Corte Interamericana de Derechos Humanos
Publicado en defensores -
Por Sandra Rodríguez
El Estado de Honduras ha sido señalado a nivel internacional como
responsable de varias violaciones a derechos humanos, si bien ha
cumplido con algunos puntos de las sentencias, no ha logrado la
reparación integral delas víctimas y sus familiares, al contrario, hay
casos en los que reabre heridas.
Para el caso, el pasado mes de mayo, el Ministerio Público profanó la
memoria de Juan Humberto Sánchez, exhumando su cuerpo, aun cuando
existe una sentencia emitida en el año 2003 por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Co-IDH) determinando la entrega de sus restos a la
familia, once años después de su detención, desaparición y asesinato.
Juan Humberto regresó a Honduras donde fue detenido ilegalmente por el Ejército el 10 de julio de 1992 en horas de la noche
Juan Humberto Sánchez, llamado también el “mártir del Río Negro” fue
capturado ilegalmente por el Ejército el 10 de julio de 1992 en horas de
la noche, fue liberado y nuevamente detenido. Su cuerpo ya sin vida
apareció el 22 de julio del mismo año al borde del Río Negro, que está
en la frontera de Honduras y El Salvador. Mostraba un disparo en la
frente y señales de tortura.
Son 25 años de sufrimiento en la familia Sánchez. Pese a que el
Estado cumplió con las cláusulas monetarias, con la última acción lejos
de buscar justicia acrecentó la deuda de garantías de no repetición.
En el capítulo VI numeral 10, de los Principios y directrices básicos
sobre el derecho de las víctimas de violaciones, manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones, de la resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de
diciembre de 2005, expresa que:
“Las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su
dignidad y sus derechos humanos, y han de adoptarse las medidas
apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y
psicológico y su intimidad, así como los de sus familias. El Estado debe
velar por que, en la medida de lo posible, su derecho interno disponga
que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y
atención especiales para que los procedimientos jurídicos y
administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no
den lugar a un nuevo trauma”.
Aunque la sentencia emitida por la Co-IDH manifiesta que el cuerpo
debía ser entregado a sus familiares y que se investigarán los hechos,
este año, el Fiscalía Especial de Derechos Humanos a cargo de Soraya
Morales, no escuchó la voluntad de la de doña Dominga y don Juan -madre y
padre de Juan Humberto- quienes se opusieron a la apertura de la tumba
en Colomoncagua, Intibucá, y sintieron que nuevamente su hijo era
asesinado.
Según la sentencia del Corte Interamericana, en este caso, el Estado
violó el derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a la
vida, a los derechos y garantías judiciales y a la protección judicial,
que no solo afectó a Juan Humberto Sánchez, sino a su madre María
Dominga Sánchez, Juan José Vijil, Reina Isabel Sánchez, María Milagro
Sánchez, Rosa Delia Sánchez, Domitila Vijil Sánchez, María Florinda
Vijil Sánchez, Juan Carlos Vijil Sánchez, Celio Vijil Sánchez, Julio
Sánchez, Donatila Argueta Sánchez, Breidy Maybeli Sánchez Argueta,
Velvia Lastenia Argueta Pereira y Norma Iveth Sánchez Argueta.
Asimismo, la Comisión señaló que hasta la fecha ninguna persona ha
sido juzgada ni sancionada por “el secuestro, tortura y ejecución” del
señor Juan Humberto Sánchez, por lo que subsiste una situación de
impunidad en relación con el caso. En este sentido, la Comisión también
manifestó que el proceso penal que se ha seguido se ha caracterizado
por “falta de seriedad y eficacia”, ha sido insuficiente y tropezó desde
el comienzo con numerosos obstáculos, entre los que se pueden contar
intimidaciones y amenazas a testigos y a familiares de la presunta
víctima.
El revolucionario Juan Humberto Sánchez, era de origen indígena lenca
y durante la guerra civil en El Salvador operaba la radio Venceremos
para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN);
regresó a Honduras luego de la amnistía número 87-91, decretada en el
gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), y fue detenido
desaparecido.
Al estado le falta cumplir, en este caso y que serviría para otros,
con un registro nacional de detenidos y una investigación seria,
imparcial y eficaz que lleve a investigar las cadenas de mando que
provocaron la muerte de Sánchez.
Para velar por el cumplimiento de esta y otras sentencias, en julio
del 2015 se formó la Mesa de Seguimiento a las Sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Co-IDH), integrada por diez
organizaciones defensoras de DDHH que representan siete casos.
Sus integrantes son la Organización Fraternal Negra Hondureña
(OFRANEH), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(COFADEH), Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de
Víctimas de la Tortura (CPTRT), Equipo de Reflexión, Investigación y
Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Casa
Alianza-Honduras, Caritas diocesana de San Pedro Sula, Pastoral
Penitenciaria, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL), Familia de Carlos Luna, y la Asociación de Jueces por la
Democracia (AJD).
Dos años después de iniciado este seguimiento, se realizará un foro
público para dar a conocer el trabajo realizado, los avances y retos. La
cita será en Tegucigalpa, el 13 de septiembre, con la participación de
organizaciones de ddhh, familiares y víctimas, entre otros.
http://defensoresenlinea.com/cumplimento-estatal-con-las-victimas-es-a-medias/
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