Como parte del profundo proceso de militarización del Estado y la sociedad, en agosto de 2013 se creó la Policía Militar de Orden Público, que está facultada para actuar en situaciones de emergencia, capturar a personas asociadas con estructuras criminales, realizar tareas de investigación e inteligencia, combatir el contrabando y la defraudación fiscal, y las demás otorgadas a la Policía Nacional.
En el marco de tales facultades, los policías militares y los policías nacionales que ejecuten operaciones conjuntas, en caso de cometer violaciones a derechos humanos únicamente podrán ser acusados penalmente por fiscales o jueces de jurisdicción nacional que los acompañen en tales operaciones, pero no por fiscales de derechos humanos.
Ante ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación debido a que dichos jueces y fiscales podrían carecer de suficientes garantías de independencia e imparcialidad para conocer de dichas violaciones cometidas por los miembros de la Policía Militar, creando en la práctica un fuero especial.
En otras palabras, los posibles delitos cometidos por policías militares tienen altos niveles de probabilidad de no ser investigados y sancionados con imparcialidad, lo cual puede generar mayores niveles de impunidad. En este contexto se puede comprender la arbitrariedad y el uso desproporcionado de la fuerza militar en conflictos sociales que en un país civilizado deberían resolverse democráticamente.
Una muestra de ello es el desalojo violento realizado por miembros de la Policía Militar y de la Policía Nacional que, actuando como criminales, aprovecharon la oscuridad de la madrugada para atacar un campamento pacífico de los pobladores y pobladoras de la Aldea Pajuiles en Atlántida, quienes se oponen al proyecto HIDROCEP de Jasson Hawit.
En su acción violenta, detuvieron ilegalmente a Óscar Martínez, Orlando Geovany Pérez, René Mejía Calderón y Angélica Recinos, humildes ciudadanos y ciudadanas que ante la complicidad de las autoridades con las empresas extractivas han decidido defender los bienes naturales en el marco del ejercicio de sus derechos constitucionales.
La parcialidad de la Policía Militar, la Policía Nacional y el Ministerio Público deja muy claro que son instituciones que siguen faltando a su obligación constitucional de defender los intereses de la sociedad, pues sus actuaciones demuestran que defienden los intereses ilegítimos de quienes tienen poder político y económico.
Estos hechos evidencian que la creación de la Policía Militar y de un fuero especial para que sus miembros no sean investigados con independencia e imparcialidad, es una forma más de imponer por la fuerza un modelo que explota los bienes de todos y todas en beneficio de unas pocas personas inescrupulosas que tienen secuestrado al Estado y sus instituciones.
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