A
cinco años de entrada en vigencia la normativa que declara secretividad
en las actuaciones estatales hasta por 25 años, C-Libre denuncia que el
Poder Legislativo no solicitó un dictamen del Poder Judicial y fue
discutido en un sólo debate sin acreditar urgencia calificada, lo que
debe ser considerado una inconstitucionalidad por forma.
Este
recurso contra el decreto legislativo número 418-2013, que contiene la
Ley para la Desclasificación de Documentos Públicos Relacionados con la
Seguridad y Defensa, aprobado en el Congreso Nacional el 24 de enero de
2014 y publicado en el diario oficial “La Gaceta” número 33,373, con
fecha 07 de marzo de 2014, se une a los esfuerzos de C-Libre para
recobrar el derecho ciudadano a acceder a la información pública.
La
acción se realiza gracias al apoyo solidario de la organización
Abogados Sin Fronteras, junto a quienes también se han interpuesto
recursos contra la “Ley de Inteligencia”.
Para
C-Libre, la existencia de la Ley de Clasificación de Documentos
Públicos Relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional anula el
derecho al acceso a la información y el derecho a la libre expresión,
así como su ejercicio por parte del gremio periodístico y toda la
ciudadanía del país.
El
13 de enero de 2014, el diputado Rodolfo Zelaya Portillo, presentó el
proyecto de ley en sesión de Congreso Nacional. Posteriormente, no se
nombró una Comisión de Dictamen, sino que fue la Comisión Especial de
Seguridad que dictaminó como favorable la iniciativa del parlamentario
del Partido Nacional. Seguidamente fue el entonces secretario de la
junta directiva, Rigoberto Chang Castillo, quien solicitó la dispensa de
los siguientes dos debates.
El artículo 219 de la Constitución de la República establece: “Siempre que un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenida en los códigos de la República, no podrá discutirse sin oír la opinión de aquel tribunal”.
En
su función de promover y defender el derecho a la libre expresión y el
derecho a la información pública, C-Libre considera que ambos son
limitados por la vigencia del decreto 418-2013, ya que, para el normal
funcionamiento del Estado, éste debe propiciar en todo momento que la
información bajo su tutela se rija por los principios de Transparencia y
de Máxima Divulgación de la información.
El
16 de febrero de 2016, C-Libre también presentó un recurso de
inconstitucionalidad en contra de la “Ley de Secretos” por violentar los
derechos constitucionales, mismo que está a la espera de su dictamen
por la Sala de lo Constitucional.
Finalmente,
C-Libre considera legitima la demanda para que se declare con lugar el
recurso de inconstitucionalidad ya que en la aprobación del decreto
418-2013 se cometieron vicios de forma
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