Por: Redacción CRITERIO
Febrero 18,2019 / redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El
Juzgado de lo Penal con Jurisdicción Nacional emitió este lunes una
resolución mediante la cual se declara incompetente para conocer la
causa de los presos políticos, Edwin Róbelo Espinal y Raúl Álvarez.
Militantes del partido Libre protestaron
hoy frente al Poder Judicial, exigiendo la liberación de Edwin Róbelo
Espinal y Raúl Álvarez.
“Con
la resolución de hoy lo que ha quedado claro es que Edwin y Raúl han
sido privados de su libertad por una autoridad que no tenía autoridad y
la Constitución dice que nadie puede ser privado de su libertad si no es
por orden de autoridad competente, de un juez competente”, dijo el
abogado penalista, Omar Menjívar, apoderado legal de Edwin Róbelo
Espinal.
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Espinal,
de 42 años, y Álvarez, de 25 años, fueron detenidos el 16 y 19 de enero
de 2018, respectivamente, acusados de ser responsables de los daños que
ocurrieron contra el Hotel Marriot, en Tegucigalpa, el 12 de enero de
2018, durante una manifestación pública que denunciaba un fraude
electoral.
Los
imputados están recluidos desde enero de 2018 en la cárcel de máxima
seguridad, más conocida como “La Tolva”, ubicada en el municipio de
Morocelí, El Paraíso, acusados por los delitos de incendio y daño
agravado, luego de participar en las protestas que denunciaban un fraude
electoral y donde resultó con daños la estructura física de un hotel
capitalino.
Por
el tipo de delitos, (comunes) la causa de Álvarez y Espinal debió
conocerse desde un inicio por un juzgado común y no por un juzgado con
juriscción nacional, ya que éstos últimos se encargan de casos de alta
criminalidad.
Hasta
el momento las autoridades hondureñas no han admitido que los jóvenes
sean presos políticos como lo aseveran las organizaciones defensoras de
los derechos humanos, al argumentar que los delitos imputados no
corresponden a esa categoría.
Sin
embargo, Menjívar y Benedicto Santos—apoderado legal de Raúl Álvarez—
insisten que sus defendidos son presos políticos del régimen de
Honduras, que encabeza el gobernante, Juan Hernández.
Los
abogados sostienen que los jóvenes fueron apresados por protestar
contra el fraude electoral de noviembre de 2017, una motivación de
carácter político, aunque los delitos correspondan a otra categoría.
También
señalan que este caso es un mensaje para el resto de los ciudadanos,
para que vean y entiendan lo que les puede pasar si se atreven a
protestar.
Responsabilidad internacional
En
virtud de la violación al procedimiento, el abogado penalista apuntó
que existe responsabilidad internacional por parte del Estado de
Honduras, porque el Estado tiene obligación de garantizar, promover y
respetar los derechos humanos de sus ciudadanos.
En
ese sentido, Menjívar dijo que una vez que se agote el proceso
internamente, las víctimas están en su derecho de proceder a demandar al
Estado de Honduras por violación a sus derechos.
Menjívar
apuntó que la jurisdicción especial con competencia territorial a nivel
nacional y el aparato militar que funciona a su alrededor, a la que han
sido sometidos Espinal y Álvarez, fue creada para perseguir al crimen
organizado y no para perseguir a ciudadanos que protestan.
Añadió
que dicho tribunal es para enfrentar a un enemigo muy peligroso, que es
el crimen organizado, donde se ha clasificado a Edwin Robelo Espinal y a
Raúl Álvarez, sin ser tan siquiera responsables de algún delito, porque
hasta el momento no ha existido ninguna prueba que incrimine a los
imputados por los delitos atribuidos.
Omar Menjívar, apoderado legal de Edwin Róbelo Espinal.
El
Tribunal de Competencia Territorial remitirá entre hoy y mañana el
expediente al tribunal ordinario de justicia penal, que es al que
eventualmente le habría correspondido conocer del caso.
En
aplicación de la Constitución, la defensa de Edwin Róbelo Espinal y
Raúl Álvarez pidió la anulación del proceso y por consiguiente la
libertad de los mencionados, sin embargo, eso no fue aceptado y ahora lo
que procede es que un juez ordinario conozca la causa.
En virtud
que el Ministerio Público no ha presentado las pruebas que incriminen a
los inculpados, estará en manos del juez ordinario la aplicación de
medidas distintas a la prisión.
Legalmente
hoy se ha allanado el camino de la libertad para los dos presos
políticos, “pero desde luego estos casos tienen otra serie de
ingredientes, de circunstancias que lo rodean, que casi siempre hacen
que la ley no se aplique como debe ser”, manifestó Menjívar.
Persecución política
El
abogado Benedicto Santos, cuantificó que en el marco de la crisis
postelectoral de noviembre de 2017, alrededor de 3.000 hondureños que
protestaban contra el fraude electoral fueron detenidos por las fuerzas
de seguridad del Estado. De estos, 180 fueron judicializados y alrededor
de 60 penalizados.
Santos, apuntó que muchas personas fueron acusadas por delitos de extorsión, sin presentar ninguna prueba.
El coordinador de Libre y expresidente de
Honduras, Manuel Zelaya Rosales, dijo que los militares no quieren que
se libere a Edwin Róbelo Espinal y a Raúl Álvarez.
Este
lunes en el marco de la audiencia del Tribunal con Jurisdicción
Nacional, militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre),
encabezados por diputados y el coordinador de este instituto político y
expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, realizaron un mitin en
las afueras del Poder Judicial, para exigir la liberación de Edwin
Róbelo Espinal y Raúl Álvarez.
Zelaya
Rosales dijo que Espinal y Álvarez tienen derecho a defenderse en
libertad y demostrar su inocencia, “pero este es un régimen represivo y
creo que ha habido información, que los militares se oponen a su
liberación”, expresó.
https://criterio.hn/2019/02/18/tribunal-se-declara-incompetente-de-conocer-caso-de-los-presos-politicos/
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