
La Paz, 27 Septiembre 2018 (Conexihon) por Cesario Padilla.-
Una denuncia hecha por el periodista Fabricio Garibaldi Mejía, en sus
redes sociales referente a la Cooperativa Taulabé Limitada, provocó una
querella en su contra.
Esta
acción se presentó este lunes 24 de septiembre, en los Tribunales de
justicia de la ciudad de La Paz, en la zona central del país. Caso que
lo acompaña el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), con la
representación del abogado Mario Rojas y un defensor privado.
Las
denuncias hechas por el periodista en su cuenta de Facebook describen
despidos injustificados y el mal uso de fondos de la Cooperativa en
proyectos habitacionales. De estos casos, Garibaldi aseguró tener las
pruebas.
La
audiencia de conciliación contó con la cobertura, pero, además, la
solidaridad de sus compañeros comunicadores de La Paz. Cerca de 45
minutos duró la audiencia para ver si se conciliaba, pero al no haber
acuerdo, el caso se elevará a juicio oral y público en los tribunales de
la ciudad de Comayagua.
Al
salir de la audiencia, Garibaldi aseguró que, de haber conciliado con
la parte querellante “es parte de la impunidad, ser tapadera de actos de
mala toma de decisiones que pudiesen estar orientadas a la corrupción”.
El periodista dirige y presenta su programa transmitido los sábados y domingos, en canal 55 de la localidad.
De acuerdo con el artículo 157 del Código Penal vigente, la pena por el delito de injuria es de uno a dos años de reclusión.
Al
ser procesado penalmente por el delito de Injurias, a raíz del uso de
su cuenta personal en Facebook, el comunicador consideró que su derecho a
la libre expresión está siendo violentado.
“Lo
que quieren es callar, que no se diga lo que hemos investigado”,
enfatizó Garibaldi. Por ello, continuará su denuncia hasta que los actos
salgan a luz pública. Además puntualizó que no puede taparse la verdad
para los más de 30 mil afiliados de la Cooperativa Taulabé, con sede en
Comayagua.
En
dos oportunidades fue víctima de persecución por desconocidos en un
automóvil, al salir de su espacio de los fines de semana. Por estas
acciones responsabilizó a quienes “nos quieren callar” si llegase a
pasar algo en mi contra.
Normativa penal utilizada para callar denuncias de periodistas
A
partir de las publicaciones del periodista Garibaldi, en la red social
de Facebook, se reabre un episodio dónde se criminaliza por denunciar
diferentes actos en el departamento de La Paz.
A
opinión de Mario Rojas, de C-Libre, la práctica de quienes controlan el
sistema, es utilizar el derecho penal, específicamente a través de los
delitos contra el honor para callar voces que denuncian actos de
corrupción o por publicar información en su poder.
En
el caso de su representado, el apoderado legal de la Cooperativa
Taulabé Limitada, solicitaba como acto conciliatorio una disculpa
pública en su cuenta de Facebook, así como dirigir una carta a la Junta
Directiva de la Cooperativa para retractarse de sus publicaciones.
Rojas sostuvo que esta petición no fue aceptada por el periodista Garibaldi “ya que, lo que él ha dicho tiene fundamento”.
De hecho, la Declaración Conjunta sobre libertad de expresión e internet,
adoptada por expertos en la materia en julio de 2011, señala que para
evaluar una restricción a la libertad de expresión en internet, "se debe
ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad
de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión".
Orellana,
quién también forma parte del equipo legal que defiende al periodista
Fabricio Garibaldi, rechazó esta persecución a la prensa ya que según el
Artículo 72 constitucional garantiza la libre emisión del pensamiento y
expresión.
Describió
a su defendido como un “connotado en el departamento”, siempre ha
estado con las causas justas, denunciando cualquier acto de corrupción o
que violente los derechos por parte de particulares o del mismo Estado.
En
la localidad, existen amenazas contra quienes a título personal
denunciamos, apuntó el titular del Capítulo de los profesionales del
derecho en la ciudad. incluso "cuando ocurrió la crisis post electoral
donde hubo fraude, a título personal hicimos algunas publicaciones y
hubo quienes nos decían que no podíamos publicar eso".
A
pesar de que estas acciones persistan contra comunicadores o ciudadanía
en general “es la valentía la que hace que sigan denunciando y desde mi
posición seguiremos apoyando estas iniciativas”, puntualizó el abogado
Orellana.
El
proceso continuará al Tribunal de Sentencia de la ciudad de Comayagua,
donde se fijará una fecha para el juicio oral y público contra el
periodista Fabricio Garibaldi.
Casos en los que criminalizó la libre expresión en Redes Sociales
Gilberto Gálvez: En
noviembre de 2014, el periodista que labora y reside en la ciudad de La
Paz, zona central del país, escribió en su cuenta de Facebook “un
alcalde inauguró un proyecto de 40 millones de lempiras y que esos sí
son alcaldes completos, también hablé de un puente de La Paz, de cerca
de medio millón de lempiras y lo que yo he preguntado es ¿si se
justificará toda esa inversión?”. A raíz de esto, la alcaldesa Gilma
Ondina Castillo interpuso una querella contra Gálvez, misma que fue
declarada inadmisible por el Tribunal de sentencia en agosto de 2015 de
Comayagua. El Caso lo acompañó la Iniciativa "Periodismo y Democracia".
- Ver: Caso Gilberto Gálvez
Jennifer Padilla:
Fue citada a una audiencia de descargo, el 23 de junio de 2015 al
departamento de Recursos Humanos del Instituto Hondureño de Seguridad
Social (IHSS), porque cuatro días antes (19 de junio) denunció en su
perfil de Facebook un comentario critico sobre el desfalco de miles de
millones de los fondos del centro asistencial.
En
el acta de audiencia de cargos y descargos, efectuada contra Padilla el
23 de junio de 2015, cita una parte de dicha acta: “Cabe señalar que en
ningún momento se les está restringiendo ni coartando la libertad de
expresión, sino por haberse aprovechado de este derecho en detrimento de
la institucionalidad del IHSS.
El
caso fue acompañado por el Centro PEN-Honduras, a través de su
presidente Dina Meza, la abogada Kenia Oliva y la lideresa y defensora
Gladys Lanza (QEPD).
Elvin Francisco Molina:
Ex Empleado de Alimentos Continental, fue capturado el 21 de enero de
2016 acusado por el delito de “atentar contra el sistema financiero”,
luego de que publicara en su cuenta de Facebook una serie de reclamos
para obtener sus prestaciones laborales tanto suyas como de sus
compañeros de una de las empresas del Grupo Continental, quien fue
objeto de una liquidación forzosa en octubre de 2015. En marzo de 2016
Molina se le decretó sobreseimiento definitivo.
Luis Almandares: En
abril de este año, el periodista fue citado por el Juez de la Policía
Municipal de la ciudad en mención, acusando al comunicador de "apología
al odio". El periodista publicó en su cuenta de Facebook un video donde
se muestra un violento desalojo contra vendedores ambulantes en la
ciudad de Comayagua. A la audiencia, se hizo acompañar por un equipo del
Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Posteriorimente Almendares
interpuso una denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos (CONADEH).
- Ver: Caso Luis Almendares
http://www.conexihon.hn/index.php/libertad-de-expresion/817-por-denuncia-en-redes-sociales-cooperativa-querella-a-periodista
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