Wed, 04/26/2017 - 08:46 by
Cesario Padilla
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Este martes el
Congreso Nacional (CN) tiene la oportunidad de legislar a favor de los
derechos de las mujeres en Honduras o seguir un patrón desde los grupos
religiosos y demás grupos fundamentalistas, en la discusión de un nuevo
Código Penal, de acuerdo a defensoras nacionales e internacionales de
derechos humanos.
Para María Elena Méndez, ex catedrática universitaria y lideresa
feminista del Centro de Estudios de la Mujer- Honduras (CEM-H), esta
discusión en el parlamento hondureño debe pasar por un conocimiento
amplio de convenios internacionales y leyes nacionales que promueven y
protegen los derechos humanos de las mujeres.
“Si no se aprueba la despenalización del aborto bajo las tres
causales, es una violación a los derechos humanos de nosotras, porque
éstos no se deben a una iglesia, tienen que ver con la ciudadanía y el
Estado tiene el deber de protegerlos”, afirmó Méndez.
Pero las demandas de las organizaciones de mujeres y feministas en el
país, enfrentan un discurso estigmatizante por parte de sectores
involucrados en las estructuras de las iglesias (Católica y Evangélica),
y representantes de organizaciones de sociedad civil con un pasado
oscuro en el golpe de Estado de junio de 2009.
En ese sentido, para María Elena Méndez, una de las fundadoras del
CEM-H, la clase política del país es oportunista, y previo a las
elecciones generales a desarrollarse en el mes de noviembre hace un
cálculo en donde dejan ver a la sociedad que “si (los diputados y
diputadas) respaldamos el aborto, un sector de la población no votará
por nosotros”.
Además, sobre la imposición de una cultura patriarcal, dado que la
mayoría de quienes componen el parlamento son hombres, y prevalece un
discurso religioso-moralista, mas no un debate científico sobre el tema
de la despenalización del aborto, dijo la defensora.
“Esto nos demuestra que la mayoría de la clase política está aliada con los grupos conservadores”, puntualizó.
Cuestionó el hecho de la existencia de un lenguaje colonialista de
parte del equipo de consultores internacionales (Francisco Javier
Álvarez y Esther Hava García) que asesoran la propuesta del nuevo Código
Penal, ya que, a su criterio, estos les manifestaron que “únicamente
tomarían las observaciones que ellos consideraran viables técnicamente”.
El asesoramiento que tienen para la discusión de este Código Penal,
presenta un lenguaje colonialista, porque nos manifestaron que
incorporarían las observaciones que ellos consideraran técnicamente
viables y lo técnico es viable político porque esto depende de quien las
elabora y quien las aprueba.
“Estamos en un momento en el que vienen los colonizadores a decirnos a
los conquistados cuáles son las normas y pactos los que deben regirnos
como sociedad y siguen invisibilizándonos como mujeres, nunca hemos
estado en su discurso”, sentenció la ex catedrática universitaria.
Penalización debe ser modificada “sin demoras”
“Al penalizar el aborto, el Código Penal de Honduras es incompatible
con los derechos humanos y debe ser modificado sin demoras”, dijo hoy la
Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.
Para Guevara- Rosas la prevención de que las mujeres puedan ejercer
sus derechos humanos pone tanto su salud y por ende sus vidas en
peligro.
La prohibición del aborto sin excepción (aun cuando la vida del niño o
niña y de la madre se encuentre en riesgo) en el continente se estipula
en siete países como ser: Chile, República Dominicana, El Salvador,
Haití, Honduras, Nicaragua. Sin embargo, los Congresos de Chile, El
Salvador y República Dominicana actualmente debaten posibles cambios a
su legislación para permitir acceso a abortos seguros en algunas
circunstancias.
De acuerdo a informaciones obtenidas por Conexihon.hn, los diputados y
diputadas del Congreso Nacional, estaría discutiendo mañana al mediodía
el tema de la despenalización del aborto. Sin embargo, previo a esta
decisión, sectores ligados al discurso religioso y miembros afines al
partido oficialista han agredido verbal y físicamente a quienes han
expresado públicamente su respaldo a la garantía de abortar en al menos
tres causales:
1. Una violación del derecho a la vida, la salud y la dignidad de las mujeres.
2. Un acto de legalización de la injusticia social al condenar a las
mujeres de menos recursos a arriesgar su vida y su integridad cuando
tienen que practicarse un aborto en condiciones inseguras y peligrosas.
3. Una grave violación del deber estatal de garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres.
En Honduras, el aborto es penalizado hasta con diez años de prisión según el artículo 126 del actual Código Penal.
http://www.conexihon.hn/penalizar-el-aborto-es-una-violacion-derechos-de-mujeres-hondurenas-advierten-defensoras
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