En el mismo banquillo donde han estado sicópatas, asesinos en serie, delincuentes de cuello blanco acusados por delitos de corrupción; la mañana de ayer había tres estudiantes universitarios, sentados a un lado de los jueces de Sentencia ataviados con toga negra.
Su delito: Ser dirigentes estudiantiles y haber protestado desde 2014 por reformas académicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Sus nombres: Sergio Ulloa, Cesario Padilla, Moisés Cáceres.
Sus acusadores: Las autoridades de la UNAH, cuya cabeza es la Rectoría, dirigida por una socióloga hondureña, llamada Julieta Castellanos; y la Fiscalía General del Estado, dirigida por el exmagistrado del Poder Judicial, Óscar Fernando Chinchilla.
La figura penal utilizada por el Estado: Usurpación, es decir, están acusados por querer apropiarse de las instalaciones de la UNAH por una supuesta toma de instalaciones en las que participaron porque estaban inconformes por la falta de democratización en la UNAH y por un reglamento estudiantil sin participación de los estudiantes, ha dicho el periodista, Cesario Padilla.
El Estado procesal: el juicio fue reprogramado para el viernes 26 de enero, a las 9 de la mañana porque el representante de la Procuraduría General de la República (PGR) no llegó aunque estaba citado en legal y debida forma.
La presidenta del Tribunal de Sentencia, Emily Page, anunció que se enviaría una nota formal de reclamo porque los funcionarios de la PGR deben ser responsables. A folio 384 del expediente de mérito consta que Guillermo Carlos Maradiaga recibió la notificación del juicio el 27 de marzo de 2017, dijo la togada.
Cuando se había suspendido la audiencia arribó al tribunal un representante de la PGR y anunció oralmente que se apartaban del proceso porque estaban los abogados de la UNAH en el caso, informó el defensor de los estudiantes, Laureano Carbajal.
Se esperaba que el 24 de mayo que iniciaría el juicio oral, que estaba programado para dos días consecutivos, se llegará a un acuerdo para suspender la persecución contra los estudiantes.
La conciliación –explicó el ex defensor de los estudiantes, el abogado Mario Rojas- no cabe en este momento procesal. Este sería el momento para hacer valer el acuerdo político entre el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), firmado en julio de 2016, y las autoridades de la UNAH para ponerle fin a un conflicto que generó una serie de protestas y la toma de las instalaciones. En el marco de ese acuerdo, los abogados de la UNAH deben retirar las acusaciones, consideró el penalista.
Derecho penal y libertad de expresión
En la obra ¿Es Legítima la Criminalización de la Protesta Social? Derecho Penal y Libertad de Expresión en América Latina, el ex relator especial para la Libertad de Expresión, Eduardo Bertoni describe, desde Argentina, Raúl Zaffaroni “nos ofrece en su trabajo un análisis dogmático del derecho penal habitualmente utilizado para silenciar las protestas sociales”.
El criminólogo Zaffaroni -laureado por sus investigaciones sobre el genocidio- explica en este estudio que “el fondo de la materia con que se enfrenta el derecho penal en este punto es una cuestión de naturaleza eminentemente política. Afirma que quitar el problema de ese ámbito para traerlo al derecho penal es la forma más radical y definitiva de dejarlo sin solución”, según describe Bertoni en referencia a la obra de Zaffaroni.
Sobre el uso del derecho penal contra la libertad de expresión, el defensor de los estudiantes criminalizados, el abogado Carbajal consideró que es lamentable en Honduras “porque hay condenas por difamaciones, hay condenas en casi todos los tribunales y ni hablemos de defensores de derechos humanos y no sólo es que los sancionan con prisión sino que también segándoles la vida”.Mientras Carbajal daba declaraciones frente al Tribunal, los estudiantes del MEU coreaban consignas en apoyo a los universitarios criminalizados.
Un grupo de estudiantes acompañó el desarrollo de la audiencia contra sus tres compañeros.
Respecto al juicio, Carbajal indicó que dos de sus testigos, que el sistema judicial no quiso declarar como protegidos, no habían podido asistir a la primera audiencia de evacuación de pruebas, así que les pareció adecuada la reprogramación, además se está esperando una respuesta de la rectora para llegar a un acuerdo.
“De manera que eran dos circunstancias por las que íbamos a pedir posponer la audiencia”, dijo.
Después de la suspensión de la audiencia el defensor y los abogados de la UNAH dialogaron en torno al tema dentro de las instalaciones del Tribunal de Sentencias.
En 2016, la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó el informe Criminalización de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
Este estudio hace un recorrido sobre los tipos penales utilizados en América Latina para reprimir la protesta social.
En ninguno de los países, analizados en este estudio, se menciona la usurpación como un tipo penal utilizado, sin embargo, los Estados con cuestionamientos por la OEA utilizan tipos penales que priorizan el derecho a la libre circulación sobre el derecho a la libertad de expresión; el castigo de la falta de autorización para efectuar manifestaciones públicas; la criminalización por recibir financiamiento internacional, la sedición y el terrorismo.
¿Cómo lo sienten?
Sergio Ulloa, desde 2014 ha sentido zozobra. En 2016 lo acusaron por segunda vez, estaba iniciando su práctica en Santa Bárbara, como trabajador social, cuando se dio cuenta que había una orden de captura en su contra por participar en una protesta en las que no estuvo, dijo. Ulloa contó que ha sufrido golpes, bombas lacrimógenas durante las protestas. El caso le ha generado incertidumbre, daños emocionales, problemas para dormir y conflictos familiares.
Cesario Padilla, también acusado en 2014, siente un cansancio por la persecución por la espera, en 2016, cuando lo acusaron por segunda vez, salió de su casa y luego se reencontró con su papá y su mamá con esa sensación de fatiga. Siete una especie de hartazgo por la situación, según describe Padilla.
El periodista Padilla fue galardonado por el contenido periodístico de su blog AbraPalabra el 26 de enero de 2017, un jurado internacional valoró su técnica periodística, el contenido y la comunicación para generar igualdad entre géneros, por eso la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios le dio el Premio Nacional a la Comunicación Gladys Lanza.
El premio lleva el nombre en honor a una defensora que murió acusada penalmente por ofrecer declaraciones a una televisora sobre una denuncia de acoso sexual que acompañaba como defensora.
Pues este 25 de mayo que se celebra el Día del Periodista en Honduras, mientras el Congreso Nacional mantiene una figura penal para acusar por terrorismo a la prensa, Padilla está citado para dentro de 24 horas para iniciar su juicio oral y público por ejercer el derecho a protestar en el centro de estudios que lidera la educación en Honduras: la UNAH.
http://www.conexihon.hn/banquillo-de-los-acusados-la-espera-de-defensores-de-la-educacion-publica
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