La vida humana no debe ser únicamente el acto
de nacer y esperar la muerte inevitable, en medio de tristezas y
miserias. Rechazamos cualquier idea que postule como “natural” la “libre
competencia” entre valores humanos como forma suprema de coexistencia,
pues la misma solo nos lleva a estadios de gran incivilidad,
insensibilidad e incertidumbre.
La vida humana requiere de una serie de condiciones que garanticen la
posibilidad universal de los individuos de ser parte esencial de la
sociedad, y, por lo tanto, a tener acceso a todos los medios necesarios
para alcanzar una existencia plena, de satisfacción individual y de
aportes significativos a la colectividad.
Consideramos anti natural y anti democrático un sistema que en unas
leyes otorga derechos a las personas, como si se tratara de caridad,
pero que en la práctica funciona y opera para arrebatar toda posibilidad
a los individuos y la sociedad de poder ejercer tales derechos.
Consideramos que la democracia solo existe y funciona si su
aplicación sirve para resolver la existencia plena de las personas, y
garantizar la vida humana, con bienestar y posibilidades reales de
crecimiento y acceso total al conocimiento y a la verdad.
En
la actualidad, Honduras vive bajo un régimen anti democrático dedicado
sistemáticamente a despojar a las personas de la aspiración a llevar una
vida plena, arrebatando la dignidad de la mayoría, para luego ofrecer
limosnas como forma de compensación, a cambio de una cierta “lealtad”
política. Rechazamos estas prácticas soberbias y criminales que le
quitan el sentido práctico a la vida y por lo tanto atentan contra esta.
El Estado no debe ser una maquinaria clientelar para
generar deudas y entregar limosnas a un pueblo que debe tener acceso a
todo el bienestar posible, en una relación justa en la que todos somos
participes de la generación de riqueza, y recibimos compensaciones
justas y seguridad social universal por nuestro trabajo.
El
Estado no debe permanecer como el facilitador de la actividad
interminable de expoliación, especulación, explotación, extracción,
saqueo, corrupción y latrocinio; ni estar dedicado a ser testigo pasivo
del funcionamiento fantasmal del libre mercado, mientras las mayorías se
desangran en espera de un derrame de riquezas que nunca llegará. El
Estado facilitador nos condena a la miseria y la indignidad.
Un Estado moderno y liberador
Postulamos la
construcción de un Estado fuerte, capaz de garantizar la actividad
económica al tiempo que es responsable de brindar todas las seguridades
necesarias para que cada miembro de la sociedad pueda ser parte de un
desarrollo fundamentado en el florecimiento de todos los campos del
conocimiento, las ciencias, el arte, los deportes y la tecnología.
El
bienestar de las personas no puede ser ajeno a la actividad estatal; ni
ser ignorado por la actividad privada. Todas las personas debemos tener
acceso a ser participantes activos en la determinación de las políticas
que nos rigen a todos, y, consecuentemente, destinadas a la forja del
buen vivir para todos y todas.
Por otra parte, el Estado
debe ser responsable de velar por la soberanía y la inviolabilidad de la
misma; nunca conspirar ni trabajar contra la integridad de la patria.
El desarrollo económico es responsabilidad de todos los hondureños, y
nunca debe ser excusa para entregar nuestro territorio o nuestro
patrimonio a intereses foráneos que usurpen o violenten los intereses
comunes de toda nuestra sociedad. La defensa de la soberanía siempre
corresponde al pueblo.
El Estado moderno y liberador que
proponemos, está basado en dos conceptos fundamentales: a) es moderno
porque es capaz de ser actualizado por la voluntad mayoritaria de la
sociedad (y solo por esa mayoría), en otras palabras, reconoce las
contradicciones y la evolución que se producen naturalmente en toda
sociedad; y, b) es liberador, porque actúa permanentemente como agente
de perfeccionamiento de la democracia, y, en consecuencia, garante de la
calidad de vida que llevan todos los hondureños.
El
Estado debe permanecer libre de prejuicios y dogmas, y debe garantizar
la libre expresión de las ideas, así como el acceso de todas las
personas al ejercicio de dicha libertad. El Estado no debe en ningún
momento hacer uso de las creencias religiosas de las personas para
imponer criterios de ninguna naturaleza. Para garantizar una sociedad
libre de prejuicios, el Estado debe mantener la existencia de un poder
del pueblo como parte de su estructura jurídica y formal, en el que se
debatirán permanentemente los asuntos de interés común hasta en el
rincón más recóndito de la patria.
Por supuesto, una
discusión verdaderamente democrática de amplia participación, solo puede
darse en el seno de una sociedad educada y bien informada, por lo que
el Estado debe velar por el acceso universal y gratuito a la educación
con la más alta calidad posible. Ningún hondureño debe tener peor
educación que otro, menos en razón de su posibilidad de compra. Cada
quien es libre de buscar la educación en el lugar que desee, pero la
calidad que encuentre en cada lugar deberá siempre ser igual y con los
más altos estándares, sin discriminaciones de ninguna índole, y dando
siempre un trato igualitario a hombres y mujeres.
El
Estado debe velar por la seguridad de toda la sociedad, tanto en el
ámbito personal como jurídico, pero es la sociedad misma, organizada, la
encargada de garantizar que el Estado cumpla con esa delicada función. Para este fin se requiere una nueva
visión de la realidad y un nuevo papel participativo de la sociedad, que
nos permita cultivar principios de respeto hacia la vida y hacia el
medio ambiente. Además, debemos cultivar la preeminencia de la verdad y
el desprecio colectivo por la mentira, la calumnia, el chantaje, la
extorsión y la manipulación. El peor criminal es aquel que busca engañar
al pueblo.
En cualquier caso, es responsabilidad, entre
otros, del poder social, crear las estructuras y condiciones requeridas
para que el pueblo se informe debidamente y a tiempo. La información no
es una mercancía, es un derecho para todos, que debe sostener el pueblo
mismo.
Es menester del poder del pueblo, velar por el
respeto a la igualdad irrestricta de género y construir una sociedad que
exalte el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo del país,
del cual debe resultar un sistema incluyente, abierto a las ideas y de
profundo respeto por las opiniones de cada persona que se considere
hondureño.
Ningún hondureño u hondureña debe vivir a la
sombra por razón de discriminación de ningún tipo. Nuestra sociedad no
debe ser un instrumento inquisidor para perseguir compatriotas por sus
decisiones personales; y devenimos obligados en exaltar los méritos de
cada quien por sus aportes a la construcción del bienestar común.
Un Estado moderno con estructura moderna
La
definición constitucional del nuevo Estado seguirá la idea republicana
de separación de poderes. El poder constitucional, debe tener
representatividad amplia de todos los sectores de nuestra sociedad, y
los debates en su seno deben tener carácter igualitario y transparente.
La Constitución que regule el nuevo Estado no puede
reflejar ni total ni parcialmente los intereses de grupos, ni de
minorías privilegiadas, por lo tanto, es obligación del convocante a
este poder constituyente buscar mecanismos suficientes y realistas que
garanticen el propósito de crear un Estado para todos, sin relaciones de
sometimiento a ningún grupo factico.
El poder
constituyente debe garantizar la preeminencia de la voluntad de las
mayorías, y que ésta sea expresada bajo un ambiente de libertad y de
información suficiente. Al mismo tiempo, debe garantizar la
inviolabilidad de los derechos de aquellos que, siendo minoría,
mantienen su condición inalienable de hondureños. El bienestar de todos
es una misión ineludible e impostergable del Estado.
La cultura como identidad liberadora
El
Estado tradicional ha considerado a la cultura como la enemiga
fundamental de su propia existencia, por lo que en el devenir del tiempo
ha perseguido, ignorado y destruido las manifestaciones artísticas y
culturales de los pueblos con el fin de evitar que la ciudadanía pueda
visualizar a través del arte y la cultura los posibles caminos hacia la
liberación integral.
En este sentido, el Estado Moderno no prescinde de la cultura y el
arte, las asume como ejes de transformación; las políticas culturales en
su implementación son los elementos generadores para alcanzar una
sociedad que avanza hacia estadios superiores de humanización individual
y colectiva de la hondureñidad.
I- PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA
Construir democracia para vencer la dictadura
Mediante
un plebiscito, se realizará una consulta para definir la forma de una
nueva constitución amplia, democrática, incluyente y originaria,
mediante la cual se comenzará el proceso de construcción de un nuevo
pacto social que permitirá la inclusión y representación de todos los
sectores de la sociedad hondureña en la toma de decisiones del Estado,
asegurando el bien común y el interés general frente al interés de
grupos y la marginación de amplios sectores de la sociedad.
Se
consolidará así una democracia directa y participativa, que permita
transformar la función social de las instituciones públicas e impulsar
un nuevo modelo de desarrollo incluyente que respete el medio ambiente y
beneficie a las mayorías.
Contra la Corrupción e Impunidad, Justicia
Ante
la falta de un poder judicial independiente, legítimo y creíble, que
hoy es un instrumento del oficialismo para la persecución de la
oposición, y dado el control absoluto del mismo por parte de poderosos
grupos de interés y en particular por el Poder Ejecutivo, solicitamos a
la comunidad internacional, representada en la Organización de las
Naciones Unidas, la creación de una Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Honduras, para depurar a las instituciones encargadas de
impartir justicia y apoyarlas para hacer frente a los altos niveles de
corrupción e impunidad que hoy nos aquejan a todos los niveles.
Soberanía popular
A
través de la consulta y la democracia participativa se creará la nueva
Constitución, que incluirá los mecanismos necesarios para integrar al
pueblo y asegurar su ejercicio pleno de la soberanía popular mediante la
toma de decisiones trascendentales.
Estado de derecho democrático
El
compromiso fundamental de la Alianza de Oposición, a través del
Gobierno de Transición y la Reconciliación Nacional, consiste en la
fundación de un nuevo Estado Democrático basado en el reconocimiento
pleno de los derechos humanos, individuales, sociales, civiles y
políticos.
Modelo económico alternativo
La
Alianza de Oposición establecerá las bases de un nuevo modelo económico
que implemente la solidaridad y la complementariedad, que busque
potenciar la producción y la competitividad de manera incluyente y
justa, apoyando las reglas del mercado abierto y libre, sin abusos
humanos, que prevenga fallas del mercado e incentive la innovación y el
emprendedurismo de manera responsable y sostenible.
Reconocemos
el carácter fundamental de la iniciativa privada en el proceso de
desarrollo. No puede una sociedad repartir riquezas donde no existe
producción ni inversión, por lo que se estimulará la actividad privada,
siempre que esta no sea especulativa, y buscando en el breve plazo
alcanzar el punto en que la usura deje de asfixiar a los hondureños.
Entendemos
el trabajo como la fuente generadora de todas las riquezas de una
sociedad, por lo que nos proponemos la construcción de una sociedad en
la que el trabajo sea respetado, y permita el crecimiento en la calidad
de vida y la seguridad de todos los miembros de la sociedad. El trabajo
no es una limosna, es la acción transformadora de la realidad que nos ha
de permitir multiplicar nuestras opciones de acceder a una vida plena.
Política exterior
La
política exterior de la nueva república estará basada en la defensa de
la soberanía e independencia, así como en principios de igualdad,
solidaridad, respeto, reciprocidad y auto-determinación. A través de una
política exterior definida por los intereses nacionales se promoverá la
integración regional de Centroamérica y Latinoamérica para enfrentar
juntos retos comunes.
PROGRAMA DEL GOBIERNO DE TRANSICIÓN DE LA ALIANZA DE OPOSICIÓN
“HONDURAS, UN NUEVO ESTADO: SOCIAL, DEMOCRÁTICO Y PARTICIPATIVO, AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS.”
1.
Restitución del orden democrático. Consulta Popular: Habiendo hoy
acuerdo entre todos los partidos con respecto al rompimiento del orden
constitucional por el Golpe de Estado de 2009, convendrán igualmente los
aliados en la obligación de restaurar ese orden. Proponemos para eso la
reconstrucción de la Constitución de Honduras, un pacto social justo,
mediante un proceso democrático y respetuoso. Es un compromiso
fundamental de las fuerzas políticas y sociales que conforman la
alianza, votar a favor de una Asamblea Nacional Constituyente y
reconocer el mandato irrenunciable del Poder Ejecutivo y Legislativo
electos en el marco de la Alianza de Oposición, que debe ser el primer
acto del Gobierno de Transición y ejecutarse en el primer año de ese
gobierno.
2. Justicia para autores intelectuales del
asalto al Seguro Social. Solicitud de una CICIH. Para subsanar las
debilidades y deficiencias que han estorbado el funcionamiento de la MACCIH se solicitará, por parte del Gobierno de la Alianza de
Oposición a las Naciones Unidas el apoyo complementario para
evolucionarla en una Comisión Internacional para el Combate de la
Impunidad y la Corrupción en Honduras, (CICIH), la cual, en conjunto con
los órganos hondureños encargados, y acompañada de la sociedad civil,
apolítica y organizada, investigará todos los casos de corrupción
fidedignos y asegurará el fin de la impunidad. Asimismo se implementarán
programas permanentes de transparencia y acceso a la información en la
administración pública.
3. Servicios de Salud universal y gratuita. El
Gobierno de la Alianza garantizará el Acceso Universal a servicios de
Salud Pública de calidad. De inmediato, se ordenará a las instituciones
del Estado que proveen ese servicio reunirse para proponer --ellas
mismas-- la forma en que se las fusionará y se distribuirán ese papel.
Ninguna persona enferma tendrá necesidad de comprobar ninguna otra
condición, contribución anterior o eventual, para recibir el auxilio
oportuno de la Salud del Estado y los medicamentos necesarios para su
mejora.
El Gobierno de Transición ejercerá de inmediato
todas sus potestades para garantizar el acceso médico a todos los
hondureños a nivel nacional, haciendo uso en principio de todo el
personal médico existente en el país, sin discriminación de ninguna
índole, y recurriendo al perfeccionamiento de acuerdos de cooperación
que nos dé acceso a todo el personal requerido para que ningún hondureño
ni hondureña padezcan por falta de atención primaria básica e
inmediata.
Mediante la ejecución de acciones de
emergencia, el Gobierno de Transición procederá a garantizar el
suministro regular, viable y suficiente de medicamentos de alta calidad,
para atender las necesidades básicas de la salud de los hondureños en
todos los niveles.
Al mismo tiempo, se revisarán y
corregirán todos los problemas de infraestructura causados por el
abandono al que ha sido sometido deliberadamente nuestro sistema de
salud, de forma que la red nacional sea perfeccionada y su cobertura sea
nacional.
Proclamamos, que Nunca más un hondureño o
hondureña perecerá por falta de dinero para pagar servicios médicos; la
vida humana no tiene precio.
4. Educación. El Gobierno de la
Alianza brindará educación gratuita y universal, y reinstaurará la
Matrícula Gratis para el estudio. Ningún niño o padre de familia deberá
pagar y ninguna autoridad o maestro podrá cobrar, bajo pena de
destitución inmediata, por darle a un párvulo un sitial digno –igual a
los demás- en el aula de clase. Los colegios públicos abrirán sus
servicios a todos los graduados de básica que reúnan los requisitos
académicos. Y las universidades públicas no podrán rechazar la primera
matrícula a ningún graduado del sistema de educación secundaria. El
Consejo Nacional de Educación se preocupará por garantizar la oferta de
la educación especial apropiada que responda a la demanda y las
necesidades sociales, la educación técnica, la educación artística y la
educación informal para el trabajo.
4.a Se reestablecerán los derechos adquiridos por los Maestros,
revirtiéndose toda legislación y política pública que afecte las
históricas conquistas de los educadores de Honduras. Se promoverán y
protegerán los derechos de los maestros que serán los encargados de
sembrar las semillas de una nueva Honduras mediante una educación
pública de calidad y cobertura universal. Se revisará la Ley del
IMPREMA, para que responda a un bienestar sostenible del magisterio. Se
garantizará el estricto cumplimiento del Estatuto del Docente y se
fortalecerán los beneficios e incentivos del personal, y facilitará el
acceso de los jubilados al sistema médico hospitalario del IHSS.
4.b
Los maestros y maestras de Honduras tendrán como tarea suprema, tanto
en el sector público como privado, la edificación de una sociedad que
vive bajo valores éticos inquebrantables, resaltando la relevancia de
las luchas de nuestros próceres, y reivindicando el honor y el orgullo
patrios. Como sociedad estaremos obligados a escalar posiciones en los
campos de la ciencia y la tecnología, lo que implica una amplia
profundización en todas aquellas tareas que lleven al fomento constante
del estudio, tanto del docente como del alumno.
Proclamamos
nuestra posición irreductible de convertir a nuestro pueblo en una
sociedad moderna, amante de la verdad y que profese sin ambigüedades su
desprecio por la mentira, la manipulación, la calumnia, el chantaje y la
extorsión como formas de dominación y explotación.
5. Se establecerá
un Plan para Vivienda Digna que brinde acceso universal al techo y no
solo al piso digno, quitándole facultades regulatorias a las instancias
de segundo piso, agilizando el crédito que los bancos quieren ofrecer a
los proyectos de vivienda social, con aval estatal a lo largo y ancho
del país, de modo que el tiempo entre solicitud y aprobación, que hoy
ronda los casi 200 días se reduzca a 20 días hábiles.
Este
Plan deberá contar con la activa participación comunitaria y tendrá
éxito gracias a toda la sociedad movilizada, basada en una profunda
convicción solidaria de que cada ser humano debe vivir en un medio
seguro que le permita tener privacidad, descansar, recrearse y aprender.
6. Ante la brutal violencia desatada y alimentada por el régimen,
mediante los escuadrones de la muerte, el asocio con el crimen
organizado, el narcotráfico, la militarización de las fuerzas de
seguridad para perpetrar la represión y la persecución, la
criminalización de la oposición y de los valientes sectores de la
población que denuncian los abusos sistemáticos de los derechos humanos y
la extracción criminal de los recursos naturales a costa de nuestros
pueblos indígenas y nuestro medio ambiente. Ante el vil y cobarde
asesinato de los más valiosos de nuestros activistas, de Bertha Cáceres,
Margarita Murillo, Emo Sadloo, Isis Obed, Pedro Magdiel, de todos
nuestros caídos, de nuestros mártires. Ante la inseguridad que todos los
días mata a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes y mutila nuestro
futuro.
Se ejecutará un Plan de Seguridad Comunitaria que
se enfocará en la prevención del delito común, la delincuencia juvenil,
la violencia doméstica y la extorsión. Ese plan se implementará
mediante la organización civil comunitaria de los instrumentos de
seguridad
pública. Las policías estarán a las órdenes de las comunidades
organizadas y el Ministerio Público se comprometerá a defender los
derechos de todos los ciudadanos(as), así como especialmente la
seguridad de sus colaboradores, testigos e informantes. Se suprimirá a
los escuadrones de la muerte.
Se eliminará el coercitivo tazón de
seguridad y se publicarán todos los usos que se dé a los fondos del
Estado. La política de Seguridad del Gobierno de la Alianza se basará en
los siguientes principios básicos:
· Desmilitarización de la seguridad pública.
· Policía Comunitaria como garante de la seguridad del pueblo y por el pueblo.
· Respeto irrestricto y defensa de los DDHH por parte del Estado y sus fuerzas.
· Despolitización de los organismos de seguridad y justicia.
· Profesionalización de los cuerpos de seguridad.
· Coordinación eficiente entre las distintas agencias de seguridad pública.
· Controles internos autónomos que aseguren un aparato de seguridad libre de corrupción.
· Inteligencia civil con controles democráticos al abuso de poder.
· Defensa de fronteras, mares y territorio nacional.
· Recuperación de espacios públicos y territorio controlado por el crimen.
· Atención especial a grupos vulnerables afectados por el crimen y la violencia.
· Seguridad y educación vial para todos nuestros ciudadanos.
· Contra la extorsión, el crimen organizado y el lavado de activos, el Estado actuará con contundencia.
· La política de seguridad y justicia estará basada fundamentalmente en la prevención, la rehabilitación y la reinserción.
·
La organización ciudadana por sectores para que apoye y supervise la
actividad de los cuerpos de seguridad del Estado. La recuperación de la
paz y la instauración de un ambiente social seguro debe ser u na
actividad colectiva a nivel nacional, en el que tome parte la mayoría de
la población.
7. Las personas sin ingresos
regulares, muy pobres, NO pagarán por la electricidad ni por el agua
potable, más que un óbolo, símbolo de su contribución. Y serán sus
vecindarios (no las burocracias ni las instancias partidarias) que
determinarán sus calificaciones para ese privilegio. Pero además todos
los cobros por esos servicios básicos estarán sujetos a controles
públicos y sociales, en ningún caso, podrán superar al promedio
equivalente en los países de Centroamérica, sin importar el proveedor.
7.a
Sistema de Solidaridad Social universal. Crear un programa de
solidaridad humana para los hondureños y hondureñas en condiciones de
exclusión y precariedad social, asimismo, sentar las bases para la
creación de un Piso (Mínimo) de Protección Social que contribuya a
erradicar la extrema pobreza.
Se establecerá un paquete de
servicios esenciales: cuidados médicos, necesidades escolares,
mejoramiento de vivienda, seguridad alimentaria y nutrición, espacios
recreativos.
Se fortalecerán los actuales condicionamientos para la
entrega de bonos: matriculación y mantenimiento de los niños y niñas en
los centros educativos y control de niño sano.
Se potenciará la construcción de capacidades de la población sin
acceso a oportunidades; el Sistema de Solidaridad Social universal,
deberá estimular la formación práctica de hondureños y hondureñas en
edad de trabajar e identificar oportunidades de empleo.
Se
implementará un enfoque de fortalecimiento a la innovación de la
capacidad productiva de las comunidades, destinando fondos de capital
semilla que promuevan los proyectos productivos a escala local.
Incorporar en todos los niveles del sistema de protección social, la
participación de la comunidad, con propósitos de auditoría, vigilancia y
de medición de la transparencia de los procesos y de la gestión basada
en resultados así como del impacto de los mismos.
8. Se
cancelarán de inmediato --a través de la revisión de los contratos y
concesiones por el Congreso Nacional-- los cobros por concepto de peajes
en las carreteras que no tengan vías alternativas satisfactorias.
Todas las carreteras construidas con recursos de donación de la
comunidad internacional al pueblo de Honduras serán de uso gratuito.
9.
Se reducirán los costos de los combustibles para que sean los más
bajos de Centro América, mediante la reducción paralela del impuesto y
de la ganancia de las distribuidoras. Se garantizará la protección de
recursos naturales para la energía y se promoverá la energía alternativa
sostenible y competitiva, en vez de las subsidiadas.
10. La
prosperidad económica del país radica en la producción agropecuaria, hoy
estancada. Mediante un Programa de Promoción de la Producción
Agropecuaria, se dará acceso a créditos a los pequeños y medianos
productores, certificados por sus organizaciones gremiales, con
salvaguarda de sus patrimonios y con seguros para sus productos
vegetales y animales. En el caso de la producción de alimentos para el
consumo nacional, ese crédito será concesional y no podrá negarse a
quien reúna las condiciones. El estado vigilará contra los coyotes y
monopolios para asegurar un mercado funcional del producto y organizará
con la Cooperación Internacional, la extensión técnica para apoyar a la
producción del agro para el mercado mundial.
El Gobierno de la
Alianza implementará un Modelo de Desarrollo Económico Alternativo
basado en la democratización de la economía con el fortalecimiento de
los diferentes tipos de empresas y de propiedad: Estatal, Mercantil
/Privada y de Economía Social y Solidaria. Así mismo, elemento
indispensable es el reconocimiento de la importancia fundamental de la
participación inteligente del Estado en corregir las distorsiones del
mercado y orientar la inversión en función de una convivencia armónica
con el Ambiente. Nuestro Modelo promoverá activamente la equidad entre
géneros, etnias, generaciones y territorios para poder edificar un
Desarrollo Humano Sustentable.
La devaluación de nuestra moneda será detenida inmediatamente, y se
harán las evaluaciones necesarias para encontrar una valoración justa de
la misma, de modo que el régimen cambiario aporte seguridad al
desarrollo, la inversión y a la sociedad. Dentro de esta idea, se
prohibirán de inmediato los cobros de servicios en dólares, y aquellos
contratos existentes antes de tal medida deberán ser renegociados en
moneda nacional.
Las negociaciones con los organismos
multilaterales de crédito, así como las relaciones bilaterales para
endeudamiento externo serán llevadas con ánimo constructivo, pero nunca
con la disposición de sacrificar la soberanía patria, la población
hondureña o el futuro de nuestras generaciones venideras.
11. Una Reforma Agraria Justa. Estarán salvaguardadas las propiedades
productivas. A cambio de una renta normal, las tierras de vocación
agrícola que --sin pretexto ni explicación de sus propietarios--
estuviesen ociosas y hubiesen estado ociosas por dos ciclos se pondrán
en producción de inmediato por sus propietarios el estado creará
incentivos por este objetivo
12. Se derogarán todas las
prescripciones legales que castiguen en base a una culpa presunta. Y a
través de un Nuevo Pacto Fiscal, se eliminarán los impuestos basados en
imaginaciones, y los onerosos, racionalizando el régimen fiscal para
establecer un sistema tributario progresivo, que asegure los fondos para
el cumplimiento de las responsabilidades del estado. No pagarán
impuestos los insumos de la producción de alimentos. Se reducirá al
mínimo, para fines de registro, el impuesto a la venta de los productos
de la canasta básica, y se elevarán -al doble de lo actual- los
impuestos a la venta de productos suntuarios de importación, como las
joyas, los perfumes y licores caros, tabacos refinados, telas
ostentosas, los vehículos de lujo y las armas suntuosas.
13.
El salario mínimo se indexará al costo de la canasta básica para
asegurar que el primero sea superior al segundo, siempre.
Inmediatamente. Y, a menos que se demuestren circunstancias atenuantes
sustanciales o compensaciones equivalentes.
14. Todos
los trabajadores, sin excepción estarán protegidos por Código de
Trabajo, excepto aquellos que se encuentran bajo regímenes especiales de
cobertura. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables y sus
prestaciones laborales inalienables; en consecuencia, ningún contrato
estará por encima del Código del Trabajo vigente. Los empleadores que no
estén afiliados a un régimen de aportaciones obligatorias, pondrán los
pasivos laborales de sus operaciones a salvo, en planes de ahorro para
sus empleados según una ruta que debe pactarse entre ambas partes.
El
Gobierno de Transición, además de derogar inmediatamente la Ley de
Trabajo Temporal, deberá iniciar los estudios necesarios para iniciar el
proceso de formulación de un nuevo Código del Trabajo, y remitirá sus
resultados a la consideración de la Asamblea Nacional Constituyente.
15.
Implementación del referéndum revocatorio para el cambio de la actual
Corte Suprema de Justicia y la modificación del sistema de selección de
los magistrados, su
inamovilidad y permanencia en el cargo; la anulación del Decreto
Legislativo de Amnistía y el inicio de investigaciones contra quienes
utilizaron las armas y asesinaron.
16. La Alianza
propone la derogación de la ley de empleo por hora, ley del tazón, ley
de secretos, ley del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, ley de
escuchas dependiente del Poder Ejecutivo, la entrega del territorio a
través de las ZEDES, la ley de COALIANZA, los fideicomisos lesivos a la
gente y al Estado como los de la ENEE y las carreteras; las leyes que
concentran el poder en el Presidente de la República; los paquetazos que
han quintuplicado los impuestos y empobrecido las mayorías; las
ilegales concesiones sobre los recursos naturales: ríos, minas y otras.
17. Cultura para todos. Una política pública cultural
que garantice el acceso y la promoción de la cultura. En el proceso de
reconstrucción de la institucionalidad del Estado, se restablecerán los
organismos que rigen las políticas culturales y artísticas de la nación
desde el Estado, asegurando que tales estrategias garanticen la
investigación, la creación y la promoción de la identidad como columna
vertebral del nuevo Estado.
Nota: La presente es una
propuesta programática de la Alianza de Oposición a partir de la cual se
desarrollará un Plan de Gobierno que propondrá mediante un marco lógico
los pasos concretos para ejecutar las propuestas planteadas a través de
actividades y acciones específicas, monitoreando y evaluando dicha
ejecución de acuerdo a indicadores medibles y resultados obtenidos.
Anexos y Coordinación:
· Mecanismos de coordinación de la Alianza entre partidos y sectores sociales.
· Comisión Ejecutiva Nacional, subcomisiones.
Tegucigalpa, MDC 17 de Mayo de 2017.
Salvador Nasralla Xiomara Castro de Zelaya
Candidato Presidencial Candidata Presidencial
Partido Anticorrupción (PAC) Partido Libertad y Refundación “libre”
Guillermo Enrique Valle Marichal
Candidato Presidencial
Partido Innovación y Unidad PINU-SD
José Manuel Zelaya Rosales
Ex presidente Constitucional 2006-2010
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