El precio de ser periodista y denunciar en el sur de Honduras

by Cesario Padilla 

Choluteca, Honduras (Conexihon).- Llevar contenido informativo con tinte de denuncia sobre el quehacer de funcionarios públicos, tiene repercusiones contra periodistas que se atreven a tal fin en la ciudad de Choluteca. Un ejemplo es la situación de Jairo López, quien enfrenta un proceso penal por difamación y calumnia ante una denuncia interpuesta en septiembre del 2015, por un empresario de la localida

 López es periodista y conductor del programa televisivo ‘El Informador’ del Canal 21 en la principal ciudad del sur del país.

En el diario caminar del ejercicio de su profesión, carga con un proceso por los delitos de "difamación y calumnia" presentado hace 17 meses por Alcides Alejandro Aguilar Corrales, cercano al Gobierno y propietario de otro canal de televisión de Choluteca.

El periodista reveló en su programa una serie de actos de corrupción y especialmente uno que involucra a Aguilar Corrales, por supuesto uso irregular del servicio de agua potable.

En la audiencia de conciliación, de octubre de 2015, Aguilar solicitó más de 13 mil lempiras y una disculpa pública al periodista, y así cerrar el proceso judicial, de acuerdo a lo que publica el periódico www.pasosdeanimalgrande.com . Esta “excesiva” solicitud fue rechazada por López y su defensa, entonces el proceso siguió su curso. 

Desde el momento en que se inició esta acción judicial, Jairo López ha sido representado por el equipo legal de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU).

A inicios de este mes, se llevó a cabo la primera audiencia y en ella los jueces encargados del caso informaron de la pérdida de las pruebas presentadas por el abogado defensor.

Previo a esta audiencia, Jairo López fue objeto de una campaña de desprestigio por su labor, a través de redes sociales en las que se le pretendió vincular con el crimen organizado.

El director del Despacho América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Emmanuel Colombié, dijo que este proceso judicial no puede continuar mientras no se encuentren las pruebas proporcionadas por la defensa del comunicador.

“El Estado hondureño debe garantizar la seguridad de Jairo López otorgándole las medidas de urgencia contempladas en el Mecanismo de Protección de Periodistas (nacional). Asimismo, debe despenalizar los delitos de difamación y de calumnia, utilizados con gran frecuencia por miembros del gobierno para censurar a las voces críticas en el país”, sostuvo.

Segundo periodista que enfrenta proceso por denunciar corrupción en el sur

Este caso no es el único de la ciudad de Choluteca, ubicada a 150 kilómetros al sur de Tegucigalpa, capital de Honduras. En el año 2016, el periodista Ariel D´Vicente, fue condenado a tres años de prisión e inhabilitación de su ejercicio profesional luego de que un ex jefe policial lo querellara por supuestos daños a su imagen. 

"El periodista Ariel D´Vicente denunció que es víctima de hostigamiento judicial, mediante el uso del derecho penal para perseguirlo y que la situación se ha agravado desde que el diputado de Choluteca, Mauricio Oliva, preside el Congreso Nacional”, según la Alerta 147-16 del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

A pesar de las recomendaciones y observaciones hechas por organismos internacionales, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acerca de la despenalización de la difamación y la calumnia, los grupos de poder, funcionarios públicos la utilizan como arma poderosa para acallara voces que ejecutan su acción de veeduría social sobre sus actuaciones. 

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