirmar los casos, mostró no estar
preparado como gobierno para enfrentar esta difícil situación.
En sus acciones inexactas de actuar ante
una calamidad, se ha agenciado unos 10 mil 500 millones de lempiras (us
$ 240 millones) con la aprobación de la Ley Especial de Aceleración
Económica y Protección Social frente a los efectos del corononavirus,
supuestamente para fortalecer el sector salud, la construcción de 94
centros médicos y dinamizare la economía para contrarrestar los efectos
mundiales de la pandemia.
La epidemia no va esperar seis meses
hasta que se construyan los hospitales, por lo que hacemos un llamado al
Estado que atienda la emergencia sanitaria, que dote de medicamentos y
equipo necesario al personal de salud que nos atiende en las comunidades
alejadas de las ciudades, por cierto cerrados sus accesos y son
transporte público.
Los defensores y defensoras de derechos
humanos estamos pendientes de la situación de las demás personas sin
tintes políticos, según el artículo 60 de la carta magna, en Honduras no
hay clases privilegiadas. Así que, mediamos para que el Estado dote con
los recursos necesarios como ser víveres medicinas y recursos
económicos a las familias hondureñas enviadas a cuarentena y con toque
de queda absoluto.
No permitiremos que su labor sea
mecanismo de propaganda política para seguir en el poder y saqueando el
erario público que colude con la corrupción e impunidad, hundiéndonos en
crisis que obligan al pueblo huir hacia otras naciones hoy también
afectadas por el Coronavirus.
Le exigimos al gobierno que de inmediato
retire los cobros excesivos de los servicios públicos, porque si no hay
movilización, no hay trabajo y por ende no hay dinero. Según organismos
internacionales más del 60 por ciento de la población vive a pobreza, y
el departamento de Lempira con población indígena y campesina, está en
este cordón de miseria, lo que nos hace más vulnerables.
Junto al Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), estamos pendientes de que
se respeten nuestros derechos y se garantice el derecho a la vida
durante el periodo de cuarentena, toques de queda y cierres de ciudades
para evitar la propagación del COVID-19.
Dado en la ciudad de Gracias, Lempira a los 19 días del mes de marzo del 2020
Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del departamento de Lempira/COFADEH
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