Tegucigalpa,(Conexihon).-El
ejercicio de la libertad de expresión y prensa en Honduras, enfrenta un
panorama violento y poca respuesta por parte de los organismos de
justicia, de acuerdo con el Informe “Del Silencio Informativo al Éxodo”,
que presenta el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), este martes.
Bajo
este contexto y en el marco del aniversario número 50 de la Carrera de
Periodismo, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH),
C-Libre resalta en el presente informe, la violencia contra los y las
trabajadores de la comunicación e información, y el endurecimiento de la
normativa jurídica nacional en el acceso y controlar-censurar de la
información.
Entre
2016 y 2017, la criminalización a la protesta social persiguió
especialmente al estudiantado de educación media y superior. Leyes
restrictivas a la libertad de prensa, como la serie de reformas al
Código Penal, en materia de terrorismo (335-B), donde las y los
periodistas enfrentarían prisión hasta por ocho años por incitar o
promover apología del odio.
C-Libre
valora una profundización de leyes represivas promovidas desde el Poder
Ejecutivo y aprobadas por el Poder Legislativo; marcando un grave
retroceso por parte del Estado para promover y el derecho a la libre
expresión en una sociedad democrática.
La
represión a las protestas ciudadanas contra la decisión que imponía a
Juan Orlando Hernández como ganador del proceso electoral de noviembre
de 2017, es otro de los escenarios monitoreados por C-Libre, donde hubo
sabotaje a equipos de transmisión de emisoras radiales y televisivas; de
igual forma agresiones a periodistas en cobertura.
Por su parte, el ILE 2018-2019, expone desde un enfoque específico en materia de seguridad para periodistas lo siguiente:
Asesinatos: C-Libre
registró 237 alertas por agresiones a la libertad de expresión incluido
el asesinato de ocho trabajadores de la comunicación e información en
2019, el reflejo de la extrema violencia en contra del gremio
periodístico. En los últimos 10 años se contabilizan 79 crímenes contra
trabajadores y trabajadoras de la comunicación.
Desplazamiento forzado: Se
identifica una nueva tipología de agresión en la categoría de
“Desplazamiento Forzado”, con 20 casos confirmados de trabajadores de la
información y comunicación que “huyen” para garantizar su integridad
física y emocional.
Censura: Cierre
de espacios informativos producto del abordaje crítico contra el actual
gobierno por parte de los y las periodistas que lo conducen. Además,
son los periodistas son las mayores víctimas de bloqueo de redes
sociales por parte de funcionarios públicos, quienes utilizan estos
espacios como fuente de información para dar a conocer sus trabajos
dentro del erario público.
Bloqueos informativos: Este
tipo de agresión que obstruye la labor periodista producto del bloqueo o
impedimentos informativos, siendo los agresores más recurrentes los
representantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Negación de la información: Esto
constituye un eje importante en la obstrucción al acceso a la
información pública; pues esta debilita la transparencia y por ende la
opinión pública. En Honduras se restringió información a periodistas aun
y cuando esta, no estaba relacionada a temas de seguridad nacional.
El
informe valora un escenario de retroceso en materia de libertad de
expresión, información y prensa, con mayor incidencia en los
departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Cortés.
Ante
este panorama de creciente violencia contra el ecosistema periodístico,
C-Libre exhorta a reflexionar sobre el rol desempeñado por el
“Mecanismo de Nacional de Protección para personas Defensores de
Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de
Justicia. El Estado hondureño no está
cumpliendo con la obligación de
prevenir la violencia contra las y los periodistas.
Impunidad y represión
En
su último informe, la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión,
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH), cuestiona
que la violencia contra periodistas y la impunidad de los crímenes
“continúa afectando seriamente el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión en Honduras”.
C-Libre,
en un plantón el 24 de mayo de 2019, hizo un llamado enérgico a las
autoridades judiciales y de investigación para presentar avances
concretos en las investigaciones sobre asesinatos contra Periodistas y
Comunicadores Sociales.
Asimismo,
exige el cumplimiento del mandato de la Fiscalía Especial para la
Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores
Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH) y del Mecanismo Nacional
de Protección a dichos sectores, de investigar los casos y la protección
debida y diferenciada hacia trabajadores y trabajadoras de la
comunicación.
Desde
el año 2003, C-Libre ofrece al público el informe sobre el Estado de la
Libertad de Expresión e información en el país, que incluye la emisión
de 1,816 alertas por agresiones a la libertad de expresión, que,
cumpliendo sus principios de la defensa y promoción de este derecho
fundamental, siendo uno de sus principios rectores la protección de los y
las periodistas.
Tegucigalpa,(Conexihon).- El ejercicio de la libertad de expresión y prensa en Honduras, enfrenta un panorama violento y poca respuesta por parte de los organismos de justicia, de acuerdo con el Informe “Del Silencio Informativo al Éxodo”, que presenta el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), este martes.Bajo este contexto y en el marco del aniversario número 50 de la Carrera de Periodismo, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), C-Libre resalta en el presente informe, la violencia contra los y las trabajadores de la comunicación e información, y el endurecimiento de la normativa jurídica nacional en el acceso y controlar-censurar de la información.Entre 2016 y 2017, la criminalización a la protesta social persiguió especialmente al estudiantado de educación media y superior. Leyes restrictivas a la libertad de prensa, como la serie de reformas al Código Penal, en materia de terrorismo (335-B), donde las y los periodistas enfrentarían prisión hasta por ocho años por incitar o promover apología del odio.C-Libre valora una profundización de leyes represivas promovidas desde el Poder Ejecutivo y aprobadas por el Poder Legislativo; marcando un grave retroceso por parte del Estado para promover y el derecho a la libre expresión en una sociedad democrática.La represión a las protestas ciudadanas contra la decisión que imponía a Juan Orlando Hernández como ganador del proceso electoral de noviembre de 2017, es otro de los escenarios monitoreados por C-Libre, donde hubo sabotaje a equipos de transmisión de emisoras radiales y televisivas; de igual forma agresiones a periodistas en cobertura.Por su parte, el ILE 2018-2019, expone desde un enfoque específico en materia de seguridad para periodistas lo siguiente:
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