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Juan Orlando Hernández (Photo by HO / AFP)
Por Benjamin Weiser y Elisabeth Malkin /
Cuando un excongresista hondureño vaya a juicio la semana próxima en
Nueva York, acusado de conspirar para la importación de cocaína a
Estados Unidos, su hermano mayor estará ausente de la sala del tribunal,
pero será una presencia importante en el caso.
Sin embargo, aunque Hernández aceptó el miércoles un acuerdo que
permitirá que Estados Unidos obligue a algunos migrantes a solicitar
asilo en Honduras —un pilar del plan de Trump para frenar la migración—
los fiscales federales se estaban preparando para presentar pruebas de
que el presidente hondureño era miembro de la conspiración de
narcotráfico por la que se acusó a su hermano.
Juan Hernández, su hermano menor, Juan Antonio (Tony) Hernández —el
hombre que enfrenta el juicio— y otros políticos y funcionarios de la
policía fueron parte de un “plan criminal más amplio” para usar el
narcotráfico “con el fin de reivindicar el poder y el control en
Honduras”, escribieron los fiscales en una presentación del 2 de agosto
en un tribunal de distrito de Estados Unidos.
Señalaron que el presidente hondureño usó el dinero del narcotráfico
para ayudar a ganar las elecciones de 2013 y 2017, y que les ofreció
protección a los narcotraficantes que lo apoyaron.
Dijeron que Juan
Orlando Hernández también consideró eliminar una ley hondureña que
permitía la extradición de traficantes —una ley que él mismo había
impulsado en el Congreso cuando encabezaba ese organismo— porque temía
que Estados Unidos intentara extraditar a su hermano, según muestran los
documentos del tribunal.
Juan Orlando Hernández, de 50 años, no ha sido acusado en el caso, y
los fiscales no usan su nombre en los documentos del tribunal, sino que
lo etiquetan simplemente como CC-4, que significa conspirador número
cuatro. Sin embargo, no dejan lugar a dudas sobre su identidad: “CC-4
fue electo presidente de Honduras a finales de 2013”, escribieron los
fiscales.
Después de que las acusaciones se volvieron públicas en la presentación
del tribunal el mes pasado, manifestantes en Honduras, donde el
presidente cada vez es menos popular, renovaron el llamado a favor de su
renuncia, y muchos agregaron el código CC-4 a las iniciales del
presidente —JOH— en los letreros que aparecen en todos los mítines en
los que le exigen que renuncie.
El presidente ha negado de manera contundente cualquier participación en los crímenes de narcotráfico.
Las acusaciones del gobierno sobre Hernández son el giro más reciente
en una extensa investigación de narcotráfico por parte de la oficina del
fiscal de Estados Unidos en Manhattan y la Administración para el
Control de Drogas, la cual ha expuesto la corrupción en los más altos
niveles en Honduras, un país de alrededor nueve millones de habitantes
que también es hogar de una base militar estadounidense.
El país, plagado de pandillas violentas de la droga que han generado
una de las tasas de homicidio más altas del mundo, se ha convertido en
una puerta de entrada para enormes cantidades de cocaína transportadas a
través de México hasta Estados Unidos. Honduras también es el primer
punto de llegada de alrededor del 80 por ciento de los vuelos con
cargamentos de droga que salen de Sudamérica, según ha señalado el
Departamento de Estado.
En años recientes, los fiscales federales han acusado a por lo menos
siete funcionarios de las fuerzas nacionales de la policía de Honduras;
el hijo del expresidente del país; varios miembros de la familia
Rosenthal, una familia hondureña prominente en la política y el sector
bancario; por lo menos dos exalcaldes hondureños; y tres excongresistas
de la nación, entre ellos Tony Hernández, el hermano del presidente.
En una sentencia de 2017 de uno de los acusados, un fiscal dijo que las
pruebas mostraban que se trataba de una operación “de narcotráfico
respaldada por el Estado”.
Tony Hernández, de 41 años, se declaró no culpable de los cargos. En
caso de que lo sentencien, podría enfrentarse a una cadena perpetua. Su
abogado, T. Omar Malone, hace poco le dijo al juez Kevin Castel en el
tribunal que el caso de su cliente se vería afectado si en el juicio se
terminaba litigando “la historia geopolítica de Honduras”.
En su presentación reciente, los fiscales dijeron que Juan Hernández,
su hermano y otros conspiradores “dependían de las ganancias del
narcotráfico para financiar las campañas del Partido Nacional y otros
operativos políticos, así como para controlar grandes tramos del
gobierno hondureño, sobornar a funcionarios que ayudaban a asegurar el
paso seguro de su cocaína, y como un esfuerzo para protegerse del
escrutinio de la policía en Honduras y otros países”.
Juan Hernández, como su predecesor, Porfirio Lobo, “resultó electo a la
presidencia por lo menos en parte, gracias a las ganancias del
narcotráfico”, escribieron los fiscales. Lobo no ha sido acusado.
Como presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández logró impulsar un
cambio constitucional en 2012 que permitió la extradición a Estados
Unidos. Después de ganar la presidencia en 2013, comenzó a enviar a
líderes acusados de cárteles hondureños de la droga para que fueran a
juicio en Estados Unidos. También aceptó la ayuda del país
norteamericano para entrenar unidades especializadas de las fuerzas de
seguridad hondureñas con el fin de combatir a los narcotraficantes.
No obstante, los esfuerzos combinados parecen haber tenido un efecto
mínimo: el Departamento de Estado dijo este año que “no hay información
concreta que sugiera que ha disminuido el volumen total de drogas
ilícitas que se trafican en Honduras”.
*Copyright: c.2019 The New York Times Company
https://www.infobae.com/america/the-new-york-times/2019/09/28/el-presidente-de-honduras-es-una-presencia-inminente-en-un-caso-de-conspiracion-de-narcotrafico/
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