Tegucigalpa.-Tras
nueve años violaciones al debido proceso y otras transgresiones, la
Corte Suprema de Justicia de Honduras reincorporó a sus puestos a la
Tirza Flores Lanza como magistrada de la Corte de Apelaciones del
Trabajo de San Pedro Sula, y a Guillermo López Lone a su cargo como juez
del tribunal de sentencia en la misma ciudad.
Flores
y López Lone fueron destituidos de manera arbitraria, como represalia a
sus roles en la defensa de la democracia en el marco del Golpe de
Estado que enfrentó Honduras en el año 2009.
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Producto
de las violaciones de derechos humanos incurridas y por la falta de
voluntad política por parte del Estado hondureño para resolver el
asunto, el caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH), que sentenció al Estado en el año 2015.
La
resolución del presidente de la Corte Suprema de Justicia cumple
finalmente con lo dictado por el Alto Tribunal interamericano y ordena
que el reintegro se dé en “cargos similares a los que desempeñaban al
momento de los hechos, con la misma remuneración, beneficios sociales y
rango equiparables a los que corresponderían en caso de que se les
hubiese reincorporado en su momento”.
“Ésta
decisión es muy importante porque demuestra —una vez más— que las
actuaciones de quienes nos destituyeron fueron ilegales y no quedaron
impunes. La reincorporación a la judicatura es un mensaje de respaldo
para aquellas juezas y jueces que creemos en la democracia y que estamos
dispuestos a defenderla a toda costa.”, expresó la magistrada Tirza
Flores, en respuesta a la decisión.
El
proceso no estuvo exento de altibajos. En el 2016, el Estado propuso
soluciones alternativas al reintegro, con el objetivo de mantener sin
cumplir la decisión de la Corte. Ante esto, en el 2017 la Corte IDH
consideró que los argumentos aportados por el Estado para no reintegrar a
la magistrada y al juez eran improcedentes.
P
ara
la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) esta decisión da cuenta de
que las personas encargadas de administrar justicia no pueden ser
acusadas, perseguidas ni despedidas por la defensa de la democracia ni
por ejercer sus cargos de manera independiente. La independencia del
Poder Judicial se debe respetar, y esta decisión respalda este principio
que es la piedra angular del Estado de derecho.
En
su sentencia, la Corte IDH determinó que Honduras violó la libertad de
expresión, derecho de reunión, derechos políticos, derecho de
asociación, garantías judiciales y protección judicial, derecho a
permanecer en el cargo en condiciones de igualdad y principio de
legalidad, en el marco de los procesos disciplinarios realizados en
contra de los jueces. Los casos de la magistrada Flores Lanza y el juez
López Lone son emblemáticos y han permitido sentar un precedente
histórico que fortalece la independencia judicial.
https://criterio.hn/2018/09/24/reincorporan-a-sus-puestos-a-magistrada-y-juez-destituidos-durante-el-golpe-de-estado-de-2009/
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