A eso de las 11:50 de la noche, del sábado 23, una silueta asomó por
la ventana de la sala judicial donde permanecían por más de 15 horas,
defensores del Río Guapinol. La señal fue juntar ambas muñecas de sus
manos, como si llevara puestas esposas policiales.
Producto
del cansancio por un viaje de ocho horas, desde Tocoa, departamento de
Colón, muchas personas se durmieron en el suelo aledaño del Juzgado de
Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa; pero a las 11:30 de
la noche se levantaron, juntaron y retornaron las consignas solidaridas
con sus compañeros y compañera, que son tratados como delincuentes, por
oponerse a empresas mineras que violentan derechos humanos, convenios
internacionales y sentencias para el caso, de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte- IDH), que determinó llamar al Parque Montaña
Botaderos (dónde se instalaría la mina Los Pinares) con el nombre de
“Carlos Escaleras” en memoria del ambientalista asesinado hace dos
décadas.
A las
11:58 de la noche, compareció públicamente el abogado Carlo Jiménez, del
Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que como parte del equipo
defensor, confirmó lo que “El el juez ha dictado prisión preventiva” expresó con un pausado tono de voz. Agregó
que el togado Víctor Méndez no tuvo potestad sobre su investidura de
Juez con Jurisdicción Nacional, denegando un recurso de
inconstitucionalidad, que violenta doctrina y jurisprudencia
internacional.
Ellos y
ella (defensores) han mostrado su interés en atender el proceso dónde se
les responsabiliza de usurpación y daños en perjuicio de empresa minera
“Los Pinares”, en Ceibita, municipio de Tocoa, por lo que podían
esperar la audiencia inicial gozando de medidas sustitutivas a la
prisión, y decretar detención judicial, cómo lo pidió la defensa,
explicó Jiménez, pero les dictó prisión preventiva.
Ya pasada las 12 de la noche de este
domingo 24, expresó que Méndez determinó enviarlos a Támara, dónde está
la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” y el Centro Especial
Femenino de Adaptación Social (Cefas), así mismo uno de los
criminalizados será llevado al centro penal de Olanchito, departamento
de Yoro.
La audiencia inicial será el jueves 28
de febrero, por lo que al defensor llevado a Olanchito, deberá ser
traído a Tegucigalpa, lo que será un poco complicado teniendo casi 500
kilómetros de distancia, explicó el abogado Omar Menjivar, integrante
del equipo legal de los criminalizados.
Es así que Víctor Méndez siguió la línea
del primer Juez con Jurisdicción Nacional, Carlos Irías de León, que
tomó el caso en el Juzgado de La Ceiba, el jueves 21, y que habría dicho
que no hacer diferente a su labor, y era que no podía darles medidas
contrarias a la prisión, según declaraciones emitidas en su momento por
Menjivar.
Según el expediente 148-2018 hay 18 personas con orden de captura
por los delitos de usurpación y daños en perjuicio de Inversiones Los
Pinares, que se instalaría en una zona de amortiguamiento. “Hemos
salvado al rio” afirmó uno de los defensores que se vino desde su
comunidad a apotar al grupo sometido a una audiencia de más de 20 horas
entre viernes y sábado. Sin contar el traslado equivalente a 430
kilómetros de carretera.
“Guapinol está herido pero no vencido”
afirmaron los y las pobaldoras, quienes están dispuestos a enfrentar el
sistema judicial hondureño, aún sabiendo las consecuencias.
“Sí me criminalizan vengo a presentarme
anya el juez” afirmó doña María Victoria, quién a sus 73 años no da
muestras de cansancio.
“Ellos saben que no hay mejor acto de
revolución que la alegría y están concientes de la grave situación que
enfrentan por la situación de país” declaró Berta Oliva, coordinadora
general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(COFADEH), y de la coordinación nacional de la Convergencia Contra el
Continuismo, además de la coordinación política la Coalición Contra la
Impunidad.
La decisión del juez Víctor Méndez no es
tan inesperada, ya que se vive en un régimen dictatorial donde se
criminaliza a los y las defensoras del ambiente, y a los que cometen
actos de corrupción se le deja en libertad, detalló Esly Banegas,
representante de la Coordinado de Organizaciones Populares del Aguán
(COPA).
Para Kevin Esquivel, es sorprendente que
no cese la impunidad y la corrupción en el país, y hoy su padre, don
José Eugenio Esquivel, un hombre de convicciones y solidario, es tratado
como un criminal.
Entre los y las criminalizadas hay
líderes sociales, comunales, defensores de DDHH, Celebradores de la
Palabra de Dios, dirigentes de juntas de agua y compañeros de la
Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y COPA.
El jueves volverán al juzgado de La Granja:
1. Juan Carlos López (aparece en ambos requerimiento)2. Carlos Leonel George George (aparece en ambos requerimiento)
3. Reinaldo Dominguez Ramos (aparece en ambos requerimiento)
4. Juventino Cruz Hernandez (aparece en ambos requerimiento)
5. Lourdes Elizabeth Gomez Rodas (aparece en ambos requerimiento)
6.Juan Francisco Cruz Garcia (aparece en ambos requerimiento)
7.Jose Eugenio Esquivel (aparece en ambos requerimiento)
8. Rigoberto Rodríguez Arita (solo aparece en el primero requerimiento)
9.Jose Adalid Cedillo Mendoza (aparece en ambos requerimiento)
10. Juan Manuel Cruz Hernández (aparece en ambos requerimiento)
11. Jose Santos Hernandez (aparece en ambos requerimiento)
12. Marcos Tulio Ramos (solo aparece en el segundo requerimiento)
13. Ally Magdaleno Dominguez Ramos (solo aparece en el segundo requerimiento).
http://defensoresenlinea.com/prision-preventiva-para-defensores-de-guapinol/
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