Las irregularidades en las elecciones del pasado 26 de noviembre y la represión violenta de manifestaciones pacíficas han llevado a la comunidad hondureña a plantear una petición de amparo ante el Parlamento Europeo.
La eurodiputada Lola Sánchez Caldentey, quien participó en las elecciones como observadora electoral, ha refrendado las irregularidades constatadas por la misión de la Unión Europea y se ha comprometido a trasladar sus reivindicaciones a Bruselas.
Madrid, 23 de enero–
La comunidad hondureña en España ha presentado una petición de amparo
al Parlamento Europeo ante la grave crisis política y social que
atraviesa Honduras tras las pasadas elecciones presidenciales, en las
que el presidente saliente Juan Orlando Hernández ha sido acusado de
fraude electoral.
La
petición promovida por la Comunidad Centroamericana en España y la
Comunidad hondureña en Madrid lamenta “la crisis política, social e
institucional que vive Honduras tras las pasadas elecciones” y denuncia
la “escalada represiva contra la población civil”.
El
texto, respaldado por una veintena de organizaciones sociales,
sindicatos y partidos, reclama, entre otros puntos, “que ningún gobierno
de la Unión Europea reconozca al Gobierno de Honduras y la futura
proclamación de Juan Orlando Hernández como nuevo presidente”.
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La eurodiputada Lola Sánchez Caldentey,
quien participó como miembro de la Misión de Observación Electoral
(MOE) de la Unión Europea en las pasadas elecciones, se ha comprometido a
trasladar al pleno de la eurocámara la situación en Honduras para tener
“un debate amplio y en profundidad”, y a tender puentes con otros
grupos políticos para “aprobar una resolución que sea muy crítica y
condenatoria de los actos represivos que han tenido lugar desde el día
de la elección”.
En ese sentido, Sánchez Caldentey ha exigido en nombre de Podemos, que se detenga inmediatamente la represión violenta de las manifestaciones pacíficas
–en las que han sido asesinadas más de 35 personas y cientos detenidas
ilegalmente–, y se esclarezcan las responsabilidades por los crímenes
cometidos. “Naciones Unidas lo está pidiendo y es lo mínimo que debería
estar pidiendo toda la comunidad internacional. La comunidad
internacional no puede seguir dando la espalda”, ha sentenciado.
La Eurodiputada ha anunciado que el informe final de la MOE se hará público en la segunda semana de febrero
y que, previsiblemente, no será hasta entonces cuando se pronuncie la
Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad, Federica Mogherini. “Estoy convencida de que, con ese informe
sobre la mesa, todos
llegaremos a la misma conclusión: que las elecciones presidenciales de
2017 no podrán ser consideradas ni libres, ni limpias ni democráticas”,
concluye.
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