La flecha señala a Arnold Javier Alemán Soriano
Sábado, 31 Agosto 2019 - 01:12
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El defensor del ambiente Arnold Javier Alemán Soriano, quien junto
a otros 31 está siendo enjuiciado por los delitos de usurpación,
detentación de espacio público y daños, por defender sus territorios de
la empresa minera Inversiones Los Pinares, fue dejado en libertad
provisional este 30 de agosto de 2019, después de que la audiencia se
realizara en un cuartel militar.
El 29 de agosto la Audiencia Inicial de otro juicio en el que también
figura Soriano Alemán, fue suspendida porque la defensa del defensor y
de otros siete más, presentaron una recusación contra el juez que conoce
la causa, por encontrar que no está respetando el debido Proceso en el
juicio.
El Comité por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, realizó
una conferencia de prensa en el en dicho cuartel, para apoyar al
defensor Alemán Soriano, cuyo juicio está en el expediente 21-2019.
El Comité denunció la violación a tratados y convenios
internacionales al llevar a cabo una audiencia contra un civil en un
cuartel militar. El caso está siendo conocido por el Juez Claudio
Aguilar, quien se ha caracterizado desde el golpe de Estado, por
realizar las audiencias contra defensores de derechos humanos o de los
movimientos sociales, en cuarteles militares, lo que violenta el
principio de imparcialidad, tal como lo ha señalado en uno de sus
informes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CDH.
Con esta acción también se viola el principio de publicidad
contemplado en el Código de Procedimientos Penales, pues en una
instalación militar hay muchas restricciones, inclusive la intervención
de las comunicaciones de toda persona que ingresa al lugar.
Dos expedientes abiertos
Abogado Omar Menjívar
El Abogado Omar Menjivar, apoderado legal de Aguilar Soriano, explicó
que su defendido tiene dos expedientes abiertos, uno por Usurpación y
daños en perjuicio de Inversiones Los Pinares, y a su vez sobre el mismo
predio usurpado el Ministerio Público dice que también es en perjuicio
del Estado de Honduras, mediante la modalidad de detentación.
Menjivar explicó que la propiedad privada no es dual, o es privada, o
es pública. Es de la Empresa Inversiones los Pinares o es del Estado.
En ese mismo expediente se incluyó el delito de daños.
Alemán Soriano tiene un segundo expediente que fue presentado
posteriormente por Asociación Ilícita, Privación injusta de la Libertad,
Incendio Agravado y Robo, o sea seis delitos.
Refirió que a principios de marzo otros 12 defensores que tenían los
mismos delitos de Alemán Soriano, su causa fue sobreseída , “Esperamos
que eso pase con los demás que ahora estamos presentando, porque son las
mismas circunstancias, los mismos hechos, igual la misma evidencia que
tiene el Ministerio Público , sería sorprendente que la fiscalía saliera
con una prueba distinta para acomodar la posibilidad de tener un
resultado diferente en esta ocasión, pero eso sería una jugada inmoral,
eso no sería una sorpresa, pues el Ministerio Público ha decaído tanto”.
Argumentó que en Honduras no se tiene garantía de nada, la ley no es garantía de seguridad jurídica para nadie.
Asociación Ilícita tiene una reforma perversa que la hizo el que gobierna este país
Para el profesional del derecho el que siete imputados hayan sido
enviados a la Penitenciaría Nacional en la Audiencia de Imputado se debe
a la reforma que le hicieron al Código Penal cuando Juan Orlando
Hernández era presidente del Congreso Nacional, está en un listado de 21
delitos en el Código Penal que no admite una media distinta de la
prisión preventiva , o sea que siempre los mandan a detención juncial y
si se les dicta el auto de formal procesamiento en la audiencia inicial
entonces les pueden imponer la prisión preventiva, “allí los jueces no
tienen que analizar si no es proporcional, si hay peligro de fuga, si es
necesaria, ni si hay obstrucción de la ley, solo si hay sobreseimiento
se salvan de la prisión preventiva”.
Una justicia verde olivo
La década de los 80, se caracterizó por la falta de institucional y
por la bota militar en el cuello de la sociedad. Los uniformados gozaban
de total impunidad. La puesta en marcha de la Doctrina de la Seguridad
Nacional por los Estados Unidos les puso al mando de la arbitrariedad y
las autoridades civiles no decidían nada, sino solo obedecían los
mandatos del imperio.
La audiencia duró varias horas hasta pasadas 10 de la noche de este
30 de agosto de 2019. El Juez Claudio Aguilar solo permitió la entra de
unas pocas personas, entre ellas defensores y defensoras de derechos
humanos; un delegado del Comisionado Nacional de derechos Humanos,
CONADEH, una delegada de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos
Humanos de la ONU en Honduras, OACNUDH y los abogados defensores.
Afuera estaba el campamento del Comité Pro defensa de los Bienes
Comunes y Públicos, de Tocoa Colón, acompañado por organizaciones de
derechos humanos de Honduras e internacionales.
Amenazas de coroneles, supuesto miedo y anuncios de desalojo
Una Comisión del Comité en mención denunció ante el Consejo Nacional
de Protección que estaba reunido en sesión extraordinaria por el caso
Guapinol, que fueron objeto de amenazas de desalojo por dos coroneles,
uno de apellido Hernández, que les amenazó con desalojarlos si no
quitaban un ataúd que han cargado en señal de impunidad del Estado de
Honduras pues tiene enjuiciado a un defensor de Guapinol que murió desde
el año 2015.
“Quiten ese ataúd que eso trae malos augurios, y tal como lo tienen
puesto podemos morir varios de nosotros”, les manifestó Hernández.
El Campamento está muy vigilado por militares que les advirtieron a
las personas que allí se encontraban que debía permanecer fuera de una
raya amarilla, y cada vez que alguien la cruzaba venían de inmediato los
uniformados.
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