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Alainet.org Al Día - 24/01/17 / Javier Suazo
Honduras es un país altamente corrupto. La historia
lo demuestra. La corrupción está ligada a lucha por el poder que genera
una creciente inestabilidad política que afecta la economía y sociedad
en su conjunto.
Después
del golpe de Estado, la corrupción aumentó a la par del endeudamiento
público. Más endeudamiento más corrupción. La población ha tenido que
soportar una exagerada carga de impuestos y privaciones para honrar la
corrupción y los corruptos.
El
sobreendeudamiento de la economía Hondureña que representa el 50% del
PIB, en parte es ilegitimo y odioso; hay que documentarlo y pedir su
anulación. Un caso emblemático es el saqueo de los fondos del IHSS donde
participaron dirigentes del partido de gobierno, empresarios y
funcionarios públicos; otro, el TRAN 450 en la capital de Honduras
convertida en un Ciudad Cárcel, sin ordenamiento urbano y violenta a
pesar de los millones gastados en seguridad.
Con
la llegada de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad
(MACCIH), sustituta por decreto de la Comisión Internacional contra la
Impunidad (CICIH) pedida por el pueblo indignado del saqueo, se pensó
que ello debería empezar a cambiar. Pero lo limitando de sus
competencias, al no poder perseguir el delito y llevar a los corruptos a
los tribunales y cárcel, presagia un fracaso anunciado.
El
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
visitó el país para avalar dos (2) logros atribuidos a la MACCIH: Ley de
Fiscalización de las Campañas Políticas, denominada Ley de “Manos
Limpias”, para ponerle techo a los gastos de los partidos políticos y
transparentar el origen y destino del financiamiento; el otro, conocer
el listado de jueces anticorrupción que apoyarán las acciones de los
nuevos juzgados en la materia. En realidad, a criterio del Abogado
Daniel Mena, son los mismos jueces y juzgados.
Las
organizaciones de sociedad civil que apoyan la llegada de la CICIH, son
del criterio que estas decisiones no se respetan, ya que el gobierno de
la República usa los fondos públicos y de la cooperación externa para
hacer campaña política en detrimento de los partidos de oposición, con
lo cual de entrada existe una ventaja (Briceño, 2016). En esta campaña
interna por cada 2 afiches de los candidatos de partidos de oposición
hay 10 de Juan Orlando Hernández. Estos fondos son difíciles de
controlar ya que cuentan con el aval de los OFIs, caso particular del
FMI y Banco Mundial. Un ejemplo son los fondos asignados al programa
“Vida Mejor” donde se encuentra el Bono Diez Mil, que se entrega a las
familias en situación de pobreza para que sus hijos e hijas asistan a
las escuelas y centros de salud.
Hay
muchas denuncias que las familias que reciben estos bonos tienen que
tener a mano la tarjeta de identidad y estar listas para votar por el
partido de gobierno en las elecciones internas y generales de 2017, caso
contrario no reciben el beneficio. Otros programas de compensación
social y generación de empleos espurios como Chamba Comunitaria
contratan a personas de las aldeas y municipios, pero también deben
estar listos (s) para votar. Este programa en 2017 ha sido fortalecido
con recursos para generar empleos que cubren entre 3 y 4 meses
(enero-marzo), con lo cual los beneficiados estarán laborando en plena
campaña política.
Hay
fondos que el gobierno no tiene por qué dar cuenta. Uno es la tasa de
seguridad, cuyos recursos deben ser destinados a equipar la policía y
financiar sus gastos operativos, pero una parte puede, no hay control
sobre estos fondos, destinarse a la campaña política. La MACCIH le
apuesta a que los narcotraficantes no financien las campañas políticas,
pero todavía no hay una garantía para que no se dé.
La
inauguración de una obra pública es una forma de campaña política a
favor del gobierno con recursos de todos los hondureños. Los miembros de
la MACCIH deben sugerir que antes de las elecciones internas, el
candidato del partido de gobierno, o sea el presidente de la Republica,
debe abstenerse de usar estos actos como mitin político, cuya práctica
afecta también al candidato opositor del partido a dicha pretensión, en
este caso, al Ing. Roberto Ramón Castillo que lidera el Movimiento
Nacional Callejista (MONARCA), que llevó al poder a tres presidentes del
Partido Nacional.
Otro
problema es la prensa mediática que, en su mayor parte, recibe
publicidad de Casa de Gobierno. Los miembros de la MACCIH deben
monitorear este gasto ya que, como se presagia, será mucho mayor para el
Partido de Gobierno y candidato oficial. Dirigentes de oposición como
Enrique Ortez Sequeira del Partido Liberal, han denunciado el control
del partido de gobierno sobre las empresas de transporte que, al
parecer, la mayoría tiene contrato con el gobierno hasta finales del
año.
Es importante
acompañar la Ley de Manos Limpias con acciones concretas. Una revisión
detallada de presupuesto de 2017, uso y destino de los fondos en estos
tres (3) meses, puede ayudar. Pero la MACIH conjuntamente con
organizaciones de sociedad civil debe monitorear el gasto de los
partidos por departamento y municipio. Caso contrario, la Ley de Manos
Limpias será papel mojado, sirviendo para legitimar una práctica
corrupta de antaño.
Hará
recordar a igual política en el gobierno de Silvio Berlusconi en Italia,
que al final se denominó política de manos sucias, ya que la corrupción
se profundizó.
http://www.alainet.org/es/articulo/183055
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