Por: Redacción CRITERIO
Septiembre 3,2018 / redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El
crimen de los dos jóvenes estudiantes la semana pasada en Tegucigalpa
ha dejado un mal sabor en la sociedad hondureña, que sigue exigiendo una
respuesta coherente y lógica de los hechos.
Los
estudiantes del instituto Técnico Honduras, Gerson Daniel Meza Medina
(18) y Mario Enrique Suárez Gómez (19), aparecieron ejecutados el vienes
31 de agosto en la aldea La Montañita, al oriente de Tegucigalpa.
LA CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
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Los
jóvenes participaron en las tomas del colegio los días anteriores a su
crimen. Junto a sus compañeros exigían una rebaja a los combustibles y
un bono estudiantil para cubrir los gastos de transporte. Durante las
protestas fueron reprimidos por la policía con el lanzamiento
indiscriminado de gases lacrimógenos.
Durante
los días de las protestas, en los medios de comunicación pertenecientes
a las corporaciones, comenzaron a llamarlos de vagos y vándalos.
Pasaron
unos pocos días de las protestas, cuando el miércoles 29 de agosto las
redes sociales comenzaron a informar que los muchachos habían
desaparecido. Sus familiares no informaron nada al respecto.
A
los dos días siguientes, en horas de la tarde del viernes 31 ya se
conoció a través de los medios de comunicación y la misma policía
informó que, los muchachos habían sido encontrados ejecutados en la
aldea La Montañita, una zona boscosa, ubicada al oriente de la capital
Tegucigalpa, donde en los 80, durante la “guerra fría”, se convirtió en
un cementerio clandestino.
A
raíz de las evidencias fotográficas, la gente comenzó, siempre a través
de las redes sociales, a acusar a la ATIC de ser la responsable del
doble crimen y de haber emprendido una campaña de limpieza social para
deshacerse de los estudiantes que luchan contra el sistema político y
económico.
Ante
las acusaciones, el departamento de comunicaciones de la ATIC salió al
paso limitándose a decir que los uniformes que andaban los captores de
los estudiantes no pertenecían a la unidad de investigación.
Las
críticas sobre la reacción no se hicieron esperar ya que la agencia
evidenció que su preocupación estaba centrada en caracterizar el
uniforme y no en dar respuesta al crimen.
Posteriormente,
el domingo a las 8:00 de la mañana, mediante un comunicado informal
publicado en sus redes sociales, la Fuerza de Seguridad
Interinstitucional Nacional (Fusina), aseveró que existe “un grupo
criminal que se hace pasar por agentes de la Agencia Técnica de
Investigación Criminal (ATIC) y son los responsables de asesinar a los
jóvenes estudiantes: Gerzon Meza y Mario Suarez”.
¿IRRESPONSABILIDAD O MANIPULACIÓN?
Sin
presentar las pruebas del caso, Fusina, que integra a todas las
agencias de seguridad, investigación e inteligencia del Estado, aseguró
que no son agentes de la ATIC los que participaron en el crimen de los
estudiantes.
Ante
los últimos cuestionamientos, la ATIC se definió ser un ente técnico
que se ha convertido en el brazo fuerte de la Fiscalía y que goza del
respaldo de la comunidad nacional e internacional.
Ayer
en un programa televisivo el director de la Fuerza Nacional Anti Maras y
Pandillas (FANAMP), Amílcar Hernández, dejó entrever que los
estudiantes del Técnico Honduras eran miembros de maras y pandillas. De
acuerdo a la lógica de Hernández, la vinculación de los muchachos con
las maras y pandillas, se puede constar en las publicaciones que hacían
en las redes sociales.
“Sólo es
de ingresar a las páginas de Facebook y ahí puede usted determinar cómo
andaban estos jóvenes”, dijo temerariamente el director de la FANAMP.
Hasta
el momento el director de la ATIC, Ricardo Castro, no se ha pronunciado
sobre el tema. Sin embargo, Casa de Gobierno emitió ayer domingo un
comunicado en el que asegura que en el crimen de los estudiantes no
participaron agentes de la ATIC. Curiosamente el gobierno hace la
aseveración sin haber efectuado ningún proceso de investigación y a la
vez sustenta que la agencia de investigación es “un ente organizado
eminentemente técnico y científico que en los últimos años se ha
convertido en el brazo fuerte y eficiente del Ministerio Público”.
Para el director de Casa Alianza, Guadalupe Ruelas, las aseveraciones de Fusina y del gobierno son desafortunadas porque no pueden asegurar que los hombres que ejecutaron a los estudiantes no son agentes de la ATIC sin antes hacer una investigación.
Ruelas
dijo que por los elementos que rodean el hecho, el caso de los
estudiantes es una ejecución “arbitraria, extrajudicial”, porque los
jóvenes fueron sacados de una vivienda sin mediar conflicto y porque
luego, para ser vistos, fueron encontrados ejecutados con balazos en la
cabeza, atados de pies y manos y con señales de tortura.
Añadió
que lo que se espera de la autoridad es una repuesta con altura y
responsabilidad, “pero lo que recibimos es una respuesta infantil”, ya
que hasta el momento la respuesta de la ATIC es que no son sus agentes
los que están involucrados en el caso.
Hasta
el momento el Estado lo que ha dicho es, “yo no fui, fueron falsos
agentes”, pero entonces, “la pregunta es cómo lo saben si estaban
encapuchados, cómo lo saben si no han hecho la investigación a fondo.
El
protector de la niñez y juventud en riesgo social, apuntó además que
las acciones del gobierno, son un intento por lavar la cara de una
institución gubernamental, olvidándose del problema central, que es el
crimen de los estudiantes.
ESCUADRONES DE LA MUERTE
En
medio de la polémica, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya
Rosales, emitió un comunicado en su condición de coordinador del Partido
Libertad y Refundación (Libre) en el que establece que en el país
existen escuadrones de la muerte y que bajo las órdenes del régimen de
Juan Hernández, asesinaron a los estudiantes.
No
es la primera vez que Zelaya Rosales hace estas fuertes aseveraciones,
lo hizo hace más de dos años. En esta oportunidad ha demandado una
investigación independiente formada por personalidades fuera el ámbito
gubernamental, dirigidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Hasta
este lunes en horas de mediodía, la representante de la OACNUDH en
Honduras, María Soledad Pazo no se había pronunciado sobre el tema.
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ANTECEDENTES DE LA ATIC
El
11 de junio del presente año se produjo la muerte misteriosa de la
agente de la ATIC, Sherill Yubissa Hernández Mancía. La joven de 28 años
venía trabajando desde hace tres años en la unidad de investigación y
estaba asignada en la occidental ciudad de Santa Rosa de Copán.
Paradójicamente, inició como investigadora de crímenes en la Unidad de
Homicidios.
Su
caso ha sido envuelto en un velo de misterio. Por un lado, el director
de la ATIC, Ricardo Castro alega que la joven se suicidó; en tanto la
directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, sostiene que el
informe forense establece que el caso de Hernández Mencía es un
homicidio.
Cuando
se comenzó a ejecutar la tercera operación “Avalancha” de la ATIC en
contra de la MS – 13 y en la semana de su muerte, Sherrill procesaba y
coordinaba información confidencial. Algunas evidencias de casos se
embalaron para ser trasladadas a San Pedro Sula y Tegucigalpa.
En este caso se presume el involucramiento de los mismos compañeros de la ATIC.
A
finales de junio, la directora de Medicina Forense denunció ante el
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) que por el manejo
del crimen de la investigadora de la ATIC, había recibido amenazas a
muerte.
Una
fuente reveló a este medio de comunicación que la ATIC estaba
“infiltrada” por la MS-13 y que ya existían muchos crímenes cometidos
por sus agentes.
Hace
tres semanas dos hombres fueron acribillados en horas del día en una
gasolinera en San Pedro Sula por hombres con indumentaria de la ATIC.
Otro
notorio crimen que pone en entredicho al sistema de seguridad y
justicia en Honduras, es registrado contra Sara Yesennia Castillo, una
joven de 15 años, quien fue capturada el 21 de julio por agentes de la
ATIC, acusada por el delito de tráfico de drogas. De acuerdo a la ficha
presentada por la agencia de investigación, la joven era integrante de
la pandilla 18 y residía en la colonia Tiloarque de Comayagüela.
Castillo fue encontrada ejecutada ayer domingo en una plantación de caña
en el municipio de Villanueva, Cortés en el norte de Honduras.
Al
momento de su captura, la ATIC presentó a la joven ante los medios de
comunicación y difundió sus fotografías en los medios de comunicación y
redes sociales, pese a que el Código Penal prohíbe la exposición de los
menores de edad.
https://criterio.hn/2018/09/03/una-ejecucion-extrajudicial-que-embarra-a-la-atic/
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