Tegucigalpa.- En
la audiencia convocada para la proposición de medios de prueba previo
al juicio Oral Público donde se acusa al profesor Rommel Valdemar
Herrera Portillo, por supuestos daños e incendio agravado en perjuicio
de la Embajada de los Estados Unidos, la fiscal del Ministerio Público,
expuso que presentarán testigos protegidos debido a que existe temor a
represalias por agresión demostrada por grupos organizados.
Esta posición expresada por la fiscal
Neydi Castillo, causó molestia entre los asistentes a la audiencia este
jueves 13 de febrero en la Sala V de juicios orales y públicos de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Tegucigalpa. Pues es el movimiento
social quien ha estado cerca de Rommel y con el que él se ha
identificado, incluso es un preso político por quemar llantas fuera de
la embajada estadounidense en el marco de protestas convocadas por la
plataforma de lucha por la salud y educación, el 31 de mayo del 2019.
En la sala judicial, además de los
docentes Maricruz Portillo y Juan Carlos Herrera, madre y padre de
Rommel, acompañaron sus hermanos y otros familiares, así como miembros
del Comité de por la liberación de los presos políticos en Honduras
entre ellos Raúl Álvarez (ex preso político) quien se defiende en
libertad y está a las puertas del juicio oral y público, por
manifestarse contra el fraude electoral de noviembre de 2017.
Al finalizar la audiencia, la integrante
del Comité de por la liberación de los presos políticos en Honduras,
Alba López, expresó su desencanto por lo que manifiesta la fiscal,
referente a quienes protestan, como si fueran del crimen organizado.
Rommel, por su grave estado de salud, permanece en un hospital siquiátrico.
“Cuando aquí ya se sabe quiénes son los
del crimen organizado, pasan como grandes señores, y es quien usurpa la
presidencia de la República; nosotros solo luchamos por una Honduras
mejor y diferente al alcance de todos los hondureños. Es vergonzoso que
el MP nos califique a los que nos pronunciamos de esa manera”, denunció
López, periodista y defensora de derechos humanos.
Mientras que Raúl Álvarez, señaló que la
fiscalía estaba presentando pruebas no autenticadas, hasta por un
formato de droga, y es que a Rommel se le mencionó por tener cierta
cantidad de marihuana, pero tras la intervención del Tribunal para
aclarar esa situación, el Ministerio Público retiró lo dicho, aduciendo
un error de formato.
“Siento que la Embajada está tomando una
postura de ligarlo al crimen organizado, y que sus testigos protegidos
corren peligro por pertenecer (Rommel) a grupos organizado”.
Agregó que, están criminalizando la
protesta como dando a entender que puede haber problemas, cuando sabemos
que el que mata es el gobierno. Referente a la cuantía “es exagerada,
cómo es posible que un vidrio o una cámara valgan más que una vida, es
lamentable la postura de la embajada”.
El equipo de defensa de Herrera
Portillo, está compuesto por Karol Cárdenas, del Área de Acceso a la
Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(COFADEH), y el abogado probado Omar Menjivar, quienes lograron que los
testigos no sean protegidos tal como era la petición del MP. Por lo que
será el Tribunal quien estime si es seguro o no que testifiquen sin
protección.
A razón del abogado Menjivar, el riesgo
de los testigos es un argumento falaz del MP para impresionar al
Tribunal; porque no se está juzgando un delito de asociación ilícita y
Rommel no es una persona que se está juzgando por que se vincule a una
organización criminal.
Entonces la Fiscalía con palabrería pero
sin evidencia pretende que se admitan testigos protegidos y se los
aceptan, eso es una mala praxis de los Tribunales de Sentencia,
ya que redunda en una degeneración del proceso y en violación del
proceso de las personas imputadas.
Juan Carlos Herrera (padre de Rommel) dialoga con la defensa.
Con la admisión de testigos protegidos
se reducen las posibilidades de defensa efectiva para el imputado. Pero
la vida es el valor supremo a proteger y, sí alguien está en peligro hay
que protegerlo.
Sin embargo, en este caso argumentan que son protegidos
porque temen por sus vidas, finalizó Menjivar, con respecto a la
petición de del Ministerio Público y el estigma de quienes protestan
diciendo que son grupos organizados que pueden inferir represalias
contras sus testigos.
El juicio contra el preso político
Rommel Herrera, será el 16 y 17 de abril próximo. Sus progenitores
también docentes, lamentan el estigma contra su hijo, la exagerada
cantidad de dinero que piden por los daños a la Embajada, y que supera
los 42 millones de lempiras.
Juan Carlos Herrera y Maricruz Portillo
son personas luchadoras que mantienen la esperanza en que la defensa
legal desvirtúe las pruebas que presentará la parte acusadora, en un
país dominado por una dictadura, donde protestar es un crimen.
https://defensoresenlinea.com/mp-estigmatiza-protesta-social-en-caso-de-rommel-herrera/
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