Incluso hay miembros de la Red Nacional
de Defensores y Defensoras de la Tierra y el Territorio (RENADETT),
vigilados por activistas gubernamentales, autoridades parlamentarias y
edilicias. A un compañero -denunciaron- que un diputado a través de
otras personas intenta localizarlo. Según el defensor, para entablar un
diálogo acerca de unas denuncias que ha hecho el líder campesino, por la
ilegal venta de tierras, pero en realidad desconoce el interés del
parlamentario.
La persecución alcanza a líderes
estudiantiles de los departamentos de Santa Bárbara, La Paz y Lempira,
de donde son originarios los nueve defensores y defensoras que
participan esta semana en el proceso de formación en derechos humanos
auspiciado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH), La Vía Campesina, Central Nacional de Trabajadores
del Campo (CNTC), Consejo Indígena Lenca Ambiental de Honduras (CILAH),
Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesinas (CODIMCA).
Represión armada en Santa Bárbara
En el departamento de Santa Bárbara, al
occidente de Honduras, los y las estudiantes se han unido a las luchas
convocadas por la Plataforma en Defensa de Salud y Educación, desde
finales de abril, y así mismo la presencia policial y militar ha atacado
a quienes se manifiestan.
El instituto “Eulogio Galeano Trejo”, en la
cabecera departamental, fue tomado por las y los estudiantes acompañados
de padres y madres familia, pero fueron amenazados por la Policía
Militar, que si no volvían a los salones de clases, los iban ir a
gasear.
Cabe señalar que en esa región, se
reportó una de los más violentos desalojos cuando el profesor Bayron
Rodríguez, fue torturado por la policía militar y lanzado al río
Chamelecón, al paso del cacerío La Flecha, el pasado 13 de junio.
También se denunció audiencias de
descargo contra algunos maestros que participaron en las manifestaciones
de la Plataforma, entre ellos el profesor Ángel Reyes a quien la
Dirección Distrital de Educación del municipio de San Nicolás, lo acusó
de faltarle el respeto a la directora de esa dependencia, Sury
Rodríguez, suspendiéndolo de sus labores sin goce de sueldo por dos
meses.
Una situación que preocupa a la
comunidad de La Presa, en el municipio de San Marcos, es que las cenizas
calientes de la caña procesada por una empresa azucarera, son tiradas a
la orilla del río Tapalapa, lo que ha provocado que niños y adultos
-por accidente- resbalen en la zacatera y se quemen la piel.
Mientras que, en el centro del país,
específicamente en Yarumela, La Paz, miembros del ejército asesinaron a
Eblin Noel Corea Maradiaga (17), la noche del 20 de junio tras
participar en una protesta social. El joven era un líder estudiantil y
su cuerpo fue exhumando el 31 de julio, para extraer la bala militar que
le quitó la vida, el COFADEH y la Red de Defensores y Defensoras de
Derechos Indígenas Lencas de La Paz (REDHIL-Paz), acompañaron el proceso
de observación y acompañamiento.
Asimismo, más de 700 defensores de los
bienes comunes de la naturaleza han sido criminalizados en la última
década, muchos de ellos con medidas sustitutivas a la prisión. Por otra
parte, cuando se ejecutan desalojos violentos, las fuerzas de seguridad
pública golpean, maltratan, torturan, gasean e intimidan a quienes
estén en las tierras, sin importar su edad, sexo o estado de salud. Y
sus cultivos y viviendas son destruidos o quemadas.
Para estos días, la población de
Guajiquiro ha salido a las calles a exigir el respeto a la dignidad
indígena que se opone a la instalación de represas hidroeléctricas;
además, los reclamos llegan hasta el actual alcalde Inocencio Hernández
García (Partido Nacional) y el ex alcalde Venancio López Corea (Partido
Liberal), ya que el proceso de instalación de la represa viene desde la
gestión anterior.
Al instalarse esa represa que desde ya la llaman “Aurora II” afectaría a más de 10 comunidades, y los municipios de San Antonio del Norte, San Juan, Lauterique, Ahuanqueterique, en La Paz; y en el sur del país por donde pasa el río Goascorán, serán afectados los municipios de Coray, Aramecina, Gosacorán, y Caridad en Valle; y parte de El Salvador.
Los defensores de Lempira
En el departamento de Lempira la
situación para los y las defensoras, también está difícil, comentaron
los integrantes de la RENADETT, ya que los dirigentes de las juntas de
agua son intimidados por denunciar la deforestación en la zona núcleo y
de amortiguamiento de la montaña de Puca, entre los municipios de
Gracias, Flores, Lepaera y La Iguala.
Son tres terratenientes que se dicen
dueños de la montaña, dos de ellos -al parecer- son parientes de Juan
Orlando Hernández, ilegal presidente de Honduras, y el otro lo
relacionan al Congreso Nacional.
El Ministerio Público y la Dirección de
Investigación Policial (DPI) ya tiene conocimiento de esta problemática
que causa deforestación, contaminación y daños a las cuencas de agua
que abastecen a las comunidades de Rodeito, Sile, la Misión, la Lima, el
Alto, Tablón, Zapote, Catato y la Asomada, en Gracias, más 12 pueblos
en los demás municipios.
Posición de la RENADETT
Por tales motivos, exigen el respeto merecido y estipulado en convenios y leyes nacionales e internacionales
que expresan el mandato hacia los Estados de proteger a los y las
defensoras de derechos humanos y la debida aplicación de justicia.
En base al Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los
pueblos indígenas y tribales, la RENADETT exige la aplicación de la
consulta libre, previa e informada evitando mas criminalización cuando
el pueblo exige respeto a la vida y naturaleza.
Esta pasantía se realizó previo al
Día Nacional e Interacional del Detenido Desaparecido, que es el 30 de
Agosto, por lo que los y las defensoras conocieron espacios de la Ruta
de la Memoria Histórica, en el centro de Tegucigalpa, iniciando en la
sede el COFADEH y concluyendo en la Plaza Los Desaparecidos.
https://defensoresenlinea.com/renadett-denuncia-persecucion-contra-defensores-comunitarios/
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