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Trujillo, Colón.- Aún no había salido el sol, pero
los campesinos salieron con sus machetes, sus cumbos de agua, rumbo a la
finca El Tumbador, ubicaba en Trujillo, departamento de Colón, tierras
que ya habían recuperado, por lo que nadie se imaginaba que guardias y
militares les tenían una emboscada.
Sin mediar palabras los guardias y militares enviados por Miguel
Facussé dispararon a mansalva a los campesinos, muriendo cinco de ellos y
muchos resultaron heridos; también varias mujeres agredidas y
amenazadas.
La masacre de El Tumbador como es nacional e internacionalmente
conocida no solo dejó luto, dolor y llanto, también dejó hijos sin
padre, incluso algunos de esos niños no los conocieron porque estaban
recién nacidos.
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Nueve años han trascurrido y las personas afectadas directa o
indirectamente no han tenido justicia, no hay culpables juzgados por ese
terrible ataque.
Ese 15 de noviembre de 2010 aún no amanecía, pero los campesinos
recuerdan que el ataque duró aproximadamente una hora, a consecuencia de
esto quedaron cinco viudas y sus hijos sin el sustento de sus hogares,
por lo que las viudas tuvieron que trabajar en lo que encontraran para
poder mantener a sus familias.
Algunos de los familiares aún conservan esas heridas y los recuerdos
latentes de aquella fatídica mañana, cuando aún no salía el sol, y fue
el día que los cinco campesinos ejecutados no lo volvieron a ver.
Sus familias guardan el recuerdo de sus seres queridos, y sobre todo
la impunidad del caso que le recuerda que, para obtener justicia, hay
que luchar por ella.
Para María Concepción Membreño, esposa de Teodoro Acosta, una de las
personas asesinadas, la situación durante estos nueve años ha sido dura
para ella, porque tuvo que arreglárselas para darles de comer a sus
hijos, entre ellos un niño de 10 días de nacido en aquel entonces, ahora
ya tiene 8 años.
“A él lo mataron en la finca El Tumbador los guardias de Miguel
Facussé. Yo me siento mal con decirle que no quisiera ni recordar estas
cosas, porque uno se pone mal. Para mi ha sido duro estos nueve años, yo
quedé mal porque a raíz del embarazo, cuando el niño nació, yo tuve que
hacer dietas y estar en reposo. Cuando el niño tenía 10 días de nacido
mataron a mi esposo y me tuve que hacer cargo y ver la manera de
mantener a toda mi familia, estando yo enferma”.
Membreño dijo a defensoresenlínea.com que “yo busco justica porque
esta cosa no puede ser que queden así, yo estoy dispuesta hasta ir al
final, hasta mirar resultado, hasta que se le haya hecho justicia”.
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Teodoro Acosta dejó cuatro hijos, entre ellos un bebé de diez días de
nacido, y a su esposa María Concepción, quien sostiene que desde que
murió su compañero de hogar “yo me siento con un vacío que ya no es lo
mismo”.
“Cuando él murió quedaron pequeños los cipotes y con ayuda logré
sacarlos adelante, ahora ya trabajan, por la situación ninguno de mis
hijos estudia, solo la niña es que estoy haciendo el intento, no es que
le estoy dando una buena educación, pero algo es algo”.
“Ya los otros así se me quedaron porque ya no pude, tuvieron que
trabajar porque no había de otra. El mayor quedó de 15 años, ahora ya
tiene 26, el segundo tiene 20 y con lo que trabajan podemos medio
vivir”.
Otras de las viudas de esa mañana de crueldad donde se derramó sangre
campesina es Yuni Yudit Ordóñez Acosta, esposa de José Luis Salcedo,
con quien había procreado un niño de tres años, al que ha podido sacar
adelante con mucho esfuerzo y sacrificio.
“Yo exijo justicia, que esta muerte no se quede impune, estamos
dispuestas a llegar a donde se pueda, porque aquí en Honduras han sido
casos olvidados, como si fueran perros los que han muerto”.
Por su parte Guadalupe Gallardo esposa de Raúl Castillo asegura que
en Honduras no hay justicia, ha acudido a la Fiscalía de Tocoa para
conocer cómo va el caso, si ha avanzado algo, pero no ha tenido ninguna
respuesta.
Ante esa negativa, señala Ordóñez, es que hemos acudido a pedir
apoyo al COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras ), y desde entonces yo he mirado como se han estado movilizando
para que el caso no quede impune, “es un gran apoyo que nos estén
llevando ese caso”.
En la emboscada donde se atacó con brutalidad a los campesinos hubo
también personas lesionadas, con graves secuelas, pero sobrevivieron
para contarlo.
Francisco Ramírez es uno de esos sobrevivientes, recibió un impacto
de bala en el rostro, en la parte derecha, saliéndole por el lado
izquierdo, destruyendo toda la encía con la dentadura, por lo que tiene
dificultad para comer bien.
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Francisco coincide con las viudas al sostener que en Honduras no hay
justicia y pide al Gobierno que tome en cuenta lo que sucedió el 15 de
noviembre del 2010 en El Tumbador, donde cinco campesinos fueron
asesinados y varios resultaron heridos, luego que militares, policías y
guardias de seguridad les emboscaran.
El campesino recuerda que ese día ellos iban con la intención de
dialogar con los guardias, cuando antes de llegar al portón, a unos diez
metros antes de llegar a la entrada los guardias los esperaban,
recibiendo al grupo de campesinos a tiros, dejando el sorpresivo ataque
un saldo de cinco muertos y varios heridos.
Ante la impunidad que ha existido durante estos nueve años, el Comité
de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la
Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y el Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL), presentaron el caso ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así lo dieron a conocer en
una conferencia de prensa el 31 de noviembre del año 2018.
Cabe señalar que el COFADEH acude periódicamente a la comunidad de
Guadalupe Carney para analizar y coordinar actividades en torno al
caso, y cada vez que se va a la zona se puede notar el color verde
olivo, donde los militares cuidan, pero solo lo intereses de los ricos e
intimidan a los campesinos.
“Cuándo se toma la decisión de los familiares de colocar el caso ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se busca aquí la
posibilidad de castigar de enjuiciar y que debería también de asumir la
parte de la reparación”, señaló la coordinadora general del COFADEH,
Berta Oliva.
Asimismo indicó que cuando el Estado ha promovido a través de sus
fuerzas policiales y militares reprimir, deja esas cantidades de
familias en la terrible soledad, en la orfandad.
“Debe de ser un Estado reparador de sus hechos cometidos, so no lo
hemos obtenido aquí, y no lo vamos a obtener, entonces tomamos la
decisión de enviarlo ante el Sistema Internacional”, añadió.
El caso fue presentado ante la CIDH hace más de seis meses y se está a
la espera que se le asigne número de admisión, pero se sigue trabajando
en la recolección de información y testimonios para estar informando a
la Comisión Interamericana cuando esta lo requiera.
“Este viaje que se realizó es parte de recolectar información, en qué
condiciones están los familiares, si están todos, si viven aquí, si
otros se han ido del país porque todo eso se genera en casos tan masivos
como es El Tumbador, no siempre están en el mismo lugar, y eso hay que
estarlo monitoreando y documentando para tenerlo listo cuando la
Comisión empiece a requerir más información”, agregó.
Finalmente señaló que uno tiene que estar en esa relación permanente,
no solo para motivarla si no para también darse cuenta del estado de
deterioro en el que están, la disponibilidad y el coraje y la
unificación del grupo.
Nueve años han pasado y las viudas y sobrevivientes de la finca El
Tumbador no han encontrado justicia para sus familiares por el daño que
les han hecho, y es por eso que con COFADEH buscan justicia para las
víctimas a nivel internacional, ya que en el país no la han encontrado,
porque el Estado se las ha negado.
https://defensoresenlinea.com/masacre-de-campesinos-en-el-tumbador-sigue-en-la-impunidad/
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