Un requerimiento contra tres policías que agredieron a cuatro
defensores de derechos humanos y ocho estudiantes universitarios, duerme
profundamente en las gavetas de los juzgados capitalinos, a la espera
de su ejecución.
Según
el requerimiento al que www.conexihon.hn tuvo acceso, se trata de una
acusación presentada por la Fiscalía de Derechos Humanos (FEDH), del
Ministerio Público (MP), a través del agente Javier Humberto Gonsález
ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, el 12 de diciembre
de 2017.
La
acción penal es contra Juan Manuel Aguilar Godoy (Sub-Comisionado de
Policía), Félix Adrián Colindres (Comisionado de Policía) y Marlon
Agustín Vásquez Palma (Sub comisionado de Policía), sobre quienes recaen
los delitos de Abuso de Autoridad, Violación de los deberes de los
funcionarios, lesiones, detención ilegal y torturas, en contra de los y
las defensores de los derechos humanos y universitarios.
Los
hechos sucedieron el pasado 08 de septiembre, en el marco de un
violento desalojo realizado por más de 500 efectivos policiales, contra
miembros del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), en la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Al
lugar se presentó un equipo de defensores y defensoras para hacer su
labor de observación y acompañamiento a los universitarios, y lograron
ingresar en un autobús propiedad del Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos (CONADEH).
Los
afectados y afectadas fueron: Ariel Díaz de la Juventud por los
Derechos Humanos (JDH); Carlos del Cid, del Observatorio Ecuménico
Internacional de los Derechos Humanos (OEIDH); Hedme Castro, de la
Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa); y Tomy
Morales de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos
(ASOPODEHU).
Además
ese mismo día fueron detenidos supuestamente por el delito de
encubrimiento (a excepción de Hedme Castro) y en el caso de Tommy
Morales fue acusada también por atentado. Del Cid, Morales y Díaz,
permanecieron más de 24 horas tras las rejas (entre el ocho y nueve de
septiembre), hasta ser trasladados a los Juzgados de lo Penal, en
Comayagüela.
No
fue sino hasta el 27 de septiembre, luego de tres días de audiencia
inicial, realizada inusualmente fuera de los Juzgados, sino en la sede
del Colegio de Abogados de Honduras, CAH), donde fueron sobreseídos de
los delitos que les imputaban y reconocieron su labor como defensores de
los derechos humanos.
Más de 100 años podrían pasar en prisión
Si
esta acción penal contra los tres miembros de la Policía Nacional sigue
su curso, podrían enfrentar penas que llegan hasta los 212 años de
prisión.
De
acuerdo a un análisis realizado por el director del Comité por la Libre
Expresión (C-Libre), Edy Tábora, en el caso de Juan Manuel Aguilar
Godoy, sería sancionado entre 136 a 209 años de reclusión por un delito
de abuso de autoridad, 12 delitos de tortura, cuatro detenciones
ilegales y uno de lesiones.
Aguilar
Godoy es responsabilizado, de acuerdo con el requerimiento fiscal, por
rociar gas pimienta sobre el rostro de las víctimas, cuando estaban
dentro del autobús y al bajarlos del mismo “sin necesidad alguna, ya que
estas no oponían resistencia ni generaban peligro alguno para agentes
policiales”.
En
tanto Colindres y Vásquez, requerían a defensores y estudiantes para su
captura “o en su defecto, instruían a los policías de escala básica
para su detención”, expresa el requerimiento.
Félix
Adrián Colindres y Marlon Agustín Vásquez, pasarían tras las rejas
entre 138 a 212 años de prisión por un delito de abuso de autoridad, un
delito de violación a los deberes de los funcionarios, 12 delitos de
tortura a título de autores por comisión y cuatro delitos de detención
ilegal, de acuerdo con el análisis hecho por Tábora.
Hay esperanza aunque sistema esté amarrado de impunidad
Carlos
del Cid es uno de los defensores afectado por la conducta de los
policías hace cuatro meses en el campus de Ciudad Universitaria. Además
de los vejámenes sufridos, también fue procesado, obteniendo
sobreseimiento definitivo tras dos semanas de tener medidas sustitutivas
a la prisión.
Al
enterarse del requerimiento presentado, expresó su esperanza de que se
haga recaer todo el peso de la ley a los tres policías.
De
acuerdo con el dictamen forense que le fue practicado, Carlos del Cid
sufrió “quemadura en ambos ojos y a nivel de ojo izquierdo congestión y
quimiosis corneal (causada por el exceso de químicos) en un 80 por
ciento”.
“Tenemos expectativas, pero sé que todo el sistema está amarrado para generar impunidad y lo que creemos y debemos
hacer -los afectados y las organizaciones de derechos humanos- es meter
presión para exigir que esta acción haga recaer todo el peso de la ley a
estos policías”, comentó Del Cid.
Por
otra parte, el defensor narró los daños ajenos a los vejámenes de los
que fue objeto. Contó que su familia sufre niveles de angustia “mi
esposa recibe varias llamadas desconocidas que buscaban a policías,
oficiales que vivían en esa casa”.
Desde
que ocurrió este hecho contra los defensores y las defensoras de los
derechos humanos, las distintas organizaciones confluyeron en la Mesa
Nacional de Derechos Humanos, espacio en donde se presentaron diversas
acciones de condena a la agresión policial contra Tommy Morales, Carlos
del Cid, Hedme Castro y Ariel Díaz.
Igualmente,
como lo reconoció Carlos del Cid, este espacio (Mesa de DDHH), fue el
canal por medio del cual se sostuvo diversas reuniones con la Fiscalía
de Derechos Humanos, a fin de presentar este requerimiento, mismo que
aún no se ejecuta y está a la espera en los mismos juzgados donde fueron
procesados y procesadas defensores de la educación pública y los
propios defensores y defensoras.
http://www.conexihon.hn/index.php/dh/552-listo-requerimiento-contra-policias-que-atacaron-defensores-de-ddhh-cuando-se-ejecutara
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