Cómo
en la década de los 80, a las instalaciones de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH), regresó el aparato de seguimiento a líderes
estudiantiles. Desde febrero a septiembre del 2017 el Movimiento
Estudiantil Universitario (MEU), fue víctima de la mirilla de los
organismos de inteligencia en el país.
Conexihon
tuvo acceso al documento llamado “Apreciación de Inteligencia DIPOL”,
elaborado por miembros de la Dirección Policial de Inteligencia (DPI),
donde describen al menos 35 acciones de seguimiento hacia las acciones
del MEU, desde el 09 de febrero hasta 05 de septiembre del año pasado.
Esta última fecha es la misma en la que se presenta como elaborado dicho
documento.
La
DIPOL centró la mayoría de acciones en las distintas movilizaciones
convocadas por el MEU, organizaciones sociales y partidos políticos de
oposición.
El
documento de seis páginas forma parte de los hechos que concretizaron
la planificación de la Operación APOLO III, elaborado desde la Dirección
General de la Policía Nacional, el 05 de septiembre de 2017.
Las
acciones que destacan en esta “apreciación de inteligencia”, datan
entre finales de mayo y el mes junio, donde hubo capturas de
universitarios y se realizó un Juicio Oral y Público contra tres líderes
estudiantiles (hoy egresados), quienes fueron declarados culpables por
el delito de Usurpación en perjuicio de la UNAH.
Para
el desarrollo de este juicio compareció Norma Suyapa Garay Flores,
agente encubierta del Agencia Técnica de Investigación (ATIC), como
testigo propuesta por la parte acusadora de los estudiantes. Durante su
declaración, reconoció ser infiltrada con la misión de elaborar perfiles
y dar seguimiento a seis personas, entre ellas los tres imputados.
Este
medio de comunicación evidenció el 16 de junio de 2017 que las labores
de la ATIC son las de investigación y persecución de los delitos graves y
de fuerte impacto social, establecido en el artículo 184 del Código
Procesal Penal.
Por
tanto, los delitos de Usurpación y daños, utilizados para criminalizar a
las y los estudiantes de la UNAH, no aparecen como delitos a
investigar.
En
el periodo que comprende esta acción de la inteligencia policial
(febrero-septiembre
2017), destacan las acciones de criminalización de
la madrugada del 25 de mayo contra 20 universitarios (entre ellos el
periodista Ronnie Huete), y del 16 de junio, cuando fueron detenidos
dentro de las instalaciones del edificio de Química y Farmacia (QQFF)
seis estudiantes de dicha facultad.
En
uno de los apartados de lo que la DIPOL llamó “aspectos de interés”,
detallan la toma de edificios y el supuesto número de estudiantes que
realizaban dicha acción.
Textualmente
dice el apartado: “… El aproximado de integrantes del MEU varía: (de
lunes a viernes hay un aproximado de 70) y los fines de semana solo
permanecen en dos edificios, la mayoría de las personas que permanecen
en la toma son del municipio de San Pedro Sula, Cortés”.
Asimismo, constatan un número al que llaman “aproximado” de estudiantes que ocupa cada edificio que permanecía en la protesta estudiantil del año pasado.
Hacia quienes “legalmente” va orientada la Inteligencia
En
la administración nacionalista de Porfirio Lobo Sosa (Presidente
2010-2014), y Juan Orlando Hernández (Presidente del Congreso Nacional,
en ese momento), crearon una serie de leyes y entidades destinadas a
labores de inteligencia ¿Para quién?
De
acuerdo con la Ley de Inteligencia Nacional, aprobada bajo Decreto No.
211-2012, los entes encargados de realizar acciones especializadas para
la producción de inteligencia son: La Dirección Nacional de
Investigación e Inteligencia (DNII), las Fuerzas Armadas de Honduras
(FFAA), la Policía Nacional, la Secretaría de Estado en los Despachos de
Relaciones Exteriores y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los
anteriores conforman, de acuerdo con el artículo cinco de la presente
ley, el Sistema de Inteligencia Nacional, coordinado por la DNII.
La
Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, de acuerdo al
artículo dos, ejecutará “las políticas que en materia de defensa y
seguridad establezca el Consejo Nacional de defensa y Seguridad (CNDS).
Este último conformado por quienes ostentan los tres Poderes del Estado y
lo preside el Presidente de la República.
Seguidamente,
el artículo dos de la Ley de Inteligencia menciona como funciones de la
DNII, aquellas acciones de investigación e inteligencia estratégica
para “contrarrestar
amenazas internas y externas contra el orden constitucional”.
Con esta definición, el Movimiento Estudiantil Universitario, en los siete meses que fue objeto de acciones de vigilancia, fue visto como una “amenaza”. A nivel público aparecieron en diferentes medios de comunicación, campañas de desprestigio contra el MEU, creadas desde las propias autoridades de la UNAH, encabezadas por la entonces rectora, Julieta Castellanos.
Por
su parte, el artículo siete de la ley en mención, habla del
funcionamiento de un Comité de Inteligencia Estratégica (CIE), que
dentro de sus nueve integrantes está la Dirección de Inteligencia
Policial (DIPOL).
Sobre
el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, de dónde depende todo este
aparato de inteligencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), en su reciente visita al país reiteró la importancia de que la
normativa sea revisada “en vista de que en el mencionado Consejo
participan autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial a través de una
actuación conjunta, que pone en duda su independencia e imparcialidad
para investigar y sancionar los casos que conocen”.
Reactivación de la inteligencia, un patrón de los años 80
Durante
la aplicación en Honduras de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN),
un plan diseñado por el gobierno estadounidense de Ronal Reagan para
combatir a las fuerzas de izquierda consideradas como “terroristas” tuvo
impacto en las vidas de dirigentes sociales, específicamente las y los
estudiantes.
Sergio
Rivera es un sobreviviente de la “época del terror”. Hace 35 años era
dirigente de la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza (FESE).
Hoy es catedrático en la UNAH y no duda en señalar que existe similitud
entre los años 80 con la persecución a estudiantes en la actualidad.
“En
uno de los juicios que se le hizo a el movimiento estudiantil, la
fiscalía aceptó que se estaban desarrollando trabajos de espionaje y
trabajos de inteligencia dentro del movimiento estudiantil”.
Se refiere a la declaración hecha por la agente Garay Flores, de la ATIC, infiltrada confesa en acciones de protesta estudiantiles en 2015, para reconocer los que ellos llaman “objetivos”.
Este
tipo de acciones sumadas al levantamiento de perfiles, seguimiento,
vigilancia eran el diario vivir de aquella generación estudiantil. “Esto
culmina con el secuestro, encarcelamiento, y algunos casos
desaparecidos y asesinados”.
Para
ese entonces, existían aparatos de inteligencia como el escuadrón 3-16,
una estructura que daba persecución hace 35 años a quienes se
identificaban con ideas progresistas y de izquierda. Entre sus acciones
está la desaparición del estudiante universitario y Secretario General
de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH),
Eduardo Becerra Lanza, la noche del 01 de agosto de 1982. (En su
memoria, se ha nombrado la plaza central de la Ciudad Universitaria).
La cacería de “Apolo III”
El
05 de septiembre de 2017, desde las propias oficinas de la Policía
Nacional, encabezadas por su entonces director, Félix Villanueva, se
planificó lo que tres días después se conoció como la represión dentro
del campus de Ciudad Universitaria.
A
este hecho se le llamó Operación APOLO III, como registra el documento
D.G.P.N- no 8375-2017, en el que se propone como misión ejecutar una
acción de desalojo “en los predios de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa, a partir del día “D” a la hora “H”…”.
El
día “D”, como lo detalla el plan de la Operación APOLO, fue el 08 de
septiembre de 2017, cuando se capturó en horas de la mañana a 15
estudiantes y, 48 horas antes ya existía una orden de captura contra
ocho estudiantes más.
Ese
mismo día, fueron agredidos y torturados cuatro defensores de los
derechos humanos: Hedme Castro, Carlos del Cid, Ariel Díaz y Tomy
Morales, los tres últimos puestos en prisión por dar acompañamiento a
ocho estudiantes universitarios acorralados por la policía, cuándo
estaban dentro de un microbús propiedad del Comisionado Nacional de
Derechos Humanos (CONADEH), en los predios del alma mater.
Cabe
señalar que de la represión estudiantil, hay diez universitarios con
medidas sustitutivas a la prisión y a otro se le libró orden de captura,
por tener un proceso anterior, en el marco de esta vigilancia policial.
Las
protestas realizadas en la UNAH el año pasado, es una sucesión de
acciones
encaminadas desde mediados de 2011, por exigir una educación
pública, gratuita e incluyente, así como la realización de elecciones
estudiantiles, sin intervención de las autoridades. Con ello se desató
el inicio de acciones de represión que van desde la criminalización,
expulsiones, padres de estudiantes asesinados y acciones de vigilancia,
con la vista y paciencia de las autoridades de la máxima casa de
estudios.
http://www.conexihon.hn/index.php/investigaciones/785-inteligencia-policial-monto-vigilancia-por-siete-meses-al-meu
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