Hace unos días en el encuentro nacional
de redes de defensores y defensoras de DDHH convocado por el COFADEH,
tres de sus integrantes compartieron su experiencia en este proceso de
aprendizaje junto a la práctica que les ha permitido mantenerse
organizados desde el 2012.
Miriam Lara,
procedente del municipio de Santa Ana, departamento de Francisco
Morazán, llegó al
COFADEH siendo parte de una red local de defensoras,
en el 2012. Ha sido compartido en eventos nacionales e internacionales
dónde expone la situación de vulnerabilidad que enfrentan los y las
defensoras hondureñas.
Allan Torres,
llegó a la REDEHSUR en el 2015, en el marco de una huelga de hambre
exigiendo una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), debido al desfalco más grande de la historia nacional que dejó en crisis al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Uno de los huelguistas era Abel Pérez, miembro de la Red y ahora
condenado por usurpación en su derecho a la defensa de la tierra. Ambos
son de Amapala, Valle; y directivos de la Asociación para el Desarrollo
de la Península de Zacate Grande (ADEPZA).
Andrea Vásquez,
es de la tercera etapa de este proceso, tiene unos meses en la REDEHSUR
y ha sido parte de varias actividades de acompañamiento, documentación y
observación de consultas populares en zonas donde se defiende la tierra
y el territorio, la joven es integrante del colectivo Bastión del Sur,
en Choluteca, un grupo que mantiene constante protesta contra el régimen
de Juan Orlando Hernández.
Entre 19 y 23 años de edad, este
defensor y defensoras de derechos humanos comparten espacio con personas
adultas, lo cual les ha permitido aprender de su experiencia y lucha
según el municipio donde habitan.
En la zona sur se ha puesto la visión
gubernamental y extractivista irrespetando el derecho a la consulta
libre, previa e informada, con proyectos de energía eólica y fotovoltaica;
el interés de la creación de Zona de Empleo y Desarrollo Económico
(ZEDE), concesiones de ríos y tierras para la extracción minera, entre
otros proyectos turísticos como “La Ruta del Sol”,
en Coyolito, Amapala, que forma parte el denominado programa “Llegó la
Hora del Sur”, inaugurado por Hernández en vísperas de la Semana Santa
del 2014.
El programa gubernamental se creó para
reactivas la economía de Choluteca y Valle -en palabra de Hernández-;
Sin embargo, en la Semana Santa del 2015, un grupo campesino de Playa
Blanca, en la Península de Zacate Grande, tuvo la iniciativa de preparar
un terreno de uso publico desde siempre, para un parqueo provisional y
generar ingresos económicos a la comunidad.
El supuesto dueño del predio, Jorge Luis
Cassis Leiva, denunció a Abel Pérez, Santos Hernández y Tomás García
por los delitos de usurpación, daños y perjuicio. La Jueza de Amapala
los encontró culpables, incluso Pérez y Hernández estuvieron 101 días en
prisión, en juicio Oral y Público fueron condenados a cinco años y un
mes de cárcel, mientras que García fue sobreseído definitivamente, este
proceso judicial lo dejó con un deteriorado estado de salud.
Este es sólo uno de los casos que
criminaliza a defensores de derechos humanos, la tierra y el territorio.
Cabe señalar que la misma jueza Iris Amanda Hernández, reconoció a Abel
como defensor de derechos humanos cuando le dictaba prisión preventiva
por incumplimiento de medidas contrarias a la prisión en mayo del 2016,
sin tomar en cuenta el coste económico que implica cruzar desde tierra
firme a la Isla el Tigre, donde está el libro que registra las firmas de
imputados.
A lo largo de estos seis años la
Redehsur ha llegado a los municipios de Santa Ana, Ojojona y Alubarén
(Francisco Morazán); Nacaome, Amapala y San Antonio de Guarumas (Valle);
Pespire, Orocuina, Morolica y Choluteca (Choluteca), donde deben
enfrentar a autoridades civiles y militares-policiales debido a
problemas ambientales, calentamiento global, desempleo, migración,
olvido gubernamental, destierro y acceso a la tierra y playas.
Militarización, persecución judicial, amenazas contra la vida,
hostigamiento y vigilancia permanente.
“A mis compañeros de la REDEHSUR y la ADEPZA les digo que no se
desanimen, que no le teman a la prisión, porque desde aquí se puede
continuar con la lucha, solo temerle a la muerte porque así si no
podríamos hacer nada”. Abel Pérez en prisión (2016)
Otra integrante de la REDEHSUR y Adepza,
criminalizada es la defensora de DDHH, Ethels Corea estuvo procesada
durante siete años, por la defensa del territorio donde se encuentra el
campamento internacional de observación de DDHH y la cabina de radio
comunitaria “La Voz de Zacate Grande” (LVZG), en Puerto Grande, Amapala.
Fue sobreseída junto a más de 20 campesinos de la península, en
diciembre del 2016 porque el caso prescribió y no porque se haya
impartido justicia.
Así mismos, hay criminalización contra el líder social Pedro Canales
(quien por motivos de salud cedió a Allan Torres la presidencia de la
ADEPZA); y Danilo Corrales, integrante de la Red, se les acusa por
defender el acceso a la tierra para la radio LVZG, desde su instalación
en el año 2010.
Hemos presentado denuncia y solicitud de
información por el atentado contra el miembro de la Red, Ronnie Hareth
Portillo, originario de Morolica, a quien personas con indumentaria
militar le dispararon la noche del 11 de marzo en el municipio de
Apacilagua, Choluteca, previo a las elecciones primarias, dejándolo
gravemente herido, recordó Miriam.
Allan Torres, miembro de REDEHSUR y presidente de ADEPZA
Es un breve resumen de lo que hemos
enfrentado, detalló Allan, quien rescata la oportunidad de tener acceso a
una radio comunitaria y él ser comunicador social. En LVZG, desde la
REDEHSUR hablamos de derechos humanos, y desde ADEPZA tenemos apoyo para
contribuir en la articulación y desarrollo de actividades, agregó.
“Acompañar a nuestros amigos y otras
personas criminalizadas son oportunidades de crecimiento personal y
colectivo” expuso Mirian, por lo que una de las metas es consolidar la
membresía con capacidades instaladas por el COFADEH para documentar,
asesorar y denunciar las violaciones a los derechos humanos.
Así como estar pendientes se cualquier
acción que vulnere la vida de las personas que se manifiestan en las
calles en su legítimo derecho a la protesta social, agregó Andrea, quien
ha visto como elementos policiales y militares agraden y capturan
-especialmente- a menores de edad que se pronuncian contra el régimen de
Hernández, en Choluteca.
Redehsur junta experiencia y sueños
Andrea, Allan y Miriam juntan espectativas y experiencia para que la REDEHSUR avance
Lucha, fuerza, unidad y capacitación,
algunos elementos que esperan para el próximo año los jóvenes
defensores que participaron en el encuentro nacional de redes de
defensores de derechos humanos que convergen con el COFADEH.
Compartir con otras redes fortaleció sus
conocimientos. Esta Red ha tenido la oportunidad de movilizarse a otras
regiones y recibir redes en su localidad. Eso es un compromiso para
conocer nuestra realidad, que lamentablemente es parecida a nivel
nacional, apuntaron los representantes de la REDEHSUR, la semana
anterior en Tatumbla, al oriente de Tegucigalpa.
Ser defensor en uno de los países más
peligrosos para esta labor, no es fácil, sentimos el riesgo, a veces
sentimos miedo, pero seguiremos en la defensa de la vida, de la tierra y
del territorio, finalizaron, mientras recordaban a defensores y
defensoras de ddhh asesinadas en Honduras.
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