La
reunión fue promovida por el Centro de Investigación y Promoción de los
Derechos Humanos (CIPRODEH), Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo
de Honduras (FOSDEH) con el apoyo de OXFAM.
Diferentes
pueblos y comunidades hondureñas viven bajo acoso estatal, por la
defensa del territorio, en contra de empresas y proyectos extractivos
mineros e hidroeléctricos.
Un
estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH), señaló “las constantes violaciones a los derechos humanos de los
pueblos indígenas y garífunas”, por las deficiencias de un régimen
legal de minerales y las debilidades de la institucionalidad pública.
El mismo informe indica que muchas de las concesiones mineras otorgadas por el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Ingeominh), han sido otorgadas en zonas protegidas, zonas arqueológicas o en afectación directa de cuencas hidrográficas afectando directamente a las comunidades.
Según
Fosdeh la explotación minera aporta una mínima parte al producto
interno bruto del país, lo que comprado con los conflictos sociales en
las comunidades y la afectación al medio ambiente es más el daño que los
beneficios.
El Salvador una experiencia de éxito
La
Mesa Nacional frente a la minería Metálica en El Salvador ((MNFM),
manifestó que para la prohibición de la explotación minería metálica,
fue una lucha que duró al menos 12 años, desde el año 2005 al año 2017.
El
defensor del medio ambiente, recordó que uno de los momentos más
difíciles de la lucha ocurrió en el año 2009 con el asesinato de los
“mártires ambientalistas del departamento de Cabañas, Ramiro Rivera,
Dora Sorto y Marcelo Rivera”.
Mira
comentó que durante ese tiempo, las empresas mineras sometieron a su
país al chantaje, amenazando con demandas en tribunales internacionales,
lo que se concretó en el año 2009, cuando la empresa canadiense Oceana
Gold, demandó a El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglos de
Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) por un
monto de 250 millones de dólares.
Gracias
al trabajo de la Mesa y del gobierno, la empresa perdió la demanda ante
el CIADI y le ordenó el pago de US$8 millones por los gastos incurridos
en el proceso a favor del gobierno de El Salvador.
En
abril del año 2017 entró en vigencia la Ley de Prohibición de la
Minería Metálica y su reglamento a partir del mes de junio de ese mismo
año.
http://www.conexihon.hn/index.php/dh/614-salvadorenos-comparten-experiencia-de-lucha-contra-la-mineria-en-honduras
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