En Honduras, las niñas, niños y adolescentes representan el 43% de la población total. Al ser un sector poblacional tan importante lo lógico es pensar que el Estado ha elaborado e implementado una política pública integral que aborde los principales problemas que obstaculizan el desarrollo de su dignidad humana.
Sin embargo, las estadísticas nos dicen otra cosa y para muestra, un botón. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, 1.3 millones de niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema escolar.
Según el Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, en los últimos seis años han muerto violentamente 624 estudiantes de educación secundaria, es decir, 8 estudiantes asesinados cada mes.
De acuerdo con Casa Alianza, en el transcurso de los treinta y ocho meses de gobierno de Juan Orlando Hernández se han registrado 2,780 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años.
Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la tasa de trabajo infantil alcanza el 14.1% y solo durante el 2016 fueron retornados al país 10,652 niñas y niños migrantes que se fueron huyendo de la violencia y la pobreza.
De acuerdo con José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, “la pobreza junto a la violencia están expulsando de sus hogares a los niños y, una vez en la calle, son perseguidos por el crimen organizado o las maras”.
En este sentido, se estima que solo en Tegucigalpa y en San Pedro Sula más de 10,000 menores de edad han hecho de las calles su hogar, de los cuales el 94% ha consumido algún tipo de droga y el 100% ha sufrido abusos sexuales.
Frente a esta realidad, ¿dónde ha estado el Estado hondureño? La respuesta es fácil: ha sido como un fantasma que todo mundo dice que existe pero que no aparece por ningún lado para cambiar las circunstancias o condicionamientos sociales, culturales y económicos que hacen que nuestra niñez y adolescencia sean presas fáciles del crimen como víctimas y victimarios.
Pero cuando aparece, lo hace para cerrar el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, y desaparecer los centros que albergaban a la niñez en riesgo social, y para castigar a la niñez y adolescencia con todo su poder, sus militares, policías, jueces, fiscales y leyes autoritarias.
Como lo señala la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, “debería ser urgente y prioritario el abordaje a las causas estructurales que sitúan a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad”, pues “de nada sirve castigar a una niña o a un niño como adulto si no se atacan las raíces de los problemas”.
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De Estado fantasma a Estado
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