Las imágenes de un policía preventivo, auxiliado por Policías Militares
(PM) y de la Policía Nacional (momentos antes de su muerte, provocada
por un proyectil que impactó en su cabeza), han sorprendido de nuevo a
la población hondureña. Parafraseando: de acuerdo con el compañero del policía asesinado, ambos
se encontraban realizando un patrullaje de rutina cuando fueron
notificados que la presencia de miembros de la pandilla 18 en una zona
de Tegucigalpa. Relató en su informe que en la zona había policías
militares y que estos ya habían requerido a tres ciudadanos que se
encontraban cerca de la zona. Afirmó que al regresar ellos al vehículo
policial en el que se desplazaban (que habían dejado a unos 300 meros de
la escena de la captura en donde se llevó a cabo un intercambio de
balas), empezaron a escuchar varias detonaciones de arma de fuego y que
en ese momento se percató que su compañero estaba tirado en el suelo,
sin vida. Concluye diciendo en su reporte que las personas que
dispararon le pidieron que se identificara mientras le manifestaban que
ellos eran policías militares, y que habían iniciado a disparar
pensando que se trataba de mareros.
A pesar de las diferentes expresiones que he escuchado y leído en torno
al preventivo asesinado por un PM (unas lamentando y otras
indiferentes), este policía se suma a la lista y deuda, de casi 40
asesinatos que se han perpetrado desde las elecciones generales, que
tiene el Estado y gobierno de Honduras con el pueblo.
De acuerdo con informes que se me han dado, a pesar de que el
Departamento de Medicina Forense ha documentado y determinado la forma
de muerte de quienes fueron asesinados en los enfrentamientos entre
manifestantes y policías y militares, y que se establece claramente la
participación de los PM, el Ministerio Público no quiere actuar y se
hace el de la vista gorda.
Pero desde el actual gobierno, muy al contrario de castigar las acciones
y el comportamiento de policías y militares, se continúa con una
postura armamentista y de franco apoyo a las instituciones llamadas del
orden público.
En diversos informes producidos por el Centro de Estudio para la
Democracia CESPAD y de otras organizaciones vinculadas al tema, se ha
venido insistiendo en la creciente importancia del gasto militar en el
presupuesto. De acuerdo con el CESPAD, el presupuesto del 2018 presenta
una consolidación de la supremacía del gasto en seguridad y defensa
sobre el gasto social. Los gastos en seguridad y defensa ya son
superiores al gasto en salud en el 2018 y equivalen al 105% del
presupuesto de dicho sector (en el 2017 eran el 101%). En tan solo
cuatro años, incrementaron esta proporcionalidad en un 30%.
El CESPAD advierte que la priorización del gasto en defensa y seguridad
sobre el gasto social se muestra palpablemente en el presupuesto de
2018, en el hecho de que para este año ya es netamente superior al gasto
en salud (equivale al 105% de dicho gasto, cuando en 2017 solo era el
101%). También equivale ya al 54% del gasto en educación (42% en 2015) y
pasó de ser el 32% del presupuesto del Gabinete de Desarrollo e
Inclusión Social, cuando en 2015 era el 23%. Esta tendencia sobre el
gasto social es mayor cuando se considera el presupuesto del sector
Justicia, Defensa y Seguridad.
En otras palabras, el gasto militar sigue siendo la prueba más evidente
de la irracionalidad del presupuesto fiscal y del accionar del gobierno
de turno, el que persiste en financiar una política de terror con la que
intimida, ataca y asesina a la población hondureña y ahora hasta a los
propios miembros de sus cuerpos policiales.
http://cespad.org.hn/2018/01/26/en-presupuesto-2018-gasto-militar-se-impone-al-gasto-social-justicia-y-seguridad/
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