Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe anual 2016 en el que da cuenta sobre la situación de los derechos humanos en el continente.
En el capítulo V dedica 70 páginas para darle seguimiento a las recomendaciones que le formuló al Estado de Honduras en el año 2015 en su informe especial sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Este capítulo vuelve a insistir en las diversas problemáticas que persisten en Honduras en relación con la impunidad, la corrupción, la militarización de la vida pública, la violencia, la debilidad institucional y la mayor vulnerabilidad que enfrentan las mujeres, la niñez, las personas LGBTI, indígenas, garífunas y defensoras de derechos humanos.
En relación con las personas defensoras de derechos humanos, la CIDH plantea en su informe que continúa recibiendo información sobre la persistencia y la intensificación de amenazas, acoso, violencia, incluso asesinatos e incidentes de uso abusivo del derecho penal contra quienes defienden los derechos humanos.
Para la CIDH, la persistencia de estos ataques, sumada a la falta de un progreso real en la investigación y sanción de las personas responsables, “sigue siendo un obstáculo para el libre ejercicio del derecho a proteger los derechos humanos, fomenta la impunidad e impide la plena vigencia del Estado de derecho y la democracia”.
Por otro lado, existen constantes declaraciones de altas autoridades hondureñas, incluido el Presidente de la República, difamando la labor de las personas defensoras de derechos humanos, particularmente la de quienes defienden el medio ambiente, lo cual las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.
Por eso, la CIDH reitera en su informe que todas las instituciones estatales deben reconocer públicamente que la defensa de los derechos humanos es una acción legítima y que las personas defensoras solo buscan fortalecer el Estado de derecho y ampliar la protección de los derechos y garantías de todas las personas.
En este sentido, la CIDH señala que el Mecanismo de Protección creado en el marco de la Ley de Protección de defensores y defensoras todavía tiene serios problemas de legitimidad, efectividad y operatividad, ya que las acciones adoptadas aún no son suficientes para que las personas defensoras de derechos humanos puedan desarrollar sus labores en condiciones de seguridad.
La CIDH le recuerda al Estado hondureño que es imprescindible la elaboración e implementación de una política pública que establezca la investigación como medida de prevención, ya que cuando no se investigan los hechos que motivan las situaciones de riesgo genera un contexto de impunidad que reproduce la repetición de los hechos de violencia que afectan la labor de las personas defensoras de derechos humanos.
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