Por: Sandra Marybel Sánchez
Mauricio
Oliva, presidente del Congreso Nacional, es uno de los más interesados
en deshacerse de la Unidad Fiscal contra la Impunidad y la Corrupción
(UFECIC) para cerrar definitivamente la investigación que realizaba con
apoyo técnico de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad
en Honduras (MACCIH), en contra de unos sesenta parlamentarios, por
manejo irregular de fondos del presupuesto de ese poder del estado, que
le incluye a él.
Un
informe proporcionado por una fuente del más alto nivel del Ministerio
Público confirmó que Oliva hizo gestiones en esa institución, para
conocer detalles de la pesquisa identificada y denunciada por el ex
vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, como la causa del “Pacto de
Impunidad” entre corruptos.
La
fiscalía le negó el acceso al expediente porque se maneja bajo alta
secretividad, precisamente para evitar la interferencia de quienes
pudieran sentirse potencialmente amenazados de terminar ante los
Juzgados Anticorrupción. La investigación que se hace al presidente del
Congreso Nacional, es conocido por los fiscales como Caso Linea B y se
refiere entre otras cosas, al drenaje millonario de fondos del
presupuesto del Congreso Nacional a ONGs afines a él.
Sumamente
molesto porque el Ministerio Público no accedió a su petición y
acostumbrado a que no le nieguen nada en el gobierno, Oliva acudió en
amparo ante el tribunal supremo, seguro que los magistrados que el mismo
eligió, le brindarían la protección o blindaje que necesita. Y así fue.
La Sala de lo Constitucional que hace apenas tres días resolvió la
muerte jurídica de la UFECIC, dejó de lado muchos recursos presentados
con anterioridad, y actuó con impresionante diligencia, para resolver el
expediente del titular del Poder Legislativo, con una resolución
favorable, que será publicada en las próximas horas o días.
Cuando
a mediados de diciembre de 2017, la UFECIC presentó requerimiento
fiscal por malversación de caudales públicos y solicitó orden de captura
contra los diputados Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez, Augusto
Cruz Ascencio, Denis Sánchez y Eleazar Juárez, las alertas de Oliva se
extremaron y fue el más interesado en resolver la situación jurídica de
los imputados, por temor a que en su desesperación revelaran el
mecanismo utilizado para entregar los recursos del Congreso Nacional a
ONGs y fundaciones, que después los devolvían a los legisladores
investigados.
Oliva
sabe que en el allanamiento que hizo la UFECIC en el 2017 a una
dependencia de la Secretaría de Finanzas, secuestró abundante
información sobre las multimillonarias transferencias de fondos, algunas
de las cuales le ligan directamente, y está asustado porque no sabe
cuánto saben sobre sus fechorías con dinero del pueblo, y decidió
cortarle las alas.
Bajo
su autorización y cubierto con un manto de total opacidad y
complicidad, el Congreso Nacional reformó dos artículos de la Ley
Orgánica del Presupuesto, para primero otorgarse a si mismo una facultad
que hasta el 18 de enero pasado el Congreso Nacional no tenía:
“solicitar, gestionar, recibir, administrar y ejecutar fondos públicos
de cualquier fuente, incluso tercerizados o descentralizados, destinados
a proyectos de desarrollo comunitario, ayudas sociales y al
Fortalecimiento de la Gobernabilidad y Democracia”.
Y
luego, impidiendo la presentación de nuevos requerimientos fiscales a
más diputados y diputadas y a sus cómplices, mediante la incorporación
del artículo 131 – A que ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)
hacer Auditoría e Investigación Especial de todos los fondos públicos
gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por los Diputados al
Congreso Nacional, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
(ONGD), Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD’s) y Fundaciones que a
cualquier título hubieran recibido o administraran fondos públicos,
supuestamente para la ejecución de proyectos comunitarios o ayudas
sociales, y Gastos de Inversión Social y lo relacionado al
Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Democracia.
Y
para que no quedara duda de la protección oficial a la impunidad,
fijando un plazo de tres años para la Investigación Especial del TSC y
ordenando que todos los documentos relacionados con dichos fondos le
fueran remitidos y entregados, por parte de quien los tuviera en su
poder o a simple requerimiento de éste.
“Sólo
una vez finalizada la auditoría, agotada la vía administrativa y que
ésta tenga el carácter de firme y ejecutoriada, dijo el Congreso
Nacional, procederá acción judicial para reclamar algún tipo de
responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal”
Como
si se tratara de una amplia red de corrupción e impunidad que abarca
los tres poderes del Estado, el decreto era esperado ansiosamente por la
magistrada Alma Guzmán, jueza natural nombrada para conocer el caso de
los cinco congresistas, quien además de negarse a librar orden de
captura en su contra, dilató lo más que pudo su fallo.
Todavía
chorreaba tinta de la prometida Gaceta # 34,546 publicada el 19 de enero
de 2018, cuando la jueza suspendió el proceso, hasta que el diligente y
transparente Tribunal Superior de Cuentas haga uso de los tres extensos
años que tiene para investigar y decidir si los “Padres de la Patria”
cometieron delito o no.
Mientras
tanto, la prensa parlamentaria dijo estar sorprendida que todo haya
ocurrido ante sus ojos sin darse cuenta, no fue sino hasta que Juan
Jiménez Mayor, denunció la corrupta maniobra para robar impunemente los
dineros del pueblo hondureño, que lo supieron.
https://criterio.hn/2018/06/03/mauricio-oliva-necesita-desmantelar-la-ufecic/
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