La
avalancha de víctimas del postgolpe electoral de noviembre 2017,
escuchadas de nuevo por la CIDH esta semana, no encuentra ninguna
garantía de justicia y de no repetición de los hechos. Igual sucede con
las personas defensoras del territorio, los bienes de la Naturaleza,
comunicadores independientes, y los jóvenes estudiantes particularmente.
Al
contrario, las víctimas sobrevivientes del fraude han sido atacadas
nuevamente con prejuicio y violencia al exterior de la sede temporal de
la Comisión, en Tegucigalpa, por el mismo aparato represivo que hizo las
“fichas de inteligencia”, persecuciones, lesiones, muertes físicas,
criminalizaciones mediáticas y procesos penales en los últimos siete
meses en todo el territorio nacional.
Lamentablemente
no puede interpretarse de otro modo este “exceso de autoridad” más que
como un gesto de abierto desafío e irrespeto a la CIDH, cuyo máximo
ejecutivo en el secretariado general de la OEA penosamente pactó con la
mafia hondureña su continuismo ilegal, criminal y aberrante que
entristece a Honduras.
En
este contexto las víctimas de los conflictos agrarios, ambientales y
defensores del Estado de Derecho en todo el país siguen sin la atención
judicial que merecen. Y que exigen.
De
más está decir que acciones como la liberación de la banda de ladrones
de Pandora estimula la impunidad absoluta en toda materia penal en el
país y ello se convierte en paternidad de nuevas violaciones a derechos
humanos en forma sistemática, y autoriza a los jefes del cartel a
continuar masacrando a la población.
Nos
entristece verdaderamente la vulgarización de medios de comunicación
tradicionales comprometidos con la pauta de la dictadura narco-corrupta
que, además de pervertir habitualmente la información nacional,
estigmatizan sectores vulnerables de la sociedad hondureña para
lanzarlos a las garras de policías y militares violentos, esencialmente
criminales.
Repudiamos
concretamente el llamado que hace el predicador, político liberal y
egresado universitario Renato Álvarez a la inteligencia de la dictadura
para perfilar a los manifestantes de la Universidad Nacional y
entregarlos sin capucha a la policía pretoriana para su intercepción
violenta.
Hemos
tenido respeto y aprecio por el periodista Álvarez, a quien hemos
acompañado en sus peores momentos de limitación de libertad de expresión
desde el inicio de su carrera en Radio América y durante las décadas
del 90 y 2000 en canal 63 y en TVC. Y en cualquier instante del presente
estaríamos dispuestas a ofrecerle la mano, si su derecho a expresarse
estuviere limitado o coartado.
Pero
la vehemencia, lindante con la pasión del dogma característica de toda
una generación de apóstoles de la televisión matutina que él ha exhibido
en lo personal la mañana del jueves anterior, no tiene a su favor
nuestra indiferencia. Tiene nuestra desaprobación a riesgo de recibir
agravios.
Nos
vemos en la obligación de reprochar el abuso delante de la audiencia de
un medio nacional que pontifica, juzga y emite sentencia contra jóvenes
estudiantes universitarios opuestos al encarecimiento de la factura de
transporte público y a los efectos de la dictadura en general.
“El
Estado debe dejar de ser pasivo e indolente, y actuar contra estos
anarquistas improductivos que son una vergüenza para el país. Y al
actuar no se violentan los derechos humanos como argumentan los
defensores”.
Esta
licencia entregada desde el púlpito de canal 5 la mañana del jueves 1
de agosto tiene consecuencias funestas; constituye una línea política
del medio que Álvarez representa y cuyo dueño principal es fundador de
la Asociación para el Progreso de Honduras, APROH, responsable de
financiar e instigar en 1980 la represión política que asesinó a más de
380 opositores al militarismo respaldado igualmente por la CIA y el
Pentágono.
Convocar
la represión de este modo es una actitud excesiva de su parte Renato,
que puede inclusive corresponsabilizarle en indeseables hechos
ulteriores que podrían producirse en atención a su exhorto. Rectifique,
excúsese de inmediato, desconvoque la violencia, o acepte el peso de la
responsabilidad compartida con quienes cumplirán sin vacilar esta línea
dura.
El
Cofadeh rechaza la exclusiva apropiación de Honduras por el gobierno de
Estados Unidos que impone armas, presupuestos de defensa y militares
represivos, amparado en elites corruptas que subcontratan localmente las
iglesias, medios, fiscales y jueces sicarios para imponer el
continuismo del modelo neoliberal de muerte.
Por
ello también hoy repudiamos absolutamente la separación forzada de
madres, padres e hijos inmigrantes por el partido republicano y su
aparato militar en territorio estadounidense, porque se basa en el
racismo más cavernario de la historia de la humanidad.
Existen
más de 700 niños y niñas centroamericanos secuestrados en bases
militares del Pentágono expuesto a la adopción forzosa o a la
experimentación científica ilegal. Y ello es reprochable y debe ser
censurado por toda la Humanidad.
Con
la memoria histórica de frente este primer viernes de agosto ponemos en
marcha la conmemoración de efemérides inolvidables: el 37 aniversario
del Cofadeh el 30; en esa misma fecha, el Día Nacional e Internacional
del Detenido-Desaparecido, y además la primera Manifestación Nacional de
la Convergencia Contra el Continuismo. Les mantendremos informados.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón.
COFADEH
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