*/Por: Juan Carlos Monedero
Publicado: 01 Abril 2017 Agencias / EL LIBERTADOR
El
9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional venezolana desconoció al
Presidente de la República, Nicolás Maduro. Votaron a favor de ese golpe
de Estado constitucional todos los diputados de la oposición salvo los
tres diputados del partido de Henry Falcón, quienes entendieron la
gravedad de esa decisión.
Venezuela
es un sistema político presidencialista desde 1811, influido por el
constitucionalismo norteamericano. Al Presidente le vota directamente el
pueblo -a diferencia de un sistema presidencialista como el español,
donde al Presidente le vota el Parlamento- y le corresponde al
Presidente, que es el Jefe del Estado, la dirección del país. Cuando la
Asamblea decidió desconocer el poder legítimo del Presidente se estaba
poniendo al margen de la Constitución. La prensa internacional no dijo
nada.
La
gran discusión entre el Presidente Maduro y la Asamblea tiene que ver
con las actas de tres diputados de Amazonas. Se ha demostrado que
compraron votos entre otras muchas irregularidades, lo que obligaría a
repetir la elección en esos tres casos.
La
Asamblea se declaró en rebeldía y decidió echar un pulso a la
Presidencia de la República. A imitación del constitucionalismo europeo,
cuando hay un conflicto constitucional entre poderes el Tribunal
Supremo puede asumir competencias del Parlamento en los casos en que
fuera necesario.
Hasta
un fantoche como Donald Trump ha tenido que asumir las decisiones
recientes del Tribunal Supremo norteamericano. Con su tradicional
irresponsabilidad, la derecha española llama a desobedecer el Estado de
derecho en Venezuela y la decisión del Tribunal Supremo. No me extraña
de Esperanza Aguirre o Pablo Casado: el PP, especialmente en Madrid, ha
financiado sus campañas electorales con dinero negro.
Es
decir, el PP lleva varías legislaturas usando maneras propias de
golpistas. E históricamente, al menos desde 1936, tienen oído musical
para esa partitura.
Quienes digan desde España que los venezolanos deben
desoír las decisiones de su Tribunal Supremo son unos irresponsables
que tiren piedras no solamente sobre el tejado venezolano, sino también
sobre el nuestro.
Por
si fuera poco, esa Asamblea dominada por la oposición proclamó que el
Presidente había abandonado su cargo (algo absurdo y evidentemente
falso) y propuso convocar elecciones presidenciales en el plazo de un
mes. Ese intento de golpe de estado desde el Parlamento no recibió ni
una sola crítica de los que ahora dicen que hay un golpe de estado en
Venezuela.
Entre
ellos, el máximo responsable de la OEA que ayer mismo se reunía en la
Ciudad de México con ex presidentes latinoamericanos procesados por
lesionar los derechos humanos, y el Departamento de Estado de los EEUU.
Qué curioso que justo después haya salido la petición de Almagro de
enjuiciar a Venezuela desde la OEA. El papel de Almagro como Secretario
General de la OEA está haciendo mucho daño a la tan necesaria
institucionalidad internacional (Pepe Mujica ya se distanció de él de
manera definitiva y dejó ver a quién se había vendido). Almagro lleva
varios meses mintiendo.
Por
ejemplo, ha dicho en dos ocasiones recientes que a Venezuela se la ha
aplicado la Carta Democrática de la organización (que, tras muchos
trámites -ni siquiera iniciados-, podría llevar a su expulsión como ya
ocurrió con Cuba pero nunca ha ocurrido con los Estados Unidos, pese a
haber promovido golpes de Estado como el de Pinochet contra Allende).
Pero
era mentira, como demuestra que hoy mismo ha pedido a la OEA que
aplique la Carta Democrática. Ergo miente. Todo el rato. Él sabrá por
qué, pero en su Uruguay natal dicen que se ha vendido por un puñado de
dólares a los que siempre han querido que América Latina sea el patio
trasero norteamericano. Washington siempre busca a un criollo para hacer
la tarea del traidor. Almagro no vive en Montevideo.
El
Tribunal Supremo de Venezuela ha usado un artículo de la Ley de
Hidrocarburos -la principal riqueza del país- que establece que los
convenios internacionales y las asociaciones con grupos extranjeros
deben ser aprobados por la Asamblea. Pero la Asamblea está en situación
jurídica de desacato, de manera que no puede -ni quiere- firmar ningún
acuerdo, lo que pone en riesgo financiero a Venezuela.
Es
por eso que el Tribunal Supremo ha asumido las competencias estrictas
de la Asamblea para la aprobación de esos contratos, de manera que el
país pueda asumir los compromisos necesarios en un momento
económicamente complicado por el hundimiento de los precios del petróleo
(preguntémonos en España qué pasaría si se hundiera un 80 % el
turismo).
El
Tribunal Supremo no ha disuelto la Asamblea ni se han convocado nuevas
elecciones para elegir nuevos diputados. Lo contrario de lo que están
diciendo los medios de comunicación. Lo único que está haciendo el
tribunal supremo es asumir unas competencias concretas para evitar que
Venezuela se paralice mientras dure el desacato.
Si
los diputados de la oposición quisieran, el desacato desaparecería de
inmediato -bastaría con que reconocieran que los tres diputados elegidos
en la Amazonía no pueden hacer uso de su acta debido a las muchas
irregularidades probadas-, pero les resulta mucho más rentable seguir
regalando falsas portadas a la prensa internacional.
La
derecha internacional, esa que se regala entre sí viviendas oficiales y
que tiene una trama global de fondos buitres -donde están los Aznar,
Botella, sus hijos, De Guindos, Rato, Aguirre y toda esa tropa de malos
españoles donde también se ha colado algún “socialista” como Felipe
González- quiere tumbar a Venezuela, igual que han hecho con Dilma
Roussef en Brasil.
¿Quién
que no esté vendido a esos intereses puede decir que asumir de manera
temporal unas competencias esenciales para firmar unos contratos sin los
cuales un país se quedaría entregado a los capitales internacionales es
un golpe de Estado? ¿No son acaso los mismos que ven “normal”
desconocer al Presidente del Gobierno y llamar a nuevas elecciones?
Demasiados hipócritas.
Venezuela
necesita mucho diálogo. El choque entre instituciones es malo para el
país. Esa debiera ser la tarea de España: ayudar al diálogo. En todo el
continente latinoamericano. En México -desde donde escribo- han
asesinado este último mes a tres periodistas (¿Nos imaginamos lo que
pasaría si hubieran asesinado a tres periodistas en Caracas?) y hay al
menos 30.000 desaparecidos.
El
día a día de México es la aparición de fosas con cadáveres, la trata,
el asesinato de mujeres, la desaparición de líderes sociales, la
creciente pobreza y desigualdad junto a una impunidad del Estado
estremecedora. Aún lloran en México a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y
el Presidente Peña Nieto se ríe de las víctimas no reconociendo las
lagunas que apuntan al ejército, a la policía y a políticos vinculados
al narco en la desaparición de las muchachas y muchachos. Parece que el
PP y sectores del PSOE quieren ver a Venezuela convertida en México.
Para seguir la trama de los negocios.
Hay
mercenarios que desearían abocar a Venezuela a una guerra civil. Creen
que así podrían volver a recuperar el paraíso que tenían cuando
controlaban el petróleo contra los venezolanos y venezolanas. Se
equivocan, porque el pueblo venezolano no va a permitir que eso ocurra.
Apuntar en esa dirección es querer llevar a Venezuela a un escenario
terrible como los que ha creado la OTAN y las potencias occidentales en
Oriente Medio.
Ojalá
el Estado de derecho que forma parte de los logros civilizatorios de
Europa pueda funcionar también en Venezuela. Esa es la principal tarea
en la que podríamos colaborar los españoles en ese país: ayudar a
reforzar el Estado de derecho. Aunque el PP de la Gürtel y la Púnica
¿qué va a enseñar?
Fue
el diario El país el que celebró el golpe de Estado contra Chávez en
2002 y fue el Presidente Aznar el que ordenó a nuestro Embajador a
reunirse con el Presidente golpista. Ayudemos a que no vuelva a ocurrir
nada de esto. Para ello, es esencial que los que no tienen otros
intereses que los del dinero, dejen a la justicia funcionar. Y que nadie
sea tan hipócrita para pedir en otros países lo que no pedimos para el
nuestro en España.
*/
Intelectual español, profesor de la Universidad Complutense de Madrid,
Doctor en Ciencias Políticas y fundador con Pablo Iglesias del partido
político PODEMOS.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/2190-analisis-
mentiras-sobre-lo-que-pasa-en-venezuela
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