Redacción Central / EL LIBERTADOR /
Tegucigalpa. La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH), en el marco del segundo aniversario del asesinato de la defensora de derechos humanos y ambientalista Berta Cáceres y tentativa de asesinato del ambientalista Gustavo Castro desea expresar lo siguiente:
Reiteramos
la responsabilidad del Estado de investigar este caso, con la debida
diligencia lo cual conlleva la obligación del Estado de realizar una
investigación que sea expedita, independiente, pronta y exhaustiva, que
agote la extensión de las diferentes autorías y grados de participación,
permitiendo conocer la verdad de los hechos y la reparación de las
víctimas y sus familiares.
El
Estado además deberá garantizar el derecho de las víctimas a participar
en el proceso, lo cual implica que tengan acceso y capacidad de actuar
en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos
judiciales a través de la figura de acusación privada.
En
este sentido, la Oficina considera importante que el ente de
investigación y persecución penal pueda dar respuesta en un plazo
razonable a las solicitudes presentadas por la acusación privada,
incluyendo el requerimiento presentado el pasado mes de octubre sobre
posibles autorías intelectuales a la luz de hallazgos encontrados en
documentación compartida, mediante orden judicial.
La
Oficina reconoce el incremento gradual del acceso a la información en
relación a las diligencias investigativas, no obstante, se siguen
observando fuertes desafíos en materia de transparencia en cuanto a la
falta de claridad sobre los criterios seguidos para determinar de la
secretividad de la información.
La
Oficina desea recordar que la limitación de este acceso debe imponerse
en la medida estrictamente necesaria para garantizar la plena
efectividad de la participación de la acusación privada.
Como
parte de las medidas de no repetición, la Oficina considera fundamental
que el Estado de Honduras en atención a las recomendaciones de los
órganos de tratados y procedimientos especiales de Naciones Unidas,
adopte las medidas que permitan superar las debilidades institucionales y
normativas que persisten en el país para que los pueblos indígenas
puedan tener un acceso efectivo a la justicia y obtener una protección
judicial de sus derechos, incluyendo la protección de sus territorios y
recursos naturales.
La
Oficina reitera la obligación del Estado de establecer un marco
normativo e institucional que garantice el goce de los derechos de los
pueblos indígenas, siendo la consulta previa un pilar fundamental para
tal fin. Igualmente importante es investigar los posibles actos de
corrupción y abuso de autoridad que hayan posibilitado la adjudicación
de recursos naturales en detrimento del derecho a la consulta y
consentimiento libre, previo e informado.
Aparejado
a esta obligación estatal, la Oficina invita a que las empresas
incorporen gradualmente los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre
Empresas y Derechos Humanos, que garanticen el respeto de los derechos
de los pueblos indígenas, sus tradiciones, prácticas y procedimientos de
decisión, particularmente en proyectos que puedan tener una afectación a
sus medios de vida y territorios.
La
OACNUDH continúa expresando su apoyo a la familia de Berta Cáceres y su
acompañamiento en los esfuerzos por la búsqueda de la verdad, reitera
al Ministerio Público su ofrecimiento de colaboración para avanzar en el
esclarecimiento del crimen e identificar las responsabilidades tanto
materiales como intelectuales.
Finalmente,
OACNUDH reconoce y apoya el rol fundamental de la labor de las personas
defensoras de derechos humanos en una sociedad democrática, recordando
al estado la obligación de tomar medidas que garanticen un entorno
seguro y propicio para la no-repetición de ataques y crímenes de esta
naturaleza.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/2737-onu-exige-verdad-y-sancion-a-todos-los-autores-del-asesinato-de-berta-caceres
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