La CIDH reiteró su preocupación por el Plan Guardianes de la Patria, al considerer que impulsa una cultura castrense contraria a la paz, además de estigmatizar y poner en riesgo a los niños y niñas de determinados sectores sociales.La Comisión Interamericana anunció que dará seguimiento a las muertes ocurridas en el marco de la crisis post electoral.
Por: Redacción CRITERIO
Agosto 3,2018 / redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Al
culminar una visita in loco a Honduras, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), señala que en el país centroamericano la
situación de impunidad estructural y la corrupción han erosionado la
confianza en las instituciones públicas.
Como
resultado de esa debilidad institucionalidad, la CIDH sacó a colación
el reciente proceso de elección del Fiscal General, el cual “mostró la
debilidad de la normativa y la necesidad de regular la misma. También
resultó preocupante la falta de equilibrio entre los poderes públicos
que permitan el óptimo funcionamiento del Estado de Derecho”, reza el
informe preliminar de la visita in loco que se efectuó del del 30 de
julio al 3 de agosto.
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DESIGUALDAD
El
informe señala que la desigualdad y falta de desarrollo para algunas
poblaciones está enraizado en un sistema que beneficia a una élite
minoritaria, la cual tiene relaciones con altas esferas de poder
político y privado. En este contexto, se presenta una desigualdad
estructural que afecta de manera desproporcionada a grupos en situación
de vulnerabilidad.
La CIDH insta a todos los
sectores políticos relevantes a participar en el diálogo, como un paso
importante para la reconciliación nacional.
Respecto
al conflicto postelectoral, la Comisión refiere que observó que
persiste un clima político polarizado. “Dada la percepción pública
sobre la falta de legitimidad de las elecciones, se generaron protestas
que fueron reprimidas mediante un uso indiscriminado y desproporcionado
de la fuerza”, establece, al agregar que en la represión también
participaron las fuerzas armadas, en contradicción con los estándares
interamericanos en la materia.
En
un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa
entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa
nacional como función de las fuerzas armadas: CIDH
VÍCTIMAS MORTALES DE LA CRISIS POST ELECTORAL
Por
otra parte, refiere que con la respuesta estatal a las manifestaciones
por lo menos 22 personas fueron asesinadas; ceintas resultaron heridas,
incluidos agentes de las fuerzas de seguridad; y más de mil fueron
detenidas, muchas de la cuales denunciaron malos tratos durante la
captura y posterior privación de libertad. Asimismo, se reportaron
denuncias por allanamientos ilegales de vivienda por parte de elementos
de fuerzas de seguridad.
La
CIDH fue informada por el Estado que, a fin de determinar la verdad
relacionada con los asesinatos en este contexto, se constituyó la mesa
de validación de casos, que se integra por la Dirección de Fiscalías, la
Fiscalía de Delitos contra la Vida, la Unidad Fiscal Adscrita a la
Policía Militar del Orden Público, y la Dirección Policial de
Investigación.
A
pesar de ello, la CIDH no cuenta con mayor información sobre el
progreso o desarrollo de las investigaciones respectivas. Además, las
familias no estarían siendo informadas sobre las mismas. La CIDH urge al
Estado a avanzar en las investigaciones con la debida diligencia
requerida, con el fin de identificar a los responsables, juzgarlos, y en
su caso, sancionarlos.
A
más de ocho meses de ocurridos los hechos, las víctimas y sus
familiares siguen reclamando la falta de acceso a la información sobre
el desarrollo de las investigaciones y resultados concretos en materia
de justicia.
La
Comisión Interamericana anunció que dará seguimiento a las
investigaciones que se realizan por las muertes ocurridas en el marco de
la crisis post electoral, así como por las denuncias de malos tratos
durante el arresto y detención de personas por parte de la Policía
Militar y de la Policía Nacional. La Comisión advierte que a la fecha,
no se habrían presentado cargos contra ningún elemento de las fuerzas de
seguridad, por su supuesto involucramiento en los asesinatos o lesiones
ocurridas en dicho contexto.
DIÁLOGO
La
CIDH señala que partir de las denuncias de fraude y ante los hechos de
violencia ocurridos en el marco de las protestas posterior a las
elecciones, se discute la instalación de un diálogo politico. La
Comisión considera que esta crisis exige una salida democrática,
incluyente y participativa. En Este sentido, “la CIDH insta a que todos
los sectores políticos relevantes a participar en el diálogo como un
paso importante para la reconciliación nacional”.
Las
observaciones preliminares de la visita incluyen valoraciones sobre la
situación de seguridad ciudadana. Se observa una disminución de la tasa
de homicidios, la cual a pesar de ello continúa siendo alta. Se advierte
además un incremento de la participación de las fuerzas militares en
múltiples ámbitos y funciones relacionados con la seguridad pública. Se
recibió información preocupante respecto del involucramiento de agentes
militares en asesinatos, ejecuciones, secuestros y detenciones
arbitrarias en contra de civiles y el desplazamiento forzado de
civiles. La CIDH también recabó información sobre la falta de control
sobre armas de fuego ilegales así como a la proliferación de empresas de
seguridad privada.
Asimismo,
la Comisión analizó la situación de la administración de justicia, y
constató que persisten los problemas estructurales que fueron
identificados en 2014 que debilitan las garantías de independencia e
imparcialidad y que han contribuido a que se configure una situación de
impunidad estructural.
La
Comisión notó la profunda desconfianza existente en el aparato de
justicia, la cual también fue reconocida por algunos funcionarios,
destacando la importancia de recobrarla. Asimismo, jueces y juezas
continúan siendo sometidos al control disciplinario del Consejo de
Carrera Judicial al ser declarada inconstitucional el Consejo de la
Judicatura, el cual no constituye un órgano autónomo e independiente de
la Corte Suprema. Por otra parte continúan operando los jueces y
fiscales de “jurisdicción nacional”, quienes serían asignados por el
Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). La CIDH reitera la
importancia de que la normativa que sustenta dicho régimen sea revisada,
en vista de que en el mencionado consejo participan autoridades del
Poder Ejecutivo y Judicial a través de una actuación conjunta, que pone
en duda su independencia e imparcialidad para investigar y sancionar los
casos que conocen.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En
relación con el derecho a la libertad de expresión, la Comisión observó
un panorama de extrema complejidad en Honduras. La persistencia de
elevados niveles de violencia contra periodistas y la impunidad de la
mayor parte de los crímenes continúa siendo un grave problema. A este
aspecto estructural hay que sumar la decisión del Poder Legislativo de
aparentemente mantener los delitos de injurias, calumnias y otras
figuras que afectan a la libertad de expresión en la reciente reforma
integral del Código Penal y la presentación de un proyecto para regular
las redes sociales.
Asimismo,
en el contexto de la crisis poselectoral se registraron agresiones
graves de actores estatales y no estatales a medios y periodistas, y se
generó una ola de amenazas, estigmatización y ataques en redes sociales a
periodistas de ambos lados de la fractura política y social en la que
se encuentra sumergido el país. También habría incluido presiones a
directores de medios y periodistas para influencias la cobertura de las
elecciones y los hechos que siguieron.
DESIGUALDAD
En
las Observaciones Preliminares también se analizan la persistencia de
altos niveles de desigualdad y exclusión social que afectan a grandes
sectores de la población. Específicamente, se continúa observando graves
dificultades y desafíos en el acceso a necesidades básicas,
oportunidades de empleo, bienes naturales como la tierra y medios de
supervivencia.
Específicamente,
en relación con el disfrute del derecho a la alimentación, la Comisión
ve con preocupación las denuncias sobre la limitación al acceso a las
fuentes de producción en beneficio de empresas transnacionales de
agroindustria y amenazas normativas para restringir el uso,
almacenamiento e intercambio de semillas tradicionales por parte de
comunidades indígenas y campesinas.
DERECHO A LA SALUD
Respecto
del derecho a la salud, existe una situación especialmente preocupante
en cuanto al acceso a medicamentos y tratamientos esenciales por parte
de los grupos poblacionales más desfavorecidos del país. Asimismo, en
cuanto al derecho a la salud sexual y reproductiva, la Comisión lamenta
que el Estado siga criminalizando el aborto de manera absoluta y
prohibiendo la distribución de anticonceptivos orales de emergencia. En
territorio Miskito, se constató que no existe una debida dotación de
equipo y personal médico en los centros de salud. Esto se evidencia de
manera especial en el Hospital de Puerto Lempira, que atiende a toda la
población del Departamento de Gracias a Dios, con serias carencias de
equipamiento, energía eléctrica y especialidades médicas. La CIDH pudo
observar que la misma situación de falta de acceso a servicios afecta a
las comunidades Panamá y Garífuna.
DERECHO A LA EDUCACIÓN
En
cuanto al derecho a la educación, además de los reclamos en materia de
educación bilingüe e intercultural, existe un constante reclamo por la
falta de infraestructura básica y personal docente, así como derechos
laborales y sindicales.
El
documento de Observaciones Preliminares contiene un análisis
pormenorizado de la situación particular de grupos de especial
preocupación: mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas lesbianas,
gay, bisexuales, trans e intersex; defensoras y defensores de derechos
humanos; personas bajo custodia del Estado, incluyendo personas privadas
de libertad y justicia juvenil; pueblos indígenas y afrodescendientes;
personas desplazadas internamente; migrantes, personas con necesidad de
protección internacional, y retornados. En este documento se presenta un
resumen de las observaciones sobre cada uno de esos grupos.
MUJERES
La
CIDH reitera su preocupación por la grave situación de violencia contra
las mujeres en Honduras, las diversas formas en que éstas se expresa y
sus consecuentes altos índices de impunidad.
Los femicidios, en el 90%
de los casos, continúan en la impunidad, facilitando la violencia y
discriminación de género. De igual forma, la CIDH observa con
preocupación la violencia ejercida contra mujeres en situación especial
de riesgo, tales como mujeres LBTI y defensoras de derechos humanos.
En
cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y
adolescentes, el aborto continúa penalizado en todas las circunstancias,
incluyendo cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer.
Honduras es uno de los cinco países del mundo que no prevén al menos las
causales mínimas para la realización de un aborto. A eso se suma el
dictamen de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe la pastilla de
anticoncepción oral de emergencia. La promoción, uso, venta,
distribución y compra de esta pastilla tiene penas equivalentes a las
del aborto, incluso en casos de atención a la víctima de violación. En
cuanto al acceso a servicios de educación sexual, la CIDH ha sido
informada sobre la falta de planes integrales de prevención, educación y
acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, incluyendo a
métodos de planificación familiar.
Niñas, niños y adolescentes
Resulta
preocupante el impacto que la situación socio-económica tiene en los
derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en su bienestar y
en las oportunidades que tienen de desarrollarse plenamente. La pobreza
infantil en Honduras es la más severa en toda América Latina. De la
población infantil de menos de 4 millones, hay 435.000 niñas y niños
trabajando. Más de un millón de niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17
años no acude regularmente a la escuela o se encuentran fuera del
sistema educativo. Los indicadores son aún más abrumadores en la niñez
indígena, afrodescendiente y con discapacidad, y debe prestarse especial
atención a la integración al sistema educativo de la niñez migrante
retornada y la desplazada por la violencia.
La
CIDH reitera su preocupación por el Plan Guardianes de la Patria, que
introduce a las Fuerzas Armadas y la policía en el ámbito educativo, con
la finalidad de controlar la presencia de maras y pandillas en las
escuelas, así como la venta y el consumo de drogas. Dicho programa
impulsa una cultura castrense y contraria a la paz, además de
estigmatizar y poner en riesgo a los niños y las niñas de determinados
sectores sociales.
Asimismo,
la CIDH manifiesta su preocupación por el elevado número de embarazos
adolescentes y por el nivel de violencia sexual que experimentan las
niñas y las adolescentes. Honduras es el segundo país con mayor embarazo
adolescente en América Latina, con un promedio nacional de embarazo
forzado adolescente en 24% entre las adolescentes de 15 y 19 años. La
Comisión insta al Estado a incluir en la currícula escolar, materias
relacionadas con la educación sexual y reproductiva.
Respecto
de los centros juveniles de detención, la información al alcance de la
Comisión indica que se caracterizan por deficientes instalaciones,
insalubridad, falta de programas socioeducativos que permitan una
efectiva reinserción, e inseguridad e ingobernabilidad como consecuencia
del control que las pandillas ejercerían al interior.
Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI)
La
CIDH saluda la iniciativa del plan de educación en derechos humanos en
el que se prioriza la enseñanza de la temática de género y diversidad
sexual en las escuelas. La educación en derechos humanos juega un rol
trasformador hacia los cambios culturales en las sociedades para
eliminar prejuicios estructurales, discriminaciones históricas,
estereotipos y falsos conceptos sobre las personas LGBTI.
Sin
embargo, la CIDH observa que en Honduras las personas LGBTI se
enfrentan a actos de violencia y discriminación generalizada que
normalmente permanecen en la impunidad. Al respecto, según información
aportada por organismos de la sociedad civil, en los últimos 5 años, se
reportan 177 asesinatos contra estas personas; incluyendo 21 en lo que
va de este año y dos durante la visita de la CIDH. De estos asesinatos,
se han abierto 65 investigaciones, sin que en ninguna de ellas se haya
emitido una condena.
Defensoras y defensores de derechos humanos
Se
registran importantes avances en institucionalidad en materia de
defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo la aprobación de
la Ley de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos,
Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. No
obstante estos avances, la Comisión observa que defensoras y defensores
de derechos humanos continúan enfrentando una situación de extremo
riesgo debido a la permanente violencia, criminalización y difamación a
la que están expuestos.
La
Comisión subraya que el Estado de Honduras tiene el deber de luchar
contra la impunidad de los ataques en contra las personas defensoras de
derechos humanos, lo cual implica la realización de investigaciones
serias, independientes y transparentes para identificar a los autores
intelectuales y materiales, procesarlos y garantizar una reparación
adecuada.
En
reuniones con sociedad civil y personas defensoras en Bajo Aguán, San
Pedro Sula, Tegucigalpa y Tela, la Comisión recibió múltiples
testimonios que refieren al uso de tipos penales como usurpación,
injurias y calumnias, atentado, o la amenaza de presentar demandas
civiles en su contra como método para obstaculizar la defensa de
derechos humanos, estos procesos se utilizan comúnmente como un método
de hostigamiento judicial para desalojar por la fuerza a los
agricultores y silenciar la resistencia local.
Personas privadas de libertad
La
Comisión destaca el incremento del presupuesto asignado en 2017, sin
embargo, advierte el notable incremento de las tasas de hacinamiento
durante los últimos años. La Comisión observa que la prisión preventiva
constituye uno de los problemas más graves que enfrentan las personas
privadas de libertad en el Estado hondureño, con más de la mitad de la
población carcelaria bajo este régimen. La Comisión observa que estas
cifras reflejan que la prisión preventiva se aplica de manera contraria a
la excepcionalidad de su naturaleza, y que afecta de manera
desproporcional a mujeres.
Durante
los últimos años, el Estado ha construido tres “megacárceles” que
parten de un modelo basado en regímenes de máxima seguridad que buscan
controlar la actividad delictiva que pudiera orinarse al interior de los
centros de detención. Al respecto, la Comisión advierte que con el
establecimiento de este tipo de cárceles, y en consecuencia, con la
aplicación de regímenes de máxima seguridad, se privilegia el modelo de
seguridad sobre uno que se basa en la garantía de los derechos humanos
de las personas privadas de libertad y de sus familias.
En
relación con la militarización, la Comisión advierte que a pesar de que
la normativa en la materia prohíbe la presencia militar en el sistema
penitenciario, y de que el Estado había informado sobre la transición de
la función penitenciaria a una institucionalidad civil, se presenta un
notable involucramiento de las Fuerzas Armadas en el sistema
penitenciario. La formación militar no resulta idónea para controlar y
gestionar los centros de detención, debido a que a consecuencia del
propio adiestramiento castrense, se presentan particulares violaciones a
los derechos humanos, tales como el uso excesivo de la fuerza en sus
labores de custodia, y aplicación de reglamentos más estrictos de
control de la población privada de libertad.
Por
otra parte, la Comisión se encuentra especialmente preocupada por las
deficientes condiciones de detención observadas en las cárceles
hondureñas que fueron visitadas. Estos centros se caracterizan por
alarmantes niveles de hacinamiento, deficiente infraestructura, falta de
separación entre personas procesadas y condenadas, insalubridad,
ausencia de programas efectivos para reinserción, atención médica
negligente, alimentación deficiente, y escaso e inadecuado acceso al
agua.
Pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades garífunas
La
Comisión recibió denuncias sobre la falta de demarcación, titulación y
saneamiento del territorio de pueblos indígenas y afrodescendientes
recibió información preocupante relacionada con la emisión, por parte de
instituciones públicas y autoridades judiciales, de títulos privados a
terceros en parte de los territorios reivindicados.
La
Comisión expresa su preocupación ante los obstáculos que enfrentan los
pueblos indígenas para gozar de sus tierras, territorios y recursos
naturales. Dicha problemática fue constatada en la visita a la Comunidad
Garífuna de San Juan, en donde incluso se informó que muchos de sus
miembros tuvieron que desplazarse debido a la presión sobre sus
territorios por parte de terceros.
La
CIDH recuerda que los pueblos indígenas tienen un derecho de propiedad
comunal sobre las tierras que han usado y ocupado tradicionalmente. Los
Estados tienen la obligación de prevenir la invasión o colonización del
territorio indígena por parte de terceros.
Adicionalmente,
la Comisión recibió información sobre las diversas actividades de
exploración minera, y proyectos turísticos e hidroeléctricos dentro de
los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes sin una
consulta previa, libre e informada. El Estado informó que actualmente se
encuentra ante el Congreso Nacional un proyecto de ley sobre consulta
previa a efectos de garantizar los derechos de los pueblos indígenas y
afrodescendientes.
En
su visita a la zona de la Moskitia la Comisión observó un cuadro de
pobreza, desempleo, falta de servicio sanitario y de energía, y falta de
fuentes de agua y saneamiento. Asimismo, la CIDH recibió múltiples
testimonios respecto de la inadecuada implementación de un programa
culturalmente apropiado de educación bilingüe. La Comisión también
documentó las múltiples afectaciones que continúan sufriendo los buzos
miskito durante la pesca submarina.
Personas desplazadas internamente
Durante
la visita la CIDH, recabó testimonios de personas que indicaron que se
vieron forzadas a desplazarse internamente como consecuencia de diversas
formas de violencia, entre las que se encontraba la violencia de maras y
pandillas; la violencia de género e intrafamiliar; la violencia basada
en la orientación sexual e identidad de género diversa; la violencia
ejercida por actores estatales en el contexto postelectoral, el
desplazamiento ocasionado por la implantación de industrias extractivas;
así como el desplazamiento ocasionado por desastres naturales.
Migrantes, personas con necesidad de protección internacional y retornadas
En
Honduras, a pesar de las necesidades de protección que tienen muchas de
las personas hondureñas que migran al exterior, la CIDH observa que el
número de personas deportadas es cada vez mayor debido al endurecimiento
de políticas migratorias en Estados Unidos y en México.
En
materia de personas migrantes desaparecidas en la ruta migratoria y la
investigación de los delitos y violaciones cometidos en su contra, la
CIDH recibió información de organizaciones de la sociedad civil sobre
desafíos que aún enfrentan familiares de migrantes desaparecidos para la
búsqueda e identificación de sus seres queridos. Al respecto, el Estado
informó que desde el 2012 hasta la fecha de la presente visita han
registrado 440 casos de hondureños desaparecidos, de los cuales han
realizado pruebas de ADN a 974 familiares de los hondureños
desaparecidos.
En
lo relativo a migrantes retornados, la CIDH considera que el Estado
debe garantizar que se ofrezcan programas de reintegración a los
migrantes que sean devueltos a Honduras. A efectos de garantizar una
reintegración eficaz y centrada en los derechos humanos, el Estado
hondureño debe, entre otras medidas, velar porque se preste apoyo
económico, sociocultural y psicosocial a los migrantes que regresan y a
las comunidades de origen antes, durante y después del retorno.
Durante
la visita in loco que se efectuó del 30 de julio al 3 de Agosto, la
Comisión Interamericana sostuvo reuniones con autoridades
gubernamentales; con representantes y organizaciones de la sociedad
civil, personas defensoras de derechos humanos, autoridades indígenas,
organismos internacionales, académicos, periodistas y sector privado.
Asimismo,
recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y
sus familiares. La CIDH realizó visitas sin restricciones a diversas
regiones, incluyendo Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela, Puerto Lempira,
el Bajo Aguán; y visitó varias instituciones estatales, incluyendo
centros de privación de libertad y bases militares.
La
delegación estuvo encabezada por la Primera Vicepresidenta, Esmeralda
Arosemena de Troitiño; e integrada por el Segundo Vicepresidente Luis
Ernesto Vargas Silva; las Comisionadas Flávia Piovesan y Antonia
Urrejola, y el Comisionado Joel Hernández García, Relator de la CIDH
para Honduras. Asimismo, integraron la delegación el Secretario
Ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrão; la Secretaria Ejecutiva Adjunta,
María Claudia Pulido; la Jefa de Despacho del Secretario Ejecutivo,
Marisol Blanchard Vera, el Relator Especial para la Libertad de
Expresión, Edison Lanza; la Relatora Especial para los Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García
Muñoz, y especialistas de la Secretaría Ejecutiva.
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