Por: Redacción CRITERIO
Julio 27,2018 / redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.
– La corte de Apelaciones de lo Penal con jurisdicción nacional por
unanimidad revoco las medidas cautelares sustitutivas impuestas por el
juzgado de letras e impone la medida cautelar de prisión preventiva a
los miembros del Consejo de la Judicatura.
Además,
confirmó el auto de formal procesamiento de los miembros del Consejo de
la Judicatura del Poder Judicial: Jorge Alberto Rivera Avilés, Teodoro
Bonilla Euceda, Julio Cesar Barahona Henríquez, José Francisco Quiroz
Mejía, Liliam Emelina Maldonado Sierra, Celino Aguilera Amador.
Los
apoderados legales de los procesados podrán presentar un nuevo recurso
de reposición para evitar que sus representados vayan a la cárcel.
La
prisión preventiva lo decidirá el juzgado de letras que lleva el caso
luego de dar a conocer la resolución a las partes involucradas.
El
Ministerio Público presentó el pasado 9 de abril un requerimiento
fiscal por 600 delitos de corrupción relacionados al manejo irregular de
fondos públicos, en contra del pleno del desaparecido Consejo de la
Judicatura y la Carrera Judicial, entre los que se incluye al
expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés.
El
requerimiento fue presentado por la Fiscalía Especial para el
Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia
(FEEFS-SJ), con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal
(ATIC), ante el Juzgado con Competencia Nacional en Materia de
Corrupción.
Nota relacionada Por 600 delitos de corrupción presentan requerimiento fiscal contra miembros del desaparecido Consejo de la Judicatura
Al
expresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera y a la vez
expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés,
se le supone responsable de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 de
malversación de caudales públicos, mientras que al expresidente del
Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, Teodoro Bonilla Euceda se
le acusa de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de
abuso de autoridad.
En
el caso de Julio César Barahona Henríquez se le presume responsable de
67 delitos de malversación de caudales públicos y a José Francisco
Quiroz Mejía se le imputan 93 delitos de malversación de caudales
públicos.
Asimismo,
a Liliam Emelina Maldonado Sierra se le considera responsable de la
comisión de 67 delitos de malversación de caudales públicos y finalmente
a Celino Arístides Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación
de caudales Públicos y 3 delitos de uso de documentos privados falsos.
https://criterio.hn/2018/07/27/corte-de-apelaciones-dictamina-auto-de-prision-preventiva-para-miembros-del-consejo-de-la-judicatura/
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