Ginebra, Suiza (Conexihon).-
Este año es decisivo para la elección de un Fiscal General en
Guatemala, Honduras y El Salvador. Por lo que, un Experto de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre la independencia de
magistrados y abogados pidió este martes a los tres países den triángulo
norte de Centroamérica que garanticen un proceso “transparente y
justo”.
Diego
García Sayán, experto de la ONU sobre el tema, amplió que los nuevos
fiscales a elegir en los tres países del área “deben tener un pasado
limpio y un alto prestigio en su campo”, además de entender la
importancia en temas como combate a la corrupción e independencia
judicial, de acuerdo con una nota de prensa divulgada hoy.
"Los
procesos de selección deben ser inclusivos, transparentes y seguir
criterios estrictos, claros y objetivos para evaluar la integridad,
idoneidad y competencias de los candidatos. Es crítico que estos
procesos de selección se administren con transparencia", dijo
García-Sayán.
García Sayán apuntó que las mujeres y los pueblos indígenas participen de forma plena en todo el proceso.
Añadió
que, otros sectores como los medios de comunicación, órganos de
vigilancia independientes y las organizaciones de la sociedad civil
“desempeñen una función de supervisión y comunicación con el público sin
temor a represalias”.
El experto recalcó que los elegidos además enfrentarán grandes desafíos, tales como las organizaciones criminales transnacionales que operan en el área, la corrupción y la impunidad que impide la seguridad y el desarrollo de estas naciones.
En
Guatemala se espera que el presidente Jimmy Morales, designe a un nuevo
fiscal en mayo de 2018; en Honduras, una junta de nominación debe
preseleccionar los candidatos y la elección tendrá lugar en el último
trimestre de este año; en El Salvador, la Asamblea Legislativa debe
nombrar al Fiscal General entre noviembre de 2018 y enero de 2019.
Maniobra ilegal lidera junta que propone Fiscal en Honduras
El
proceso de selección de un nuevo Fiscal General inició el 27 de enero
con la instalación Juan Orlando Hernández como presidente ilegalmente
reelecto, a la par, la ciudadanía denunciaba en las calles un fraude
electoral que culminó con la imposición de Hernández y dar como perdedor
del proceso electoral al candidato de la Alianza de Oposición Contra la
Dictadura, Salvador Nasralla.
De
acuerdo con organizaciones de derechos humanos nacionales, más de 34
personas fueron asesinadas en el marco de las protestas posteriores al
proceso electoral.
La
mayoría de las ejecuciones son responsabilidad de fuerzas militares
específicamente de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Postura
que comparte la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH), en un informe presentado el 12 de marzo.
Ese
mismo lunes 12, la Secretaría de Justicia, Gobernación y
Descentralización, circuló la convocatoria para realizar la asamblea de
organizaciones de Sociedad Civil para la escogencia de un representante
en la junta de proponentes para la elección del Fiscal General y General
Adjunto, cargos que actualmente ocupan Óscar Chinchilla y Rigoberto
Cuéllar, respectivamente.
Sin
embargo, dicha convocatoria para la asamblea, realizada cinco días
después, especificaba que sólo participarían las organizaciones que “se
encuentren al día con el registro de las Juntas Directivas y estados
financieros en el sistema de la Unidad de Registro, Regulación y
Seguimiento de Asociaciones Civiles (DIRRSAC)”.
La Coalición contra la Impunidad,
espacio que aglutina a más de 50 organizaciones de derechos humanos y
sociedad civil, catalogó esta convocatoria como una “burda maniobra”
para elegir representantes ante la Junta de Proponentes cercanos al
oficialismo.
Igualmente
la Coalición denunció que dicha convocatoria a la asamblea de
organizaciones es violatoria a la sentencia de Inconstitucionalidad
(SCO- 0623-2013), emitida el 23 de noviembre de 2016 en donde se declaró
inconstitucional la reforma por adición al artículo 22 de la Ley del
Ministerio Público (MP), en dónde disponía que “y un representante de
las organizaciones que integran la Alianza por la Paz y Justicia”,
considerando la Sala de lo Constitucional como un acto excluyente y
violatoria del principio de igualdad.
Por lo que, la Coalición puntualizó que “esta norma ya no existe, y no existe fundamento legal para la convocatoria realizada por el Ministerio de Gobernación, incurriendo el titular de esta Secretaría de Estado en responsabilidad administrativa y penal al extralimitarse en sus funciones”.
Actualmente,
existen sectores que impulsan una reelección en el cargo del actual
Fiscal General, Oscar Chinchilla, cuestionado por las organizaciones de
sociedad civil de plegarse al oficialismo. Por otra parte, el mismo
Chinchilla hizo pública su decisión de no aspirar a participar para un
nuevo mandato.
Quienes
conforman la Junta de Proponentes son: Rolando Argueta (Presidente de
la Corte Suprema de Justicia), Roberto Herrera Cáceres (Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos), José María Díaz (Presidente del
Colegio de Abogados de Honduras), Gustavo Lanza, en representación de
las universidades privadas.
A
la lista se suman, por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH) Ramón Martínez Rosa (Abogado General del Alma Mater) y Melissa
Elvir (Fundación Democracia sin Fronteras), electa en la asamblea de
organizaciones de sociedad civil, convocada desde el gobierno y Reina
Auxiliadora Hércules, nominada por el pleno de magistrados y magistradas
del Poder Judicial.
Esta
Junta de Proponentes elegirá una lista que será enviada al Congreso
Nacional (controlado por el Partido Nacional) y este designará al nuevo
titular del Ministerio Público a finales de este año.
http://www.conexihon.hn/index.php/transparencia/627-con-justicia-y-trasparencia-deben-elegir-fiscales-dice-experto-de-onu-a-guatemala-el-salvador-y-honduras
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