Por: Redacción CRITERIO
Junio 26,2018 / redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El
diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, acusado de haber
manipulado una fe de erratas sobre la polémica reforma a la Ley Orgánica
del Presupuesto, fue quien recibió la nómina de los cinco candidatos a
fiscal general y fiscal general adjunto.
En
su condición de secretario general del Parlamento, Zambrano recibió el
listado de manos del presidente de la Junta de Proponentes y presidente
de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta y del Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres y también
miembro de la Junta de Proponentes.
La
Unidad Fiscal Contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC) y la Misión
de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) imputó
a Zambrano y a su compañero de bancada, Román Villeda, la comisión de
los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los
funcionarios, falsificación de documentos y delitos contra la forma de
gobierno.
El
fallo contra los congresistas se espere sea fijado mañana miércoles por
el juez natural, Rafael Bustillo. La semana pasada catorce
organizaciones de sociedad civil demandaron al juez natural que conoce
la causa, del llamado caso “fe de erratas”, que emita un fallo apegado
al ordenamiento jurídico, que permita conocer la verdad real de los
hechos y se le dé continuidad al proceso penal que se ha iniciado contra
los diputados Tomás Zambrano y Román Villeda.
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El
pasado 18 de junio el relator especial de la ONU sobre la independencia
de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, expresó su
preocupación por que en el proceso de selección, que se llevará a cabo
en el Parlamento, participarán funcionarios señalados por actos de
corrupción.
LOS HECHOS
El
18 de enero de 2018, el pleno del Congreso Nacional aprobó reformar la
Ley Orgánica del Presupuesto, mediante la adición del artículo 131-A.
Dicha reforma le quitó la facultad de investigación penal al Ministerio
Público sobre la ejecución de fondos públicos por parte de personas
naturales, funcionarios públicos y diputados al Congreso Nacional.
Con
la reforma se le ordenó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que
realice auditoría e investigación especial al: fondo social, fondo de
desarrollo departamental, subsidios, y cualquier otro fondo destinado
para la ejecución de proyectos comunitarios o ayudas sociales.
La
acción antes detallada para diferentes sectores de la ciudadanía y la
MACCIH, constituyó un “pacto de impunidad” para favorecer a los
diputados y todas aquellas personas que participen en la ejecución y
transferencia de fondos públicos.
Este
pacto implica que no se pueden iniciar acciones de índole penal, civil o
administrativa, en tanto el TSC no realice la auditoría de fondos
públicos y hasta que la auditoría e investigación especial quede firme,
principal argumento expresado por la jueza Alma Guzmán, el 24 de enero,
para absolver de responsabilidad a las primeras cinco personas acusadas
por el caso “Red de Diputados”.
Durante
la aprobación de este decreto, se dieron varias ilegalidades de índole
constitucional y penal: se dispensaron dos debates, no se dio copia del
dictamen a los diputados, no se leyeron algunos artículos torales y
durante la lectura que iba realizando el diputado Román Villeda Aguilar
en su carácter de prosecretario, se apoyaba en documentos diferentes al
dictamen original, tal como se puede observar en el vídeo de la
transmisión de la sesión.
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Posteriormente,
en fecha 26 de enero de 2018, los diputados involucrados buscaron
subsanar la ilegalidad que se había realizado, mediante la publicación
de una fe de erratas, haciendo creer que la aprobación del “pacto de
impunidad” fue un simple error y no un acto premeditado que tuvo
consecuencias jurídicas.
Dicha fe de erratas, con la cual se pretendió
modificar el texto de la ley, sigue conteniendo modificaciones al
proyecto presentado en el pleno, y la misma se realizó sin las consultas
correspondientes al órgano legislativo. Debido a esto, la UFECIC con
acompañamiento de la MACCIH, imputó la comisión de los delitos de abuso
de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios,
falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno,
contra los diputados José Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar.
https://criterio.hn/2018/06/26/diputado-acusado-por-la-maccih-de-manipular-leyes-recibe-la-nomina-de-los-candidatos-a-fiscal/
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