Tegucigalpa 11 Octubre 2019 (Conexihon) Gissel Grandez
- Una
creciente concentración de poderes, desde el Ejecutivo sobre el
legislativo y Judicial existe en Honduras que se incrementó en el
contexto de violencia y violación a los derechos humanos en la crisis
pos electoral del 2017, especifica el informe de país Honduras 2018, de
la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
“El
tráfico de drogas y el crimen organizado se han infiltrado a varias
instituciones estatales”, constató la CIDH durante su visita in loco al
país en agosto de 2018, cabe destacar que el ex diputado Tony Hernández,
hermano del ilegitimo presidente JOH, está enfrentando un juicio en
Estado Unidos por suponerlo uno de los narcotraficantes más peligrosos
de Centro América.
En
el desarrollo del juicio los testigos han acusado a varios diputados,
alcaldes y miembros de fuerzas de seguridad del Estado de ser cómplices
para enviar droga al país norte americano.
Impunidad estructural
La concentración de poderes conlleva a “niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y favorecer la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos” subraya el informe.
Desde
el golpe de Estado de 2009, se produjeron violaciones a los derechos
que afectaron gravemente a la población hondureña, los efectos han
persistido y han hecho más compleja la situación en el país, con el uso
desproporcionado de la fuerza que utiliza el Estado en las protestas del
país que ha cobrado vidas de los manifestantes.
La
pobreza, desigualdad, discriminación, corrupción son factores que
debilitan la institucionalidad y la situación de impunidad que tiene
consecuencia de una justicia selectiva que actúa de manera tardía y
favorece los intereses de diversos actores vinculados al poder público,
político y empresarial.
Grupos de especial preocupación
Las
personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas y
afrodescendientes, niñez, adolescencia, mujeres, personas de la
diversidad sexual, migrantes y personas privadas de libertad, son
algunos de los sectores de la población hondureña en situación
particular de vulnerabilidad.
La
CIDH constató que las personas defensoras del medio ambiente, la tierra
y el territorio son quienes enfrentan mayores riesgos en Honduras.
Estas personas enfrentan la mayoría de los casos de violencia,
criminalización y difamación frente a la instalación de proyectos
hidroeléctricos, mineros o agrarios, es urgente que el ejército deje de
realizar funciones de seguridad en zonas donde hay conflictos de tierras
cono es el caso del Bajo Aguán, ya que conlleva la violenta represión y
persecución.
Recomendaciones
La
Comisión resalta que para que exista un pleno disfrute de los derechos
humanos, resulta indispensable que Honduras avance en su proceso de
institucionalidad democrática, garantice una auténtica separación de
poderes y fortalezca el Estado de Derecho. En este contexto, resulta
crucial que la ciudadanía recobre la confianza en sus instituciones
estatales. Para ello, el Estado debe tomar medidas decisivas en la
administración de justicia y lucha contra la impunidad y corrupción, así
como en reformas al sistema electoral conforme a las recomendaciones
internacionales elaboradas en dicho sentido
http://www.conexihon.hn/index.php/dh/1240-honduras-concentracion-de-poderes-del-estado-desde-el-ejecutivo-contribuye-a-violacion-de-los-ddhh
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