Tegucigalpa, 11 Septiembre 2018 (Conexihon).-
Doce organizaciones defensoras de los bienes comunes y de los derechos
humanos, rechazaron este martes el acuerdo ministerial 1402-2018, de la
Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MI AMBIENTE), el
cual se reserva información referente a estudios, licencias ambientales
entre otros.
En
un comunicado, las organizaciones plantearon que dicho acuerdo, se crea
en un contexto donde “el Estado apuesta por un modelo de desarrollo
basado en el extractivismo y despojo de los territorios”.
El
acuerdo ministerial fue publicado en la edición número 34,721 del
Diario Oficial “La Gaceta”, el 17 de agosto del presente año; y en su
primer apartado, textualmente dice:
“Declarar
como Información Reservada lo relativo a los Estudios de Carácter
técnico contenida en las solicitudes de licencias ambientales, al igual
que otros trámites ambientales presentadas ante esta Secretaría de
Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE),
así como la ubicación de los mismos, garantizando la protección de la
información técnica entregada por los particulares”.
El Principio 10 de la Declaración de Río, sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
promulgada en 1992, habla que toda persona, en el plano nacional, debe
tener “acceso adecuado a la información sobre medio ambiente”, esto
incluye información sobre materiales y actividades que encierran peligro
en sus comunidades.
Además,
la Declaración de Río, versa que debe existir la oportunidad para que
la
ciudadanía participe en los procesos de toma de decisiones.
“Los
Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la
participación de la población poniendo la información a disposición de
todos”.
Por
lo que las organizaciones y personas firmantes, exigieron derogar el
Acuerdo 1402-2018. Del mismo modo, demandaron la creación de un portal
de información en el que estén contenidas las evaluaciones de impacto
ambiental, informes técnicos y legales, resoluciones ministeriales y
licencias ambientales otorgadas.
Las
organizaciones firmantes son: Alianza Isleña para la Justicia Social
Ambiente Desarrollo y Capacitación (ADC), Asociación de Pescadores de
Pequeña Escala de Cedeño (APECE), Asociación de Organismos No
Gubernamentales (ASONOG), Asociación para una Ciudadanía Participativa
(ACI Participa), Bay Islands Conservation Association Roatán (BICA
Roatán), Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del
Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF).
También
suscribió la Federación de Patronatos de Islas de la Bahía, Fundación
San Alonso Rodríguez (FSAR), Instituto de Derecho Ambiental de Honduras
(IDAMHO), Red Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería
(RENACAMIH), y Roatán Marine Park (RMP).
Además
acompañaron con su firma Jorge Varela Márquez (Premio Internacional del
Ambiente Goldman 1999), Laura Palmese (Abogada), Susy Núñez y Fabricio
Herrera (ambos defensores de los derechos humanos).
Corrupción y represión, contexto hondureño según Global Witnness
"Cuando
las personas tienen un gran interés en que un proyecto avance, tienden a
no mostrar muchos escrúpulos a la hora de asegurarse de que así sea”,
destacó Global Witness en su informe “¿A qué precio?: Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra en 2017”.
Para
la organización internacional, la corrupción causa gran parte de la
violencia contra las y los defensores de la tierra y el medio ambiente.
Según
las estadísticas de Global Witness para el año 2017, cinco defensores y
defensoras de la tierra y los bienes comunes de la naturaleza fueron
asesinados. Nueve menos en comparación cifra baja en comparación a 2016
(14 asesinatos).
Sin
embargo, para Global Witness los ataques hacia quienes ejercen
defensoría de derechos humanos se agudiza al enfrentar represión,
criminalización, amenazas de muerte y brutalidad policial.
De
acuerdo a datos de organizaciones nacionales de derechos humanos, más
de 600 proyectos extractivistas mineros e hidroeléctricos han sido
aprobados en el país. En los últimos meses, se mantienen conflictos en
comunidades como Azacualpa, en Copán; así como la resistencia que hacen
pobladores en defensa del Río Guapinol, en el departamento de Colón.
Por
la oposición a una hidroeléctrica, el COPINH y la familia de la
defensora Berta Cáceres, han denunciado su asesinato, y actualmente ocho
presuntos hechores material directos e intermedios serán sometidos a
juicio oral y público el lunes 17 de septiembre en Tegucigalpa.
Una
de las fuertes denuncias es la falta de información de parte del
Ministerio Público en torno a las investigaciones y los empresarios de
la hidroeléctrica.
Al
menos el 35 por ciento del territorio hondureño está concesionado por
la industria extractivista, así lo denunciaba Cáceres, defensora de los
bienes comunes de la naturaleza.
http://www.conexihon.hn/index.php/transparencia/792-organizaciones-y-ambientalistas-exigen-derogar-acuerdo-que-mantendra-informacion-de-concesiones-en-secretividad
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