Escrito por Cesario Padilla | Diciembre 1 del 2016
Tegucigalpa (Conexihon).-
En tres palabras: Asesinatos, amenazas y criminalización, define la
realidad cotidiana que viven las defensoras y defensores de derechos
humanos en Honduras, de acuerdo a un informe presentado este jueves por
la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en conjunto con varias
organizaciones que trabajan el tema en el país.
Con
motivo de la realización del 158 periodo de sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la OMCT y las siguientes
organizaciones como: El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
en honduras (COFADEH), el Centro de Investigación y Promoción de
Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH) y el Centro Hondureño de
Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), presentaron el informe titulado “Los defensores y las defensoras; entre la espada y la pared”.
En
el mismo se establece una serie de declaraciones emitidas por el
Presidente Juan Orlando Hernández, en las que “de forma irresponsable”
ataca en medios de comunicación al trabajo que realizan las
organizaciones de derechos humanos vinculándolas con grupos pandilleros.
Lo
anterior suma a otros factores ejecutados por el actual gobierno como
la militarización del Estado, la falta de independencia de la
judicatura, la sistemática estigmatización de los defensores y
defensoras y las carencias en la institucionalidad del Estado en materia
de derechos humanos; lo que muestra “ausencia de voluntad” de parte de
las autoridades estatales por garantizar protección a defensores y
defensoras de derechos humanos, denuncian las organizaciones.
Desde
mayo de 2015 hasta la actualidad, 16 asesinatos contra defensores ha
documentado el observatorio, lo que evidencia “el agravamiento de la
situación”.
Asesinato de Berta Cáceres “punta del icberg” que refleja altísimos niveles de violencia contra defensores
En
la temática sobre la muerte violenta contra defensores y defensoras, el
informe plantea que el asesinato contra la lideresa del pueblo lenca,
Berta Cáceres, asesinada en marzo de este año “solo es la punta del
iceberg en un contexto de altísimos niveles de violencia contra las
personas defensoras en el país”.
Según
la organización Global Witness, Honduras ocupa el primer lugar en el
índice mundial de asesinatos de defensores ambientales, con 111 víctimas
entre los años 2002 al 2014.
Después
del asesinato contra Cáceres, han ocurrido una serie de acciones que no
benefician contra el equipo legal de ella y su familia, como el asalto a
la sede del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en
julio pasado y el robo del expediente del caso a la magistrada de la
Corte de Apelaciones de la capital hondureña en septiembre de este año.
Igualmente
el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras
(COPINH), luego del asesinato de Cáceres (quien era su coordinadora
hasta su asesinato) a pesar de que gozan de medidas cautelares otorgadas
por la Comisión Interamericana, también han sufrido de actos
intimidatorios contra su militancia y acompañantes internacionales que
acompañan, documentan y denuncian la situación del pueblo lenca que
mantiene una lucha contra las concesiones hidroeléctricas, una de ellas
es el proyecto “Agua Zarca”.
“Estas
acciones ocurren con el objetivo aparente de frenar sus legítimas
actividades resaltando los efectos negativos de la construcción de mega
proyectos en territorios lenca sobre el disfrute de los derechos humanos
por parte de las comunidades locales”, puntualiza el informe.
La represión a la protesta social aumentó en los últimos dos años
Preocupación
por el excesivo uso de la fuerza de parte de las fuerzas policiales y
militares, así como las represalias de tipo penal y administrativa,
ocupan un lugar en el informe de la OMCT y las organizaciones
hondureñas.
La mayoría de los casos
citados llevan a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH),
que desde 2014 ha desencadenado acciones de tipo penal y avalando
acciones represivas contra la protesta del sector estudiantil. En el
informe se documenta el caso de Ronmel Darío Morán, quien fuera
brutalmente reprimido durante una toma pacifica frente al campus
universitario y que posteriormente fuera acusado por los delitos de
sedición y manifestaciones ilícitas. Luego de un largo proceso, se vio
obligado a conciliar con la contraparte policial y pagó una suma
superior a los 15 mil lempiras por supuestos daños a un policía.
Para
fines de ese mismo año, seis estudiantes de la máxima casa de estudios
fueron expulsados por ejercer su derecho a la protesta contra la
creación de nuevas normas académicas que no contaban con la
participación del estudiantado.
Ya en
2015 comienzan las acciones penales a instancias de las autoridades de
la UNAH contra 26 jóvenes, de los cuales 22 han sido desestimados y tres
siguen en curso en los casos contra Cesario Padilla, Moisés Cáceres y
Sergio Ulloa. Para el presente año se registraron 75 procesos penales a
nivel nacional, Padilla, Cáceres y Ulloa nuevamente fueron procesados.
Lejos
de poner fin a estos ataques a los derechos a la libertad de expresión y
manifestación pacífica, las autoridades universitarias en conjunto con
el gobierno, parecen haber reforzado la campaña de desacreditación,
estigmatización y criminalización de las protestas así como de las
organizaciones de derechos humanos. Tal es el caso de un comunicado
emitido por la UNAH en donde las acusa de “protectoras del vandalismo”,
cuestiona el informe.
Urgen soluciones
“Hasta
que no se solucionen las causas estructurales que generan riesgo para
quienes defienden derechos, medidas en la buena dirección como la Ley de
Protección no serán eficaces”, puntualizaron las organizaciones que
respaldan el informe.
Es urgente
contar con un marco nacional más claro y protector que reconozca
plenamente los derechos humanos de sectores de la población hondureña
como el campesinado, los pueblos indígenas y el colectivo Lésbico, Gay,
Trans, Bisexual e Intersexual (LGTBI), resalta el informe.
“Esto
mejoraría el entorno de trabajo de los defensores y defensoras que
trabajan por estos derechos y aumentaría su legitimidad y su
visibilidad, especialmente en los contextos en los que prevalecen los
conflictos en torno a la tierra y los estereotipos hetero-patriarcales
respectivamente”, concluyen las organizaciones en el informe.
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/entre-la-espada-y-la-pared-panorama-de-defensores-y
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